“Tenemos voluntad de pago”, insistieron en decir los vecinos del plan de House Vial de Roca, que están en conflicto con el IPPV por el precio de sus viviendas.
Después de la reunión del miércoles con el interventor del organismo, Mariano Lavín, las familias que habitan las 87 unidades dieron su versión sobre el escenario, asegurando que desde el Gobierno provincial “buscan ensuciarnos”.
Esa percepción surge de los datos que informó el funcionario, resaltando que el valor reclamado por cada casa es de 21 millones de pesos y que las familias piden ingresar a un esquema que dejaría cada inmueble en 655.000 pesos, con cuotas mensuales de 1.821,33 pesos.
Números en danza
“Nosotros nunca hablamos de números”, aseguró Pablo Quintreman durante una entrevista con el programa Mañana de Noticias, por CNN Radio Roca.
En ese intercambio, el vecino sostuvo que el monto que presentó el IPPV tiene un origen irregular, imposible de aplicar, porque se basan en la ley del 2016 que creó las Unidades de Vivienda (UVI) a nivel nacional, a la cual adhirió la Provincia de Río Negro en 2018.
“La misma ley dice que no corresponde que sea retroactiva. En su artículo 5 lo dice y es muy clara”, resaltó Quintreman.
El referente del grupo de familias destacó que presentaron una nota al organismo provincial “sin poner ningún valor, sin poner nada” porque “simplemente queremos pagar la vivienda”.
Las otras casas de House Vial
En ese sentido, el portavoz del barrio remarcó la contradicción que existe en el propio Gobierno provincial, porque los adjudicatarios del Plan de 73 Viviendas, que está pegado a las 87 casas usurpadas en 2012, firmaron en 2014 un acuerdo que les permitió pagar sus inmuebles en cuotas fijas.
Junto a otros vecinos, Quintreman informó que “vamos a esperar que nos contesten la nota porque creo que tenemos el derecho a que nos contesten y iniciamos un trámite administrativo al presentar una nota con un recibido. Corresponde que nos den una respuesta”.
Y en el caso de no tener una contestación oficial, aseguró que “eso nos abrirá un canal legal, porque no puede hacer silencio una institución del Estado”.
“A partir de ahí veremos qué acción seguimos. Porque nosotros también nos estamos asesorando con respecto a esto”, planteó.
El camino de la política
De todas maneras, el vecino sostuvo que “este es un tema muy complejo, que solamente va a tener resolución política”.
“No administrativa, no judicial, nada. Va a tener resolución política, como lo tuvo en el 2014, cuando el gobernador determinó darnos la tenencia precaria, para que nosotros podamos tener los servicios. Y bueno, llegado el caso, intentaremos llegar al gobernador para ver si podemos dialogar y ver de qué manera podemos solucionar esto”, puntualizó.
Escuchá la entrevista completa con Pablo Quintreman en Mañana de Noticias
