La firma de los convenios de compensación por la desactualización de los índices de coparticipación fue presentada ayer por el Gobierno rionegrino como un “acto de federalismo”. Sin embargo, detrás de esa definición, la propia administración reconoce que se trata de una respuesta parcial, “la mejor posible”, frente a una discusión de fondo en la que persisten posiciones marcadamente diferentes sobre cómo deberían distribuirse los recursos provenientes de los impuestos coparticipables.
A la espera de una aprobación mayoritaria en la Legislatura, la administración de Alberto Weretilneck da por cerrada, al menos por ahora, esta instancia de la discusión y deja abierta la posibilidad de que los indicadores y los tiempos políticos permitan retomar el debate más adelante. Esta postura no condice, en nada, con la postura de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, que llevó el debate al terreno electoral y anticipó que impulsará una reforma de la Ley de Coparticipación en caso de llegar a la Gobernación.
Sin modificaciones, por lo pronto
En ese escenario de tensiones, el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, descartó que la Provincia vaya a reabrir la discusión en el corto o mediano plazo y señaló que, para avanzar, sería necesario contar con una referencia poblacional que genere mayor consenso. En ese sentido, apuntó al próximo censo como el indicador más fiable para medir el crecimiento real de las ciudades.
“Hoy el censo 2022, varios intendentes han expresado que no les da confianza, entienden que no refleja la realidad poblacional de su localidad. A título personal, soy una persona que cree que, más allá de la propuesta de medir el porcentaje de población con otras herramientas —como el padrón, medidores de luz, medidores de gas o matrícula estudiantil—, la única herramienta diseñada para medir población de manera directa, homogénea y, digamos, de una manera certera es el censo”, sostuvo el funcionario en diálogo con Literal.
Ríos planteó que, de cara a la próximo registro censal, debería fortalecerse el acompañamiento de los gobiernos locales para mejorar la confianza en los resultados. Pero por el momento, la falta de consenso sobre el último relevamiento constituye el principal obstáculos para avanzar con una reforma de la ley:
“Es prácticamente imposible en el corto plazo. Veremos cuando se haga el nuevo censo, o si, antes de ese evento, los intendentes —en alguna reunión o algún planteo más regional— nos dicen que estarían abiertos a trabajar con el censo 2022, ahí se podrá retomar la cuestión. Pero hoy es muy difícil”, sostuvo.
El intento de reforma
El primer intento por abrir este debate, a comienzos de este año, terminó fracasando por el impacto que la actualización de los índices tendría sobre las comunas que habían registrado un menor crecimiento en los útlimos años. La fórmula propuesta entonces era la misma que rige actualmente —un 40% en función de la población, otro 40% según la recaudación y un 20% en partes iguales entre los municipios—, pero con una actualización de los datos de base. Para el componente poblacional se proponía reemplazar el censo de 1991 por el de 2022, mientras que para el componente de recaudación se tomarían los últimos tres años (2022-2024).
“Cuando llevamos adelante esta conversación, todos los intendentes estaban de acuerdo en que, por responsabilidad institucional, teníamos que actualizar los datos, pero había cierto descontento con el resultado. Obviamente, muchos intendentes con menor crecimiento nos plantearon la necesidad de tener una compensación. Y en su momento diseñamos una alternativa para compensar a quienes perdían recursos, para no poner en riesgo la gobernabilidad de nadie”, explicó el funcionario.
Finalmente, ninguna de esas propuestas prosperó. No solo quedó sin efecto la actualización de los índices, sino que el criterio de compensación terminó modificándose: en lugar de alcanzar a los municipios que perderían fondos con el nuevo cálculo, se aplicó sobre aquellos que resultarían beneficiados por una actualización.
“Utilicemos este ejercicio, que es el único método objetivo y el que tenemos sobre la mesa; compensémoslos con la diferencia que surja con los municipios. Por eso surgen 14 y no todos, pues son los 14 que incrementaron su situación económica porque su índice se elevó. Compensemos transitoriamente hasta tanto se dé la nueva ley de coparticipación, que genere la posibilidad de que todos, en algún sentido, queden más conformes con las fórmulas y las variables, y que ningún municipio entienda que pierde recursos con la utilización de datos que no le resultan confiables”, agregó.
Cómo se distribuyeron los fondos
La compensación se calculó tomando como referencia la liquidación de coparticipación de 2025 y aplicando sobre esos montos los índices actualizados. La diferencia entre lo que cada municipio recibió y lo que habría percibido con el nuevo esquema determinó el monto final a transferir.
“Para llegar al monto, vamos con la liquidación del año 2025 de toda la coparticipación que percibió un municipio y le aplicamos el nuevo índice a la liquidación del año. Entonces, ¿qué pasa? Que si un municipio con un índice del 1% obtuvo 100 millones de pesos, le aplicamos el 1,20 para ver, en esa masa coparticipable, cuánto dinero hubiese tenido. Como le surgen 120 millones, la diferencia que estamos cerrando hoy en la compensación son los 20 millones”, detalló el ministro.
El resultado generó diferencias significativas entre los municipios valletanos. Cipolletti, por ejemplo, recibirá unos $319 millones adicionales por mes, equivalentes a poco más de $3.800 millones anuales, mientras que Fernández Oro sumará unos $149 millones mensuales, alrededor de $1.796 millones al año. En cambio, Roca tendrá una compensación de unos $50 millones por mes, equivalente a unos $608 millones anuales.
No obstante, estas cifras no quedarán congeladas, sino que tendrán una actualización semestral en función de la variación de la recaudación del IVA y de Ingresos Brutos.
El descontento de algunas intendentes
El cálculo de la Provincia generó un “gusto a poco” entre varias intendencias. Fue el caso de Roca, pero también de Catriel, donde la intendenta Daniela Salzotto calificó a Rodrigo Buteler como el “hijo favorito”. Incluso dentro del propio oficialismo surgieron reparos; como el caso del jefe comunal de Fernández Oro, Gustavo Amati, que planteó la necesidad de proyectar mayores recursos para su municipio, que registró el mayor crecimiento poblacional de la provincia en los últimos 15 años.
Frente a las críticas, Ríos rechazó que exista algún criterio discrecional en la definición arbitraria en la distribución de los fondos. “Acá no hay ninguna cuestión que tenga que ver con un diseño discrecional ni amiguismo, como por ahí se escuchó, o favoritismo que resuelve algún intendente. Nosotros tenemos todos los datos objetivos y utilizamos la misma fórmula que se utilizó en su momento”, afirmó.
En cuanto a las distintas propuestas elaboradas por los equipos técnicos de los gobiernos locales, el ministro sostuvo que todas son atendibles, pero remarcó que la Provincia debe definir un esquema que contemple el conjunto de las localidades. “Nosotros gobernamos para todos, para los 39 y no para uno. No desconocemos los planteos, pero nunca vamos a dejar contentos a todos, porque nos plantean posicionamientos particulares o regionales, pero nosotros tenemos que mirar la provincia entera. Y ahí es donde está el desafío”, señaló.
La propuesta de Roca
En ese sentido, Ríos se refirió específicamente a las sugerencias del Ejecutivo roquense, basadas en aumentar del 40% al 60% el peso del componente poblacional y/o modificar el criterio utilizado para distribuir los recursos en función de la recaudación. Según el funcionario provincial, ambas alternativas también generarían nuevas tensiones con otros municipios.
“Si yo continúo con el planteo que hizo la intendenta de Roca, María Emilia Soria, de aumentar al 60% el componente de población, me estoy contradiciendo y estoy generando más conflicto con el resto de los municipios. Porque justamente me plantearon que el censo no acompaña la realidad poblacional de cada municipio. Entonces, subirle el porcentaje de población implica ir contra las posiciones que han planteado cada uno de los jefes comunales, que fue, en su mayoría, que el censo no reflejaba la realidad poblacional”, explicó.
El caso Bariloche
Una discusión similar aparece en el componente vinculado a la recaudación. Ríos utilizó el caso de Bariloche para señalar que el domicilio fiscal de una empresa no necesariamente coincide con el lugar donde desarrolla su actividad económica. Según argumentó, esa situación puede generar diferencias entre la localidad que concentra la actividad y aquel en el que la empresa tributa.
“Hay muchas empresas que, por ejemplo, tienen su domicilio fiscal en una localidad, pero prestan y desarrollan actividades en otra. Pero siempre beneficia al municipio donde tiene el domicilio fiscal. Y nosotros tenemos los datos y benefician a los cuatro municipios más grandes. Entonces, siempre hay como un sistema imperfecto en algún sentido. Porque te pasa con Bariloche, por ejemplo, que tiene empresas importantes que tienen domicilio en Buenos Aires, como McDonald’s, Aerolíneas Argentinas, Musimundo, y que tienen una actividad económica enorme, y todo eso no impacta en Bariloche”, sostuvo.
El tratamiento legislativo
El tratamiento en la Legislatura comenzó este martes en comisiones, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto en la sesión del jueves.
Desde el oficialismo se muestran optimistas respecto de un respaldo mayoritario a los convenios y remarcan que su ratificación no implica una modificación ni una actualización de la ley de coparticipación, sino la mera aprobación del acuerdo alcanzado entre la Gobernación y las intendencias. “Entiendo que no habría motivo como para oponerse a un acuerdo entre partes y ratificar ese acuerdo para que, a partir de la promulgación de la eventual ley, se puedan estar haciendo los pagos”, sostuvo Ríos.
Aunque el esquema compensador podría haberse instrumentado sin pasar por el cuerpo legislativo, la administración provincial optó por buscar su ratificación para darle respaldo a la iniciativa, aportar mayor seguridad jurídica al mecanismo de pago y evitar posteriores trámites administrativos.
