El Colegio de Abogados General Roca rechazó las designaciones por decreto de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de la Nación, asegurando que la decisión del presidente Javier Milei se basó en “una herramienta de dudosa legalidad”.
“Deja un manto de sospechas innecesarias y contrarias al orden democrático y republicano”, afirmó la entidad sobre el procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo Nacional.
En esa línea, desde el Colegio hicieron “un llamado a la reflexión sobre lo sucedido” porque “este tipo de decisiones requiere de la más estricta cautela y seriedad, así como de un respeto absoluto por los principios fundamentales de nuestra Nación”.
Un proceso de legitimidad
“El delicado equilibrio que existe entre los poderes constituidos jamás debe ser alterarse si es que pretendemos un Estado que garantice la estabilidad y el adecuado funcionamiento de los mecanismos establecidos por la Constitución Nacional”, expresaron las autoridades de la entidad.
El comunicado también sostiene que “la designación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia de la Nación requiere de un proceso de legitimidad que las autoridades no deben soslayar, especialmente tratándose del máximo órgano del Poder Judicial y del intérprete último de la Constitución Nacional”.
“Los mecanismos de selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación requieren un procedimiento que incluye el acuerdo del Senado de la Nación con mayorías calificadas”, resaltaron.
Sin mujeres en la Corte
La conducción del Colegio de Abogados, encabezada por Carlos Gadano y Andrea Suárez, expresó también que “decisiones de este tipo afectan gravemente la independencia y transparencia del Poder Judicial y deslegitima a quienes fueron designados para integrar unos de los Poderes del Estado Nacional y cuya función es la correcta interpretación normativa dentro del sistema constitucional, la toma de decisiones jurídicamente justas y la protección de los derechos y del orden institucional”.
La vicepresidenta de la entidad dialogó hoy con el programa Mañana de Noticias y abordó otro aspecto sobre el tema, centrado en la falta de designación de magistradas.
Sobre ese aspecto, desde el Colegio entienden que el escenario actual “vulnera el principio de igualdad de género en el acceso a cargos públicos y en los espacios de toma de decisiones, lo que torna ilegítimas las designaciones al incumplir con obligaciones constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos”.
El contexto de la decisión de Milei
Hay que recordar que el Gobierno nacional oficializó la designación de Lijo y García Mansilla como jueces “en comisión” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El objetivo planteado oficialmente sobre la designación fue el de “normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.
La Constitución establece que para designar a un juez de la Corte el Poder Ejecutivo debe elegir a un postulante y luego el Senado debe aprobarlo por mayoría de dos tercios para convertirlo en magistrado.
Los nombramientos tienen vigencia hasta que finalice el próximo periodo de sesiones ordinarias que finalizará el 30 de noviembre. Asimismo, el Gobierno anunció que insistirá con los pliegos de los candidatos para realizar el procedimiento regular que prevé la Constitución, con acuerdo del Senado.
Escuchá la entrevista con Andrea Suárez en Mañana de Noticias
