El gobierno de Río Negro avanza con los cambios en el sistema de control de presentismo. Según informó la Provincia, en las próximas semanas comenzará la instalación de equipos con reconocimiento biométrico facial, que en una primera etapa abarcará exclusivamente a los hospitales públicos rionegrinos.
La implementación de estos dispositivos fue cuestionada por el gremio Asspur, que la interpretó como parte de un proceso gradual de privatización del sistema sanitario. Desde el sindicato adelantaron que varios afiliados buscarán desistir del empadronamiento y reclamaron que este tipo de controles se aplique con la misma rigurosidad en otras áreas del Estado, especialmente sobre la planta política.
En qué consiste
«Que los datos biométricos los pongan los funcionarios, que deben rendir cuentas de la millonada que están pagando a empresas para hacer el trabajo que debería hacer el Estado», afirmó a Literal la secretaria de Prensa y Difusión de Asspur, Belén Carrillo.
La dirigente cuestionó con dureza la adquisición del nuevo sistema que contó con un presupuesto oficial de 1.215.494.306,51 pesos. Tal como informó este medio, la contratación bajo modalidad directa se concretó en diciembre a través del Ministerio de Modernización y la empresa Altec.
Según consta en el portal de Compras de Río Negro, el destino de estos equipos era alcanzar a los 36 hospitales públicos y los 190 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en distintas localidades. No obstante, la documentación oficial deja abierta la posibilidad de que el sistema pueda extenderse a otros organismos de la administración pública.
En concreto, el esquema contempla la instalación de tótems en los centros de mayor complejidad. En los CAPS, en tanto, se utilizará una aplicación móvil mediante la cual los trabajadores registrarán su ingreso y egreso. La herramienta incorporará datos de geolocalización para verificar que el fichaje se realice desde el lugar de trabajo.
De acuerdo con lo informado, ya se puso en marcha un proceso de empadronamiento que alcanzará a unos 8.000 agentes del sistema sanitario. Sin embargo, entre los afiliados de Asspur existe consenso para resistir, al menos de manera transitoria, el proceso de registro hasta contar con mayores precisiones sobre la implementación.
Críticas por las prioridades
Para el gremio, las prioridades del Gobierno están desordenadas. En ese sentido, cuestionan el avance de esta decisión mientras persisten problemas vinculados a la liquidación salarial.
«No puede ser que un trabajador tenga reconocimiento facial para fichar, pero no tenga certeza sobre cómo se liquida su propio salario. Ese es el nivel de prioridades que tiene el Gobierno», sostuvo Carrillo. La dirigente mencionó, entre otros puntos, inconvenientes relacionados con el pago de retroactivos por recategorizaciones automáticas y con la liquidación de adicionales para trabajadores comprendidos en la Ley 1904.
«Cuando aparecen nuevas formas de liquidación sin información clara, lo único que se genera es incertidumbre entre los trabajadores de los hospitales. Cada dos meses se liquida algo mal. Cada vez que se modifica un esquema salarial sin explicaciones, aumentan las dudas, las interpretaciones distintas y la desconfianza. Yo invitaría a preguntarle a cualquier trabajador de la salud si entiende su recibo de sueldo«, afirmó.
Parte de un proceso
Desde el Gobierno se indicó que uno de los objetivos de la modernización es corregir irregularidades en la declaración de horas extras detectadas en algunos hospitales públicos. Pese a ello, desde Asspur interpretan la iniciativa como parte de un proceso de tercerización de funciones que históricamente estuvieron bajo control estatal.
«Hay un patrón que se viene repitiendo. Cada vez más funciones que históricamente cumplía el Estado hoy se entregan a empresas privadas. Se habla del reconocimiento facial para evitar irregularidades con las horas trabajadas, pero eso también refleja una falta de capacidad de control. Ya no hablamos solamente de un sistema de reconocimiento facial, hablamos de auditorías médicas tercerizadas, de control de ausentismo tercerizado y ahora también de datos biométricos administrados por una empresa. Ahí vemos una decisión política que nos preocupa, porque se reemplazan capacidades propias del Estado por servicios contratados en lugar de fortalecer los equipos técnicos», planteó Carrillo.
«En lugar de invertir en recursos humanos y sistemas propios, se contratan empresas para controlar a los trabajadores. Es un modelo que no fortalece al Estado, sino que lo vuelve dependiente. Por eso decimos que nosotros siempre ponemos la cara, pero este tipo de mecanismos también deberían aplicarse en otras áreas del Estado», concluyó la referente sindical.
UPCN también apunta hacia el control facial
Por su parte, desde UPCN también cuestionaron la implementación del sistema biométrico facial, cuya prueba piloto se desarrolla en el hospital de San Antonio Oeste. «El problema no es el control del presentismo, el problema son las prioridades«, señalaron, en línea con los planteos realizados por el sindicato de salud.
La organización que conduce Juan Carlos Scalesi aseguró que los trabajadores no tienen objeciones a los mecanismos de control, pero cuestionó la decisión de destinar recursos a esta iniciativa en medio de reclamos salariales y problemas de infraestructura hospitalaria. «¿Por qué el Gobierno pone tanta energía, tiempo y recursos en controlar, pero no presta la misma atención a los salarios? ¿Por qué no invierte este dinero en tecnología que mejore la atención de los pacientes?«, plantearon. Como ejemplo, mencionaron la falta de funcionamiento del tomógrafo del hospital Artémides Zatti desde hace dos meses.
Además, consideraron que la medida refleja una «falta de sensibilidad» frente a la situación de los trabajadores y las necesidades del sistema sanitario. «La tecnología del Estado tiene que estar puesta para que los hospitales funcionen y para mejorar la calidad de vida de quienes sostienen el sistema, no para armar un Gran Hermano que solo busca disciplinar y ajustar«, afirmaron.
Finalmente, exigieron que se suspenda la implementación del nuevo esquema y reclamaron que los recursos destinados al control de presentismo sean orientados a mejoras salariales y equipamiento.
