El caso por presuntas amenazas en una escuela secundaria de Cipolletti reactivó, casi de inmediato, la memoria de lo ocurrido días atrás en un establecimiento de Santa Fe, donde un adolescente ingresó armado y abrió fuego contra sus compañeros, causando la muerte de uno de ellos. Estos episodios, de alto impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación, no pueden leerse como hechos aislados.
Por el contrario, se inscriben en un proceso más amplio y complejo que atraviesa a las comunidades educativas, donde las formas de violencia y las dinámicas de acoso escolar configuran un entramado que muchas veces permanece invisibilizado hasta que estalla en situaciones extremas.
En ese contexto, resulta pertinente preguntarse no solo cómo intervienen los organismos responsables ante estos episodios, sino también qué tipo de aportes hace la política —en esta caso la dirigencia local— para fortalecer las herramientas de prevención, detección temprana y abordaje integral de la conflictividad escolar.
Con qué herramienta se cuenta
Las amenazas en las escuelas rionegrinas no son algo inédito. Sin ir más lejos, en junio del año pasado se registró un hecho en Roca que, aunque distinto —porque no se trató de la amenaza de un alumno en particular—, implicó la intervención del Ministerio de Educación. En aquella oportunidad, todo se originó a partir de un mensaje que circuló a través de WhatsApp y que daba cuenta de una presunta disputa entre jóvenes del colegio: ”No sé si vos o tu curso se enteraron, pero dijeron que mañana iba a haber un tiroteo a la tarde. Al menos eso dijeron hasta ahora”.
En ese momento, desde Educación explicaron que existe una guía federal de orientaciones que establece los pasos a seguir ante conflictos escolares complejos y que se ha convertido en el principal decálogo acabado para abordar estas situaciones en las escuelas. ”Este marco de referencia nos permite actuar frente a distintas irrupciones vinculadas con la convivencia escolar. Cuando los responsables son identificados y se trata de estudiantes, la escuela cuenta con herramientas para abordar el conflicto”, señaló por entonces Silvia Arza, actual secretaria de Educación.
El documento, sin embargo, se elaboró durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2014, en un contexto social diferente y con escenarios locales muy dispares entre sí. Esta situación ha derivado en que docentes y otros actores formulen críticas por su escasa utilidad frente a escenarios actuales de violencia escolar. Por ese motivo, uno de los grandes pedidos de las comunidades escolares es una reedición de los lineamientos de actuación.
Cómo es el abordaje
El protocolo actual, según cita su texto, no puede ser solo una orientación frente a hechos consumados, sino que también propone modos de intervención institucional recuperados de diferentes experiencias del país. Por tanto, ”la Guía debe entenderse como un conjunto de sugerencias básicas que cada institución podrá profundizar de acuerdo con el contexto en que se halle inserta”.
Al respecto, propone un esquema de intervención antes, durante y después de los hechos de violencia en los establecimientos. En el plano preventivo, asigna a las personas adultas un rol decisivo para evitar una escalada de los conflictos y su posible agravamiento. En ese sentido, sostiene que ”la negación del conflicto es tan perjudicial como su no resolución”.
”El problema no es solo de algunos. Es necesario abordarlo colectivamente para transformarlo en una instancia de aprendizaje. Se deben proponer espacios de diálogo entre las partes, generar acuerdos y compromisos, y dejar siempre un registro por escrito de todo el proceso, que luego será tratado en el consejo de convivencia”, precisaron desde el gobierno rionegrino.
El enfoque no contempla una penalización punitiva, sino un abordaje pedagógico y comprensivo. ”No tenemos como eje la suspensión, porque si sacamos al estudiante de la escuela, no resolvemos el conflicto. Tomamos el hecho como un punto de partida para trabajar en la construcción de ciudadanía y propiciar una reflexión profunda”, explicaron.
¿Qué se propone?
Más allá de las críticas y de la existencia de una guía que —en apariencia— se muestra algo desactualizada, vale preguntarse: ¿se están pensando hoy propuestas acordes al contexto escolar actual y con anclaje territorial?
En el plano legislativo, la respuesta parece ser limitada. Las iniciativas impulsadas por la política, encargada de diseñar y gestionar las herramientas legales, son escasas y el tema no logra instalarse como una prioridad en la agenda de la dirigencia rionegrina.
De hecho, en los últimos dos años y medio apenas se registran tres proyectos vinculados a la violencia escolar. El primero es el proyecto de Ley Nº 1353/2025, impulsado por el legislador libertario César Domínguez. Su propuesta obliga a las autoridades educativas a realizar una denuncia inmediata ante casos de acoso escolar, ya sea que hayan sido advertidos por padres, tutores o responsables legales, o detectados dentro del propio ámbito escolar.
La iniciativa introduce, además, un esquema de responsabilidad legal orientado a evitar “la inacción que muchas veces deja a la víctima en estado de vulnerabilidad”. En esa línea, contempla el traslado urgente del estudiante afectado —si así lo solicitan sus familias— y obliga al Ministerio de Educación a garantizar el cambio de institución en un plazo máximo de diez días hábiles, eliminando trabas burocráticas. Asimismo, incorpora un mecanismo contravencional específico para abordar estas situaciones.
En ese marco, el proyecto prevé sanciones también para aquellos padres que desoigan las notificaciones sobre la comisión de actos de violencia contra su hijo. En esos casos se establece una multa de 30 JUS y la obligación de asistir personalmente a instancias formativas. Estos espacios deberán abordar contenidos vinculados a derechos de niños, niñas y adolescentes, convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.
Un seguridad en las escuelas
Por su parte, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) propuso la contratación de empresas de seguridad habilitadas, con personal entrenado en situaciones de conflicto, desarme, intervención sin uso de fuerza letal y coordinación con la Policía, para asegurar el cuidado del personal que trabaja diariamente en las escuelas públicas. El objetivo es brindar a los agentes estatales un resguardo ante el aumento de hechos de violencia en el ámbito educativo.
Delgado Sempé puso el foco en que se trata de una “política de cuidado, no de represión”. Al respecto, agrega: “La figura del agente de seguridad no armado, pero con atribuciones claras y con la posibilidad de actuar en casos de urgencia, puede marcar una diferencia en la protección del personal educativo”.
Este mecanismo de prevención implica una presencia activa que disuada actos violentos y permita una primera respuesta adecuada.
Asimismo, contempla un esquema de sanciones contravencionales para las personas mayores de edad que incurran en actos de agresión física, amenazas, hostigamiento o cualquier otra forma de violencia contra trabajadores de la educación que no constituyan delito penal. Se prevén multas de hasta 100 jus, arresto de hasta 30 días y trabajo comunitario de hasta 120 horas.
Un cambio de paradigma
En diciembre, el PRO también presentó un proyecto para crear un “régimen integral de prevención, sanción, asistencia y reparación frente a situaciones de acoso escolar y ciberacoso”. Su eje central es el reconocimiento de la responsabilidad parental como un “deber público y social”. En esa línea, la iniciativa busca que los padres o madres asuman un rol activo en la formación de valores como el respeto, los límites y la empatía, y prevé sanciones únicamente en casos de negligencia o incumplimiento deliberado de los deberes de cuidado, una vez agotadas las instancias de intervención escolar.
Los autores, María Laura Frei y Juan Martín, sostienen que el enfoque vigente en la política educativa provincial —basado en la noción de “conflicto entre pares”— resulta insuficiente frente a la complejidad actual. En contraposición, plantean que las situaciones de acoso y violencia escolar deben ser entendidas como vulneraciones de derechos humanos fundamentales, en tanto afectan la dignidad de las personas y los objetivos formativos del sistema educativo.
A partir de ese diagnóstico, se propone un cambio de paradigma: pasar de una lógica centrada en la “recuperación de vínculos” a otra orientada a la “intervención en habilidades socioemocionales específicas”. Esto se traduce en la implementación de programas obligatorios y sostenidos, destinados a enseñar técnicas de resolución de conflictos, promover la ciudadanía digital y prevenir el ciberacoso, así como fortalecer la empatía y la regulación emocional como competencias transversales.
De este modo, la propuesta busca superar un enfoque exclusivamente sancionatorio y avanzar hacia una arquitectura institucional más coordinada, que combine prevención, intervención y herramientas coercitivas frente a la inacción. En ese marco, introduce una perspectiva restaurativa de las sanciones, donde las medidas —como multas, trabajos comunitarios o talleres de parentalidad— adquieren un sentido pedagógico y reparador, más que meramente punitivo.
Entre las sanciones previstas, se incluyen multas para los responsables de los estudiantes que oscilan entre 25 y 50 veces el valor mínimo de una sesión individual de psicoterapia, según la tarifa vigente del Colegio de Psicólogos de Río Negro, graduadas de acuerdo con la gravedad del hecho y la reincidencia. También contempla la realización de trabajo comunitario de hasta 30 días en instituciones educativas o sociales, y la obligatoriedad de asistir a talleres de parentalidad, mediación escolar o incluso terapia familiar en casos graves o reiterados.
La introducción de la educación emocional
Más recientemente, el PRO volvió a insistir con su propuesta de incorporar al diseño curricular del sistema educativo público una asignatura específica de “Educación emocional”, de carácter obligatorio en los niveles inicial, primario y secundario.
El enfoque parte de considerar a la educación emocional como “una dimensión constitutiva del proceso educativo”, al reconocer que la enseñanza y el aprendizaje no se resumen en lo cognitivo, sino que involucran el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes.
Según detalla la iniciativa, “el proyecto no propone un abordaje individualizante ni terapéutico de las emociones, sino que entiende que estas adquieren sentido en el marco de relaciones concretas y en contextos institucionales específicos”. La propuesta, sin embargo, ha recibido cuestionamientos por parte del Ministerio de Educación.
Para Martín y los legisladores que acompañan la iniciativa, la incorporación de esta perspectiva en las currículas permitiría abordar de manera más eficaz problemáticas como la violencia, los consumos problemáticos, la salud mental, el acoso escolar y el debilitamiento del entramado familiar. Sostienen que favorecería el desarrollo de habilidades para un manejo asertivo de las emociones, así como la capacidad de diálogo, el cuidado mutuo y la resolución constructiva de conflictos.
Todos estos proyectos, al igual que otros presentados en períodos legislativos previos, carecieron de avances concretos en la Legislatura. Más que un dato aislado, esto expone la dificultad de transformar el diagnóstico en políticas concretas frente a problemáticas que sigue creciendo en las aulas.
