Febrero asoma como un mes clave para el futuro de las tarifas de los servicios básicos en Río Negro. Mientras avanza una revisión extraordinaria del costo del servicio de agua potable y cloacas que presta la estatal Aguas Rionegrinas (ARSA), los usuarios de la provincia también quedan a las puertas de una definición de mayor alcance: cuánto pagarán por la electricidad durante los próximos cinco años, hasta 2031.
Aunque se trata de procesos distintos —con marcos regulatorios propios, números que responden a las contabilidades de cada prestataria y recorridos administrativos diferenciados—, ambos comparten un punto central: el impacto directo sobre el bolsillo de miles de hogares rionegrinos.
En esta nota, Literal repasa cómo se desarrollan las instancias de revisión tarifaria en el agua y la electricidad, cuáles son los pedidos formulados por las compañías y por qué, pese a tratarse de servicios esenciales, los mecanismos de participación ciudadana no son iguales.
El planteo de ARSA
Mediante la Resolución Nº 06/2026, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) habilitó el inicio de una revisión tarifaria extraordinaria a partir de un pedido formulado por las autoridades de ARSA.
Según lo expuesto por la empresa estatal, la actualización solicitada asciende a un 48,98%, cifra que responde al desfasaje inflacionario acumulado en los últimos años. No obstante, desde ARSA admitieron que, en términos operativos, un incremento del orden del 30% resultaría suficiente para sostener el funcionamiento y afrontar las obras de infraestructura previstas. El 18,98% restante podría ser reclamado en una instancia posterior.
De manera provisoria, el DPA resolvió autorizar a finales de enero un aumento del 14%, con una vigencia de apenas 50 días, mientras continúa el análisis técnico y administrativo de la revisión extraordinaria y se define cuál será el porcentaje final autorizado.
“Un usuario que paga bimestralmente unos $23 mil pasaría a abonar alrededor de $26.200, es decir, un incremento cercano a los $3 mil por bimestre, unos $1.500 mensuales”, explicó el gerente general de ARSA, Javier Iud, en declaraciones al programa Mañana de Noticias.
La oposición institucional: el rechazo de la Defensoría
La instancia tarifaria no se encuentra exenta de polémicas y derivó en un fuerte rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo de Río Negro. En un documento difundido esta semana, el organismo sostuvo que la solicitud presentada por la firma “no satisface los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia exigidos para un servicio público esencial”.
Desde la Defensoría remarcaron que cualquier actualización debe ajustarse a parámetros justos que garanticen el acceso al agua como derecho humano básico, y exhortaron al DPA a rechazar el planteo de ARSA al considerar que representa un “golpe al bolsillo” de los usuarios y carece de una justificación técnica suficiente.
Una instancia sin participación ciudadana
La revisión del servicio de agua potable y cloacas presenta una particularidad clave: no habilita la participación ciudadana a través de una audiencia pública. La razón principal es que no se trata de una actualización ordinaria —cuyo último antecedente data de 2018—, sino de un mecanismo extraordinario previsto en la normativa provincial.
El anclaje legal de este esquema se encuentra en la Ley Provincial J Nº 5292, sancionada durante el segundo mandato del gobernador Alberto Weretilneck e impulsada por el propio Ejecutivo. A través de esa norma, la Legislatura autorizó la implementación de un sistema de actualización automática de las tarifas de agua y cloacas, con el objetivo de agilizar los ajustes y evitar demoras administrativas.
Según la argumentación oficial, el régimen vigente hasta 2018 exigía una revisión integral por parte del DPA, que incluía la realización de una audiencia pública. Ese procedimiento, sostenía el Gobierno, implicaba plazos extensos de tramitación que terminaban “desfinanciando” a las empresas prestadoras del servicio.
Con el nuevo esquema, las subas pueden realizarse a partir de información pública sobre los costos indispensables. Aplicados a la estructura de cada concesionario, esos datos permiten construir un índice de ajuste específico, cuya variación depende del momento en que se efectúe la presentación. Si bien el procedimiento no contempla una consulta directa a los usuarios, sí exige la publicación de los pasos administrativos y de la documentación respaldatoria.
La ley otorga un margen amplio respecto de los ítems susceptibles de redeterminación tarifaria. Entre ellos se encuentran los costos de personal, los insumos, los combustibles y la energía eléctrica, entre otros factores que inciden de manera directa en la ecuación económica del servicio.
El fundamento oficial
Sobre esa base se apoya el planteo de Aguas Rionegrinas para solicitar los aumentos previstos para 2026. En particular, la empresa pone el foco en el impacto del costo energético, que representa aproximadamente un tercio de su estructura de costos financiada vía tarifas y que, según datos oficiales, pasó de $200 millones mensuales a cerca de $1.200 millones en el último período.
“Nosotros somos grandes usuarios de energía eléctrica. De los cerca de $23 mil que paga la gente, hay un componente muy importante que se explica por la energía”, señaló Iud, al fundamentar el pedido de recomposición.
El debate por las facturas del próximo lustro
A diferencia de lo que ocurre con el servicio de agua, el sector eléctrico transita procesos administrativos más complejos a la hora de solicitar aumentos tarifarios, en buena medida por tratarse de un rubro especialmente sensible para el bolsillo de los usuarios.
En ese contexto, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) convocó para el próximo viernes 27 de febrero a una nueva audiencia pública para debatir las tarifas de la principal distribuidora eléctrica de Río Negro, Edersa. Para dimensionar el alcance de la discusión, durante 2024 la empresa distribuyó 1.234 GWh a unos 255 mil usuarios en todo el territorio provincial.
A diferencia de la audiencia realizada hace casi un año —cuyo pedido de recomposición tarifaria fue rechazado formalmente hace apenas algunas semanas—, el proceso en curso corresponde a una revisión ordinaria, que definirá el esquema de aumentos para el período 2027–2031. Este procedimiento se encuentra reglado por la Ley J Nº 2.902, promulgada en 1995.
La normativa, concebida en un contexto económico muy distinto al actual, establece la fijación de cuadros tarifarios con una vigencia de cinco años. Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica de las últimas décadas derivó en la proliferación de instancias intermedias de actualización, que se aplicaron con creciente frecuencia en los últimos años.
Como principio general, la legislación rionegrina dispone que los cuadros que apliquen transportistas y distribuidoras deben garantizar una tasa de rentabilidad razonable, guardar relación con su grado de eficacia y resultar comparable, en promedio, con la de otras firmas a nivel nacional e internacional.
Asimismo, el marco legal contempla la realización de audiencias públicas para que los usuarios puedan expresar su opinión, aunque dichas instancias no tienen carácter vinculante. La decisión final queda siempre en manos del EPRE.
No obstante, el antecedente más reciente dejó en evidencia el peso de las definiciones políticas en este tipo de procesos: el año pasado, y en un contexto de fuerte rechazo social, fue el gobernador Alberto Weretilneck quien desestimó el pedido de Edersa. “No vamos a autorizar el aumento de la tarifa de luz en Río Negro”, sostuvo entonces a través de sus redes sociales.
La revisión actualmente en debate, sin embargo, tiene un alcance estructural: definirá las condiciones de viabilidad económica de la empresa para el próximo lustro. Por ese motivo, resta esperar cuál será finalmente el porcentaje de aumento que el Gobierno provincial estará dispuesto a convalidar.
El componente a actualizar
Para comprender el proceso en discusión es clave distinguir qué parte de la tarifa eléctrica es regulada a nivel provincial. El costo de la energía mayorista no lo define Río Negro: es fijado a nivel nacional por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y luego adquirido por Edersa para su abastecimiento en el mercado rionegrino.
La distribuidora es responsable del planeamiento, la inversión, la operación y el mantenimiento de la red de distribución, así como los denominados servicios de clientela: incorporación de nuevos usuarios, medición del consumo, facturación, cobranza y atención de reclamos.
En ese contexto, el proceso en curso no apunta a la actualización de la tarifa en su conjunto, sino de uno de sus componentes clave: el Valor Agregado de Distribución (VAD). Este concepto reúne los ingresos que percibe Edersa para cubrir los costos propios de la distribución eléctrica, incluyendo salarios, materiales, mantenimiento de la red y otros gastos operativos, además de una retribución por el capital invertido.
El esquema de Edersa: cuánto pide y por qué
Según un informe técnico elaborado por la consultora Quantum, con valores base de 2024 y actualizados a precios de septiembre de 2025, Edersa requerirá un VAD anual de $260.398 millones para el período 2027–2031. Ese nivel de ingresos representa un incremento estimado del 45,9% respecto de los valores vigentes.
En términos de tarifa media de la empresa, el informe señala que el costo pasaría de $210,32 por MWh a $306,86 por MWh, siempre a valores de septiembre de 2025.
Para trasladar este requerimiento de ingresos a los usuarios, la distribuidora propone la aplicación de un mecanismo automático de actualización del VAD, que permita ajustar periódicamente su componente y evitar que la inflación erosione sus ingresos. De ese modo, los aumentos de costos que la empresa sostiene no poder controlar —como salarios o insumos— se trasladarían de manera sistemática a las facturas.
Los cuestionamientos por los plazos
Con procesos distintos y reglas propias, el agua y la electricidad atraviesan definiciones que exceden lo estrictamente técnico. En ambos casos, las decisiones que se adopten en las próximas semanas no solo impactarán en las facturas, sino que también marcarán el modelo de financiamiento de los servicios públicos esenciales en Río Negro.
En ese contexto, las críticas desde distintos sectores de la oposición no tardaron en aparecer. Uno de los que alzó la voz fue el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos). El eje del cuestionamiento se centra, además de los montos solicitados, en los plazos acotados para analizar la solicitud de actualización.
“Quieren resolver en un mes lo que va a definir las tarifas de los próximos cinco años, sin tiempo, sin información y sin participación real”, cuestionó.
