Bariloche sorprendió días atrás con la convocatoria a un referéndum popular —aún poco delineado—, que propone a la ciudadanía debatir sobre diez distintos temas. En una nota anterior de Literal repasamos los antecedentes de este tipo de mecanismos al interior de los municipios. Ahora, retomamos el caso de la única consulta popular realizada en toda la provincia de Río Negro desde el regreso de la democracia en 1983.
Qué llevó a la consulta popular de 1995 en Río Negro
El artículo 181 de la Constitución de Río Negro, que determina las facultades del gobernador, habilita al Poder Ejecutivo a convocar «a elecciones, consultas, referéndum o revocatorias populares, sin que por ningún motivo pueda diferirlas». Podría decirse que el principio de la participación ciudadana en la toma de decisiones se desprende también del artículo 2, que establece que el «poder emana del pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituidas, con excepción de los casos del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares«.
En ese marco legal —fijado con la reforma constitucional de 1988—, los rionegrinos acudieron a las urnas el 19 de marzo de 1995 para participar de un hecho inédito en la historia provincial: la primera –y hasta ahora única– consulta popular vinculante. La votación fue convocada por el gobernador Horacio Massaccesi (UCR), por aquel entonces aspirante a la presidencia, y tenía por objetivo definir el destino de Invap, el DPA, Energía Río Negro Sociedad del Estado (ERSE), la caja de previsión social y los ferrocarriles rionegrinos.
Un artículo de Franco Emiliano Gutiérrez, docente de Historia en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), repasa las implicancias de este proceso y problematiza la dinámica entre la participación ciudadana y el sistema político en la provincia. Entre sus líneas, sostiene que, lejos de tratarse de un simple acto de democracia directa, el contexto político y económico de la época sugiere que esta consulta fue también un instrumento al servicio de una coyuntura crítica para el gobierno radical.
El voto por el «no»
En aquellos años, Río Negro atravesaba una severa crisis fiscal y financiera. La provincia, gobernada por el radicalismo desde 1983, sufría las consecuencias del ajuste estructural impulsado por la administración de Carlos Menem —al menos esa fue la explicación del oficialismo de entonces—. A partir de los Pactos Fiscales de 1992 y 1993, la Nación había transferido funciones a las provincias —como salud y educación— sin garantizar los fondos necesarios, generando un ahogo económico que se tradujo en retrasos salariales, endeudamiento y una conflictividad social generalizada.
A mediados de 1994, la situación alcanzó un punto crítico. En ese contexto, el Frente Estatal Rionegrino, conformado por varios gremios estatales, canalizó el malestar hacia el gobierno provincial con medidas de fuerza y ocupaciones de edificios públicos. En medio de esa tensión, la administración rionegrina intentó deslindar responsabilidades y apeló al mecanismo de la consulta popular, con una consigna clara que buscaba polarizar el conflicto en la dicotomía Nación versus Provincia.
El lema gubernamental decía “No al despojo” por parte del gobierno central, y llamaba a votar por el “no” a la cierre o privatización de empresas estratégicas .
Sin embargo, la forma en que se convocó la consulta generó controversia, en buena parte porque no existía una reglamentación clara sobre la aplicación de este tipo de mecanismos. Originalmente no era obligatoria ni vinculante, pero a menos de una semana de publicada la convocatoria, el Gobierno modificó el decreto para otorgarle ese carácter. El cambio fue aprobado en la Legislatura, pese a las objeciones de la Justicia.
¿Defensa provincial o campaña electoral?
La consulta se realizó apenas dos meses antes de las elecciones generales del 14 de mayo, en las que Massaccesi fue candidato a presidente y su partido buscaba retener la gobernación de Río Negro.
“El caso de la consulta popular de 1995 en Río Negro permite avanzar en algunas posibles interpretaciones. La celeridad y la forma en que se llevó a cabo la consulta popular parecen responder más a los intentos de recuperar la iniciativa política por parte de un gobierno condicionado por la crisis rionegrina, las protestas sociales y las elecciones generales de 1995, que a la voluntad de convocar a la ciudadanía para que participe activamente en la decisión de conservar para el Estado las empresas que formaban parte del patrimonio de las y los rionegrinos”, señala Gutiérrez en su ensayo.
El objetivo desvirtuado
El contexto electoral sembró dudas sobre la verdadera intención de la convocatoria. Si bien el gobierno la presentó como una defensa del patrimonio provincial frente a las presiones impulsadas desde Nación, distintos sectores interpretaron la iniciativa como una estrategia para reforzar la imagen del oficialismo y capitalizar el malestar social contra el menemismo. En otras palabras, una herramienta de participación ciudadana puesta al servicio de una campaña política.
“Con todo, la única consulta en los 40 años de democracia rionegrina se convirtió en un recurso político del gobierno de Horacio Massaccesi en el marco de la campaña y las elecciones nacionales de 1995. Como candidato presidencial, el recurso de la consulta le permitió tener la iniciativa política en un momento electoral y orientar la dinámica de la campaña. En Río Negro, buena parte de la dirigencia política y sindical provincial se vio forzada, de algún modo, a formar parte de la discusión que se generó a partir de la convocatoria. No hay que olvidar tampoco que la provincia estaba en medio de una profunda crisis, por lo que la activación del MDD sirvió además como estrategia para morigerar la tendencia deslegitimadora en torno a la figura del gobernador-candidato. Con este accionar, se podría pensar que el gobierno desvirtuó el sentido del mecanismo, quitó centralidad a los temas concretos de la consulta y tendió a plebiscitar el traje de candidato presidencial más que el de un proyecto político alternativo al nacional”, agregó.
Un ratificación de poder para el radicalismo
Los resultados fueron contundentes. El 62% de los votantes rionegrinos se volcaron por el «no», mientras que solo el 10% lo hizo por el “sí” y el 23% votó en blanco. Estos números fueron interpretados por el oficialismo como una ratificación de poder, dado que el propio gobierno había llamado explícitamente a rechazar las privatizaciones.
De hecho, Gutiérrez menciona que Pablo Verani, candidato a gobernador en aquel entonces, capitalizó políticamente los resultados e instaló un discurso centrado en el ajuste de las cuentas provinciales. “No solo hay dirigentes sindicales, sino también políticos que fueron derrotados en el plebiscito. Ellos pueden proclamar un triunfo con el paro, pero el verdadero triunfo en las urnas lo conseguimos nosotros”, aseguraba el exmandatario radical a mediados de los 90′.
A 15 años del último intento de consulta popular en Río Negro
A nivel institucional, la consulta de 1995 dejó en evidencia un vacío normativo. No existía una legislación clara sobre cómo llevar adelante estos mecanismos de participación ciudadana, a pesar de que estaban contemplados en la Constitución.
La ley de consultas populares (Ley Provincial O Nº 3688) recién fue sancionada en 2002 y su reglamentación llegó ocho años después, a través de un decreto del 2010. El último mandatario radical, Miguel Saiz, intentó en aquel momento hacer un nuevo llamado para reformar la Constitución, con el fin de habilitar un tercer mandato consecutivo en el cargo de gobernador.
La consulta popular estaba prevista para el 27 de junio, exactamente 15 años después de la anterior. Sin embargo, la Justicia Electoral rechazó la iniciativa, y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó ese fallo. Finalmente, la administración radical resolvió suspender definitivamente la convocatoria.
