Hablar de conexiones aéreas remite, inevitablemente, a postales típicas de países con escasos recursos: cables cruzando las calles, enmarañados en columnas y árboles, replicándose en cada esquina. A la contaminación visual se le suma la peligrosidad latente, una amenaza muchas veces ignorada hasta que alguna tragedia llega a primera plana. Pero no hace falta viajar cientos de kilómetros para toparse con una realidad similar, a veces solo hace falta salir a la calle y levantar la mirada.
En Río Negro, el cableado aéreo domina el paisaje urbano, sin regulación específica que ordene su despliegue. Los casos de tendido subterráneo son escasos y, por lo general, limitados a sectores céntricos de algunas ciudades. Ante este panorama, una legisladora del PRO presentó esta semana un proyecto de ley en la Legislatura para exigir a las empresas prestadoras de servicios que avancen en un plan gradual de soterramiento.
Cómo es el plan para colocar los cables bajo tierra en Río Negro
La iniciativa de la barilochense Martina Lacour busca establecer un régimen obligatorio, progresivo y planificado para el soterramiento de las redes de distribución aérea de electricidad, telecomunicaciones y otros servicios en el territorio de la provincia. La iniciativa alcanza a las empresas distribuidoras de energía, prestadoras de telecomunicaciones, internet, televisión por cable y otras que actualmente utilicen infraestructura aérea.
“El proyecto se fundamenta en consideraciones de seguridad pública, protección ambiental, calidad de vida urbana y eficiencia del servicio, y se enmarca en una tendencia internacional hacia la modernización y resiliencia de las infraestructuras urbanas”, explicó Lacour en su argumentación.
La propuesta fija un mínimo anual de soterramiento obligatorio equivalente al 5% de la longitud de la red aérea de cada prestataria, con el objetivo de que, en un plazo de aproximadamente 20 años, la totalidad de las redes se encuentren bajo tierra.
Además, se establece que, a partir de la sanción de la ley, toda nueva instalación o extensión de redes deberá realizarse exclusivamente por vía subterránea, sin excepciones.
Para la legisladora, esta propuesta acerca importantes beneficios, como la eliminación de riesgos (por cables colgantes, sueltos o caídos por tormentas, nevadas o árboles), la reducción del robo de cables, la mejora de la calidad y continuidad del servicio, el ahorro a mediano y largo plazo para las empresas, la disminución de la contaminación visual y la mejora la estética del entorno urbano.
Hasta el momento, se trata de la única iniciativa de este estilo que ingresó a la Legislatura.
¿Quién lo paga?
El proyecto estipula que los costos del soterramiento deberán ser asumidos íntegramente por las empresas. En este punto, Lacour resaltó que el valor de una instalación subterránea puede cuadruplicar al de una aérea, pero sostuvo que “son las prestatarias quienes deben asumir la mitigación de los efectos negativos derivados de su modelo de distribución”.
“Elaboré el proyecto teniendo en cuenta que fuera realizable. No se trata de una hipótesis o un sueño inalcanzable, sino de algo posible, factible y necesario”, expresó la legisladora en diálogo con Literal.
Con el objetivo de evitar que las compañías trasladen los inversiones a los usuarios, Lacour propuso modificaciones al artículo 41 de la Ley J Nº 2902 de “Marco Regulatorio Eléctrico”, que legisla el mecanismo de solicitud de aumentos tarifarios ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
La modificación establece que “los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, que se ajustarán a los siguientes principios: proveerán a quienes operen de manera económica y prudente la oportunidad de obtener ingresos suficientes para cubrir los costos razonables del servicio y una tasa de retorno determinada (…), y, sujetas al cumplimiento de los requisitos anteriores, asegurarán el mínimo costo razonable para los usuarios, compatible con la seguridad del abastecimiento”.
Este último punto busca impedir que el cumplimiento de la normativa se traduzca en un incremento desmedido en las tarifas para los usuarios.
Los cables colgantes en Río Negro
En Bariloche, lugar de residencia de Lacour, parte del tendido eléctrico ya se encuentra soterrado. Según datos de la distribuidora local CEB, hay unos 90 kilómetros de líneas de media tensión y otros 300 de baja tensión instalados bajo tierra, por donde circulan a diario vecinos y turistas. Este año, la cooperativa prevé soterrar nuevas manzanas como parte de su plan de mejoras.
En la mayoría de las ciudades de Río Negro, el tendido subterráneo de cables eléctricos o de fibra óptica está restringido a áreas puntuales, mayormente céntricas. En Roca, por ejemplo, algunas conexiones de telecomunicaciones atraviesan el suelo de la tradicional avenida Roca. A esto se suma a obras municipales más recientes, como las instalaciones subterráneas ejecutadas durante la renovación del paseo del Canalito.
Sin embargo, no todas las zonas corren con la misma suerte. Para ilustrar esta situación, tomamos como referencia el recorrido desde nuestras oficinas sobre la calle Tucumán, en pleno centro de la ciudad. En apenas unas pocas cuadras, es evidente la presencia de cables colgando y cruzando de lado a lado sobre la calle:
La visión de un urbanista
El arquitecto, urbanista y docente de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), José Luis Basualdo, analizó la iniciativa legislativa impulsada por el PRO para el soterramiento del cableado y marcó una serie de discrepancias. Afirmó que la propuesta debería contemplar un sinfín de “matices” propios de la realidad urbana de las ciudades rionegrinas. Además, advirtió que, si se pretende avanzar hacia un horizonte con redes completamente bajo el suelo, habría que considerar modificaciones al marco normativo propuesto.
“En términos de prestaciones técnicas, una conexión aérea y una subterránea son iguales. Pero estas últimas incrementan el costo de expansión de las redes: pueden costar entre tres y media y hasta cuatro veces más por cuadra. Es decir, una infraestructura de mayor calidad puede hacer que el lote urbanizado, la unidad urbanizada, sea más cara”, explicó en diálogo con este medio.
En ese sentido, además del encarecimiento de los terrenos, Basualdo advirtió que un aumento en el nivel de exigencias técnicas podría excluir a sectores en expansión, que no tienen la capacidad para cumplir con estos nuevos requisitos.
“Si cada vez que hago un loteo llamo a Edersa, y Edersa hace subterráneo pero no recupera esa inversión por parte del desarrollador, significa que esa plata va a terminar siendo pagada por todos los usuarios. Y eso, como mínimo, me parece injusto”, cuestionó, en referencia a un posible encarecimiento de las tarifas derivado de un plan de soterramiento generalizado.
Las realidades a considerar
Basualdo remarcó que la aplicación de este tipo de obras debe considerar las condiciones del terreno y el grado de desarrollo de las ciudades: “Hay muy buenas intenciones, pero me parece que hay lugares en los que sí o sí vamos a tener que seguir con cableado aéreo. Un caso típico es cuando se urbanizan las bardas. O qué hacemos con los loteos que se están autorizando sobre la costa de los ríos, donde la napa está a 40 o 50 cm”, se preguntó.
“Una cosa es hacer algo subterráneo en una zona consolidada, donde la calle y la vereda están perfectamente delimitadas. Pero andá a hacer algo subterráneo en barrios populares, donde las calles ni siquiera están trazadas, donde directamente no existen las veredas. En Roca, por ejemplo, la mayoría de las calles no tiene vereda”, agregó.
Qué propone
El urbanista consideró que la discusión debería comenzar con la elaboración de un plan maestro de reconversión: “Lo que se debería hacer es pedir un plan maestro. Que Edersa identifique qué lugares son factibles y cuáles no, porque no en todas partes necesitamos soterramientos. En los centros puede ser, pero hay zonas donde el cableado aéreo puede seguir funcionando perfectamente. Primero hay que delimitar cuáles son las zonas de oportunidad”, sostuvo.
Además, propuso que se incorporen instrumentos de cofinanciación, de modo que los costos no recaigan exclusivamente en los usuarios de las redes. “Si no va acompañado con algún esquema de cofinanciamiento con los frentistas, va a terminar siendo cubierto por la totalidad de los usuarios. Y eso significa que, de ahora en adelante, una parte de tu factura no será por consumo, sino por inversiones asociadas a la red subterránea”, concluyó.
¿Está preparada Río Negro para enterrar sus redes, o el debate recién comienza?
