El gobernador Alberto Weretilneck retomó la discusión sobre la actualización de los índices de coparticipación municipal y prometió avances concretos a partir de febrero. Sin embargo, no se trata de un debate nuevo ni de un anuncio inédito para el mandatario provincial, que ya había formulado una promesa de revisión a comienzos de 2025.
La discusión de fondo es histórica. La actual ley de redistribución de impuestos tuvo su última reforma en 2003 y, desde entonces, los coeficientes de reparto se mantuvieron prácticamente sin cambios, pese a las transformaciones demográficas reflejadas en los censos de 2010 y 2022. Pero, más allá de las propuestas del Ejecutivo y de algunas modificaciones “quirúrgicas” introducidas, surge el interrogante acerca de cuáles fueron las iniciativas que acompañaron este reclamo de larga data.
La reactivación
Dina Huapi, el último municipio reconocido y uno de los que más creció en términos poblacionales, fue el escenario elegido por Weretilneck para volver a colocar el debate en la agenda pública.
El planteo del mandatario respondió a un criterio de necesidad, con el objetivo de adecuar la distribución de los recursos a una realidad demográfica cada vez más demandante para las localidades. En esa línea, equipos técnicos del Ministerio de Hacienda ya se encuentran trabajando en la elaboración de un nuevo esquema, aunque el propio Weretilneck dejó entrever la complejidad del asunto:
“Con el nuevo Censo, hay municipios que percibirían menos y hay municipios que percibirían más. El punto es cómo atenuamos el impacto sobre los que van a percibir menos”, expresó en diálogo con la prensa.
Las alternativas para morigerar el impacto en los ingresos de los gobiernos locales serán puestas a consideración de los intendentes durante febrero, en un encuentro que podría no ser del todo armonioso. De hecho, algunos jefes comunales consultados por Literal evitaron pronunciarse, mientras que otros optaron por aguardar mayores definiciones.
Consciente de la sensibilidad que implica el debate sobre los recursos, Weretilneck resolvió no comprometer una fecha concreta para la remisión formal del proyecto de ley a la Legislatura y dejó los plazos abiertos para el comienzo del año legislativo.
Esta postura contrasta con la adoptada el año pasado, cuando durante la apertura de sesiones ordinarias había prometido iniciar la discusión en abril, algo que finalmente no se concretó.
“Muchos de los intendentes plantean la aplicación del nuevo censo. Si una ley de coparticipación dice que los índices deben surgir, en parte, de la cantidad de habitantes, nosotros, en aras de un Estado previsible, de la seguridad jurídica y del aspecto institucional, tenemos que aplicar los nuevos índices”, había señalado el mandatario en aquel discurso del 1ero de marzo.
Actualmente, y según lo informado por el Ministerio de Hacienda a este medio, los índices vigentes tienen como base el Censo de 1991, por lo que cualquier modificación podría implicar cambios significativos en la distribución de recursos para algunas ciudades. Entre ellas, Fernández Oro, que prácticamente duplicó su cantidad de habitantes en la última década, Dina Huapi y El Bolsón.
Los proyectos que sí avanzaron y los que no
La última modificación de la ley de coparticipación municipal ocurrió a fines de 2003, con la aprobación de la Ley Provincial Nº 3786, que se integró a la histórica Ley Nº 1946 de 1985, que regula la distribución de regalías e impuestos coparticipables en la provincia.
Sin embargo, a lo largo de estos más de 20 años surge un interrogante central: ¿Qué otras propuestas vinculadas a la coparticipación ingresaron por mesa de entradas del Poder Legislativo, sobre qué ejes se estructuraron y cuáles lograron finalmente convertirse en ley?
Durante los gobiernos de Juntos Somos Río Negro, la Ley 1946 fue objeto de modificaciones puntuales y de carácter “quirúrgico”. La última actualización se produjo en diciembre de 2023, con la modificación del artículo 3, referido a la distribución de regalías —otro de los ejes sensibles del debate—, que pasó a destinar un 10% a favor de los municipios. Previamente, en 2016, se había introducido un cambio vinculado al Fondo de Asistencia Territorial, que surge de la retención del 2% de los fondos coparticipables y está destinado a las comisiones de fomento y a los municipios de la Región Sur.
Para encontrar un proyecto de mayor alcance impulsado desde la oposición es necesario remontarse a 2014. En ese año, la entonces Alianza Concertación para el Desarrollo (UCR) presentó una iniciativa que no llegó a obtener tratamiento legislativo.
En ella se planteaba una modificación del esquema de regalías, elevando lo distribuido a los municipios a un 26,5% del total de las regalías percibidas por la provincia. Actualmente, el 35% de ese total se reparte de acuerdo con el volumen de extracción entre los nueve municipios considerados petroleros (Catriel, Allen, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cervantes, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Roca), pero este proyecto introducía una particularidad: proponía incorporar a otras localidades para percibir un 10% restante. Entre las mencionadas, aparecen: Mainqué, Huergo, Godoy, Regina y Chichinales.
El caso de Mainqué resulta paradigmático hasta el día de hoy, ya que es uno de los municipios que logró delimitar sus ejidos colindantes y figura como pendiente en la agenda del gobernador Weretilneck para ser contemplado dentro del esquema de distribución.
Los cambios durante la última etapa radical
Más allá del debate sobre las regalías, la última modificación parcial del sistema de coparticipación tuvo lugar en 2009, con la incorporación de Dina Huapi como municipio número 39. En ese contexto, la provincia aprobó un nuevo listado de índices de coparticipación que incluyó a la flamante municipalidad.
Para ello, se realizó un trabajo técnico que tomó como referencia el último semestre de coparticipación bruta de impuestos y regalías —descontadas las regalías correspondientes a los nueve municipios productores— liquidado durante el año anterior. A partir de ese ejercicio se calculó la participación de cada municipio sobre el total semestral coparticipado, concluyéndose que Dina Huapi presentaba características similares a las del municipio de Maquinchao, que según el Censo 2001 contaba con una población de 2.195 habitantes.
En función de ese análisis, se resolvió descontar a todos los municipios el índice correspondiente a Maquinchao, fijado en 0,719%, y asignar a Dina Huapi un índice del 0,717%.
Un año antes, en 2008, la Legislatura había aprobado la creación del actual sistema de distribución automática, sobre la base de un acuerdo provincial alcanzado en 2004. A partir de entonces, los gobiernos locales pasaron de un esquema de liquidación quincenal a uno mensual y comenzaron a realizarse transferencias diarias de montos fijos a cuenta de la liquidación final.
