Un proyecto de ley del PRO propone modificar el Estatuto del Personal Docente de Río Negro para establecer nuevos criterios de prioridad en el ingreso a la docencia. La iniciativa incorpora un esquema de puntajes que favorece a quienes acrediten residencia y formación en la provincia.
Cuáles son los fundamentos
Los legisladores Juan Martín y María Laura Frei, autores del proyecto, proponen una escala de puntaje que supera los modelos de estratificación temporal y establece un sistema de valoración anual acumulable. “La tabla propuesta garantiza previsibilidad, dado que el docente sabe que su compromiso con la provincia se traduce en un crecimiento constante y equitativo de su puntaje, eliminando las injusticias que generan los saltos tras largos períodos de espera”, aseguran.
De acuerdo con el texto, se fijan criterios “objetivos y razonables de prioridad” a través del reconocimiento de la residencia efectiva y la antigüedad docente como factores diferenciales.
En su fundamentación, los parlamentarios explican que los criterios de ingreso a la docencia rionegrina fueron pensados en otro momento histórico, cuando la disponibilidad de personal calificado no estaba asegurada y la necesidad de recurrir a docentes foráneos era prioritaria. “Río Negro —como muchas provincias de la Patagonia— sostuvo su crecimiento educativo gracias al compromiso de docentes provenientes de otras jurisdicciones, que contribuyeron a construir un sistema educativo donde antes no lo había, en una provincia joven, extensa y en proceso de consolidación institucional”, sintetiza el escrito.
Sin embargo, con el fortalecimiento de los institutos de formación docente y de otras instituciones públicas y privadas, el plantel de profesionales locales se incrementó. Aun así, persisten en la actualidad dificultades para acceder a cargos en las escuelas, ya que el sistema continúa ponderando a aspirantes de otras jurisdicciones.
“Año tras año se reciben decenas y cientos de nuevos profesionales, capacitados, comprometidos y enraizados con las realidades locales, que no encuentran oportunidades de ingreso debido a un sistema que no reconoce el arraigo, la residencia ni la formación en el territorio como valores prioritarios”, señala.
Para Martín y Frei, la provincia permanece en deuda con las nuevas generaciones de profesionales formados en el territorio, mientras mantiene una actitud paradójica: fomenta su formación, pero no termina de brindarles espacio para el desarrollo de su carrera.
“El principal obstáculo son los mayores puntajes, por trayectorias construidas en otros sistemas, de aspirantes provenientes de otras jurisdicciones, quienes acceden en primer término a cargos locales”, precisa el proyecto.
Como respuesta, se busca aplicar mecanismos que valoren la residencia efectiva y la formación local, al igual que hoy existe en otras áreas consideradas estratégicas, como son los proyectos energéticos. “Es una forma de fortalecer la identidad educativa provincial, consolidar el arraigo de nuestros docentes comprometidos con su comunidad y garantizar una mayor continuidad pedagógica en las escuelas. Porque reconocer y dar prioridad a quienes eligen Río Negro no es un acto discriminatorio, sino de justicia territorial, máxime considerando que en ningún momento se habla de exclusividad”, asevera.
Los puntos claves
La iniciativa contempla, en concreto, la modificación del artículo 12 de la Ley L Nº 391, mediante la incorporación de dos incisos a los requisitos ya vigentes.
Por un lado, se establece como condición acreditar un mínimo de tres años de residencia efectiva, comprobable e ininterrumpida en la provincia de Río Negro, para quienes no sean nativos.
Por otro, con el objetivo de fortalecer el arraigo y la permanencia territorial, se dispone que quienes acrediten dicha residencia recibirán un puntaje adicional por antigüedad en el ejercicio de la docencia dentro del sistema educativo provincial.
La tabla propuesta parte de una base de cuatro puntos por residencia efectiva, lo que asegura que los egresados de los Institutos de Formación Docente Continua cuenten con una prioridad real desde su primer acto de designación. Asimismo, se fija un tope máximo de 25 puntos, calculado para que el ítem “Arraigo” resulte determinante en el orden de mérito, pero en armonía con la valoración de los títulos de grado y posgrado.
La escala es la siguiente:
- Entre 6 y 12 meses: adicional acumulable de 4 puntos (base por residencia). Puntaje total por arraigo: 4 puntos.
- De 1 a 5 años: adicional acumulable de 0,50 puntos por año. Puntaje total por arraigo: hasta 6,50 puntos.
- De 6 a 10 años: adicional acumulable de 1 punto por año. Puntaje total por arraigo: hasta 11,50 puntos.
- De 11 a 15 años: adicional acumulable de 1,50 puntos por año. Puntaje total por arraigo: hasta 19 puntos.
- Más de 16 años: adicional acumulable de 2 puntos por año. Puntaje total por arraigo: tope máximo de 25 puntos.
Beneficio para zonas rurales e inhóspitas
Además, se contempla que el puntaje resultante de esta escala de arraigo se incremente en un 50% cuando el establecimiento solicitado por el aspirante esté ubicado en zona rural, y en un 100% cuando se trate de zonas inhóspitas.
“Entendemos que el arraigo no es un concepto estático, sino una construcción cotidiana que se fortalece en el ejercicio mismo de la docencia. En esa línea, el proyecto introduce un incentivo mayor para quienes trabajen en zonas inhóspitas. A diferencia del esquema vigente, que compensa estas condiciones únicamente desde lo salarial, la propuesta suma capital de carrera: permite acumular puntaje y reconocer ese esfuerzo en la trayectoria profesional”, señala el escrito.
Y agrega: “Mientras el plus salarial atiende el mayor costo de vida, el puntaje adicional por arraigo rural reconoce la permanencia y el compromiso con la comunidad. Así, se busca desalentar el ‘turismo docente’ —cuando la ruralidad se elige solo por un beneficio económico transitorio— y promover, en cambio, un vínculo sostenido a largo plazo con el territorio”.
Antecedentes penales
Por otra parte, la iniciativa también apunta a reforzar las condiciones de seguridad en el ámbito escolar. En ese contexto, incorpora como requisito la presentación del Certificado de Antecedentes Penales (CAP), emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
La medida corrige una asimetría normativa histórica al extender la exigencia de idoneidad moral no solo al personal docente, sino también al Personal de Servicio de Apoyo (PSA), que comparte a diario con los estudiantes.
