El bloque Cambia Río Negro presentó un proyecto de ley que busca volver “más atractiva” la reinserción laboral de agentes desvinculados del sector público rionegrino en el mercado privado. En concreto, la iniciativa propone adecuar la normativa provincial a los lineamientos del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), contemplado en la última reforma laboral. En esta nota, los detalles.
La adecuación normativa
El RIFL está contemplado en el Capítulo XX de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero por el Congreso Nacional. Según argumentan los legisladores, el esquema busca “revertir las estadísticas críticas en materia de informalidad, a través de incentivos para la formalización y promoción del empleo registrado”.
El régimen tendrá una vigencia de un año, contado desde el primer día del segundo mes inmediato posterior a la entrada en vigencia de la ley.
La iniciativa propone una reducción de las contribuciones patronales durante 48 meses para quienes generen nuevo empleo formal y contraten personas que no hayan tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025; hayan estado desempleadas en los últimos seis meses; sean monotributistas; o cuyo último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De forma complementaria, se propicia una reducción de las contribuciones a cargo del empleador sobre el empleo ya registrado, al establecer la baja de la contribución obligatoria al Régimen Nacional del Seguro de Salud al 5 % y racionalizar las alícuotas destinadas a los subsistemas de seguridad social: un 17,40 % para empleadores del sector servicios o comercio de mayor escala y un 15 % para el resto de los empleadores privados.
Con la propuesta de Cambia Río Negro, se busca adecuar el régimen provincial de desvinculación de agentes públicos a los lineamientos de esta nueva ley nacional, con el objetivo de favorecer la transición de los exagentes públicos al mercado privado.
“De esta manera, la presente iniciativa es una herramienta estratégica que promueve armonizar los beneficios de la normativa nacional con el régimen de incentivos para la reconversión laboral del sector público al privado que establece la Ley N° 3135, modificada por la Ley N° 5717, asegurando que los contribuyentes de nuestra provincia puedan acumular beneficios provinciales y nacionales sin que existan zonas grises interpretativas”, sostienen los legisladores Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich.
Exenciones para quienes emprendan y contraten
En concreto, la propuesta contempla una modificación del artículo 28 del Capítulo IV de la Ley provincial N° 3.135, con el objetivo de “hacer más atractiva la desvinculación y favorecer la reinserción laboral en el sector privado”.
En este sentido, los autores proponen la creación de una exención tributaria para los agentes desvinculados que inicien una actividad económica con posterioridad a su salida del Estado, para quienes continúen una actividad que ya desarrollaban durante su relación de empleo público y beneficios fiscales parciales para contribuyentes que contraten agentes desvinculados.
Los agentes que, con posterioridad a su desvinculación, registren un alta tributaria unipersonal en alguna actividad económica en la provincia gozarán de una exención del 100 % en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante el primer año y de un 50 % por los 12 meses siguientes. En el caso de quienes ya registren una actividad económica, la exención será del 50 % durante el primer año y del 25 % por otro periodo igual.
Por otra parte, las personas humanas o jurídicas que contraten, bajo relación de dependencia, a agentes desvinculados dentro del año posterior a su salida podrán acceder a un crédito fiscal provincial equivalente al 50 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo trabajador incorporado. El beneficio podrá aplicarse sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, Automotor o Inmobiliario durante un año o hasta la extinción de la relación laboral, lo que ocurra primero.
A esos incentivos se sumarían los beneficios de reducción de contribuciones patronales contemplados en la Ley N° 27.802 y en el Decreto N° 315/2026.
