El intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), elevó finalmente al Concejo Deliberante el proyecto de emergencia económica, financiera y fiscal. Durante las últimas dos semanas, los rumores sobre la iniciativa habían tomado fuerza y derivado en importantes movilizaciones. La presentación de la norma confirma ahora la delicada situación de las arcas municipales, panorama que hasta hace poco era negado por el Ejecutivo.
La justificación
En los considerandos, Román argumentó un “desfasaje” en las tasas municipales, ya que no tuvieron aumentos entre 2023 y 2024 y solo se aplicó una suba del 24% en 2025. Al mismo tiempo, señaló que los salarios municipales crecieron un 199% en 2024 y un 59% en lo que va de 2025. A esto se suma la existencia de una deuda de 3.000 millones de pesos por parte de contribuyentes morosos.
Pese a su pertenencia liberal, el jefe comunal reconoció además el impacto de la reducción de los recursos coparticipables nacionales. “Para la provincia, este recorte se traduce en pérdidas de varios miles de millones de pesos, con consecuencias directas sobre las finanzas municipales, que dependen en gran medida de dichos fondos. La combinación de esta disminución de recursos, la retracción de la actividad económica y la reducción de transferencias discrecionales desde Nación profundiza el desfinanciamiento local”, expresó en el documento.
Las facultades solicitadas
La declaración de emergencia tendrá vigencia por seis meses, con posibilidad de prórroga por igual período, y busca dotar al Ejecutivo de herramientas excepcionales para afrontar la crisis. Entre ellas, se prevé la contención del gasto público y la eliminación de erogaciones “suntuarias o innecesarias”.
El artículo 4 del proyecto establece, entre otros puntos:
- Contener el gasto de la administración pública.
- Mejorar la gestión de ingresos y cobranzas.
- Rescindir, prorrogar y/o renegociar contratos de obra, servicios, suministros, concesiones y auditorías.
- Verificar el estado de las concesiones otorgadas.
- Generar una política de recaudación más eficiente.
- Revisar las ordenanzas fiscal y tarifaria.
- Suspender exenciones de tasas, subsidios, subvenciones y contribuciones no reintegrables.
Asimismo, se dispone restringir las erogaciones mensuales, congelar las vacantes en la planta de personal y limitar el pago de horas extras, que solo podrán autorizarse de manera expresa por el intendente. El Ejecutivo quedará facultado para renegociar precios y cánones con proveedores, reducir porcentajes de contratos vigentes y establecer moratorias o planes de pago para recuperar deuda de contribuyentes.
Por último, el proyecto faculta al Ejecutivo a adoptar otras medidas adicionales, sin especificar cuáles, siempre que estén destinadas a garantizar el equilibrio fiscal del municipio.
El proyecto, pese a ingresar al Legislativo local, ni siquiera fue mencionado en la sesión de este martes. Por lo pronto, se espera que el tratamiento en comisiones sea álgido.
Los números que llegaron al Concejo
En el encuentro de la semana pasada, los concejales de la oposición se habían negado a emitir opinión respecto a la declaración. Alegaron que la falta de certezas sobre el contenido del proyecto de emergencia atentaba contra la seriedad del trabajo legislativo.
No obstante, y ante la presencia de los gremios estatales, resolvieron exponer datos aportados por el Tribunal de Cuentas. El balance reveló que entre los ingresos totales de la municipalidad y los gastos de personal existe una diferencia cercana a los 18 millones de pesos, una cifra que, según remarcaron algunos ediles, imposibilita garantizar un funcionamiento eficiente del Estado. Y ni hablar de la ejecución de obras.
En concreto, los datos indican que los ingresos totales hasta junio ascendieron a $1.387.045.697,43. Se evidencia que $510 millones provinieron de la coparticipación provincial, otros $404.790 millones de la coparticipación nacional y $477.040.906,54 de recursos propios, como el cobro de tasas municipales.
En contrapartida, el 98,73 % de los recursos se destinaron al pago de sueldos. En junio, el gasto de personal fue de $1.369.423.513,14. Si se considera el medio aguinaldo, la situación se vuelve más preocupante: el total comprometido para los agentes llegó a $2.025.057.962.
En cuanto a la deuda con proveedores, la cifra ascendería a $2.926.146.996,14. Sobre este punto, Román negó posteriormente la existencia de tal monto.
Movilizaciones y el temor de los sindicatos
“No lo vamos a permitir”, advierten desde hace días los gremios estatales frente a la declaración de emergencia económica. La consigna se transformó en el eje de las últimas movilizaciones que recorrieron las calles de la ciudad.
El personal municipal teme por las posibles consecuencias de la medida, sobre todo por los recortes en los haberes o el pago de sueldos en cuotas. En ese contexto, recordaron episodios de gestiones anteriores en los que —aseguran— atravesaron momentos de seria dificultad.
Allen, además de la experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19, tiene un antecedente directo en los primeros años de este milenio.
Entre 2003 y 2004, bajo la gestión de Carlos Sánchez, la comuna declaró la emergencia económica, financiera y administrativa. Aquella decisión generó un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. La tensión escaló cuando se supo que la medida había sido publicada en el Boletín Municipal mediante una resolución, a pesar del rechazo expreso del Concejo Deliberante y de las denuncias que este organismo elevó al Tribunal de Cuentas.
En esa oportunidad, la ordenanza no imponía recortes salariales ni establecía restricciones directas al gasto público. Su propósito central era buscar mecanismos para resolver una pesada deuda judicial que arrastraba el municipio, brindando al Ejecutivo herramientas para negociar con acreedores.
La norma contemplaba adhesiones a varias leyes provinciales vigentes. En uno de sus artículos, establecía hacerlo “a los términos del decreto de la ley 9 de 2002”, que habilitaba la emisión de certificados de deuda pública denominados Bonos Garantizados de Deuda Pública (Bogar).
Con esas facultades, el intendente quedaba habilitado para iniciar acciones judiciales o extrajudiciales, acordar quitas, firmar convenios de pago y encarar diversas negociaciones para encaminar el cumplimiento del pasivo municipal. La ordenanza también fijaba como meta sostener el equilibrio fiscal de la comuna.
