Los prestadores privados de salud abrieron una nueva instancia ante el Gobierno nacional para buscar una salida a la crisis que mantienen con el PAMI. Luego de los planteos realizados ante la conducción del instituto y el Ministerio de Salud de la Nación, las principales cámaras del sector solicitaron ahora una audiencia urgente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El pedido fue presentado por ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y Salud Federal, con el respaldo de más de 30 asociaciones y federaciones de clínicas de distintas provincias. La meta es plantear directamente ante la Jefatura de Gabinete la situación económica y financiera de los establecimientos y analizar alternativas que permitan sostener las prestaciones y la capacidad instalada.
La presentación nacional encuentra a Río Negro y Neuquén atravesando desde hace meses un conflicto con características similares. En abril, clínicas y sanatorios de ambas provincias, junto con establecimientos de Chubut y La Pampa, advirtieron que solo estaban en condiciones de garantizar urgencias y emergencias ante la desactualización de los aranceles y las demoras en los pagos del PAMI.
Esa situación volvió a escalar en agosto. En el norte de la Patagonia los prestadores dispusieron una suspensión total de la atención durante 24 horas y señalaron entonces que, desde diciembre de 2023, los aranceles perdieron un 75% de su valor real frente a la inflación. Según los números difundidos por las clínicas, los precios habían aumentado 341% mientras que los valores reconocidos por PAMI se actualizaron 143%.
Un reclamo que llegó a la Jefatura de Gabinete
La presentación ante Santilli amplía el nivel institucional del reclamo. Las cámaras nacionales sostienen que los establecimientos que trabajan con PAMI enfrentan atrasos en los valores retributivos, dificultades financieras y problemas operativos.
En la nota enviada al jefe de Gabinete cuantificaron en 131,96 puntos porcentuales la brecha entre la evolución de los modelos retributivos y el Índice de Precios al Consumidor. También plantearon dificultades para afrontar los salarios de los equipos de salud y mencionaron la continuidad del cierre de clínicas.
Las entidades incorporaron además datos para dimensionar la participación de los privados dentro del sistema sanitario nacional: señalaron que concentran aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación del país —1.543 instituciones— y el 56% de las camas disponibles, unas 121.198.
El alcance de la crisis, según las cámaras, no se limita a las prestaciones que reciben los afiliados. “El sector privado de salud cuenta con más de 330.000 empleos formales directos”, señalaron, y agregaron que alrededor de las clínicas y sanatorios funciona además una extensa red de profesionales, trabajadores, proveedores, servicios e insumos.
Las entidades también pusieron el foco en las consecuencias que podría tener un mayor deterioro de los prestadores privados sobre el resto del sistema sanitario. En el comunicado advirtieron que la crisis puede generar “una mayor presión asistencial sobre el sistema público” y plantearon que preservar la capacidad instalada resulta central para evitar que los problemas económicos de las instituciones terminen afectando la atención de millones de personas.
El conflicto en Río Negro
En la región, la discusión por los valores de las prestaciones tuvo consecuencias concretas durante todo el año. Las clínicas habían anunciado en febrero un corte de servicios que finalmente fue levantado después de que PAMI transfiriera pagos adeudados. En abril volvieron las restricciones y en agosto llegó la suspensión de la atención durante una jornada.
La crisis coincidió además con cambios en la conducción provincial del organismo. En agosto se confirmó la salida de Nicolás Petrini de la Unidad de Gestión Local de Río Negro, apenas siete meses después de su llegada, y la designación de Horacio Llamazares, hasta entonces coordinador del Departamento Médico. Fue el cuarto cambio de conducción del PAMI rionegrino desde el inicio de la gestión nacional en diciembre de 2023.
En ese momento, prestadores de la región ya advertían sobre restricciones en guardias, derivaciones y cirugías programadas. El universo alcanzado por el conflicto comprende unos 300.000 afiliados del PAMI distribuidos entre Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa.
PAMI y una reforma tributaria, en la misma agenda
La audiencia solicitada a Santilli no se limita al conflicto con la obra social de los jubilados. Las cámaras también pretenden llevar a la Jefatura de Gabinete los avances de las conversaciones mantenidas en la Cámara de Diputados por una reforma tributaria destinada a los prestadores privados de salud.
Durante septiembre, representantes del sector llevaron ese planteo al Congreso. Las entidades vinculan ambos reclamos —la situación de los prestadores del PAMI y las condiciones tributarias— con las dificultades económicas que atraviesan clínicas y sanatorios y solicitaron al Gobierno nacional un abordaje integral.
