El proyecto para eliminar la obligatoriedad del Ipross para los trabajadores estatales ya generó rechazo entre algunos sectores gremiales, pese a que todavía no ingresó formalmente a la Legislatura.
UPCN fue el primero ayer en cuestionar la iniciativa y deslizar suspicacias sobre su trasfondo electoral, además de plantear que los sindicatos deberían hacerse cargo de la obra social. Luego se sumaron Unter y Sitrajur, aunque con un planteo común: el reclamo por los aportes que se descuentan y la necesidad de mejorar los ingresos salariales.
Toma de control, pero con acceso a información
Juan Carlos Scalesi, el histórico titular de UPCN Río Negro, habló esta mañana con Radio CALF de Neuquén y reforzó su propuesta de que los trabajadores estatales puedan acceder a la administración del Ipross. Según planteó, detrás de la iniciativa del Gobierno provincial existe la intención de desprenderse progresivamente del sistema de salud público, en un área que, a su entender, puede resultar políticamente costosa ante la carrera electoral que se avecina.
“Vengo sosteniendo que el gobernador piensa igual que el Presidente y quiere privatizar todo. De a poco se ha ocupado de apoyar a empresas privadas y la salud en Río Negro se está volcando al privado. No quieren compromisos dentro de la gobernabilidad, porque son temas muy candentes. En momentos difíciles se lo buscan sacar de encima”, afirmó.
El dirigente aclaró, además, que la posibilidad de que los empleados públicos asuman el control del Ipross no es nueva, pero sostuvo que, pese a los intentos, nunca pudo concretarse. Según especificó, esto se debió a la falta de información sobre los aportes patronales que debería realizar la Provincia.
“Nunca se ha podido saber si ese aporte, más allá de lo que dice la ley del Ipross (el 7% del haber bruto), se efectiviza. Está tan oculto todo que no se puede saber siquiera cuánto gana un funcionario”, cuestionó.
Sobre ese punto, volvió a poner el foco en los descuentos que se realizan sobre los haberes de los agentes, que —según sostuvo— se calculan sobre básicos que considera demasiado bajos.
“Los salarios de los trabajadores están apenas rozando el millón de pesos. Tanto es así que el Estado hace un año hizo una ley para descontar para el Ipross la totalidad de los ingresos, hasta la plata en negro”, afirmó.
Scalesi también vinculó la posibilidad de que los trabajadores puedan optar por otra cobertura de salud con las diferencias salariales que existen entre los distintos poderes del Estado. Según comentó, la alternativa podría resultar más accesible para quienes cobran haberes más elevados, como ocurre en el Poder Judicial y el Legislativo.
“Si me escucha un juez, seguramente me diga: ‘Yo quiero irme a una prepaga’. Los otros poderes tienen todos blanqueados su sueldo; los únicos perjudicados somos los que dependemos del Ejecutivo, que somos la mayoría: los docentes, la Policía, Salud. Para todo lo que depende del Poder Ejecutivo es imposible, porque ninguna obra social te va a tomar con esos básicos”, remarcó.
En esa línea, dejó planteada la necesidad de discutir una mejora salarial y, en concreto, avanzar en una corrección de las sumas no remunerativas.
La discusión por los aportes y los sueldos
Una postura similar esbozó el secretario general de Sitrajur, Marcos Calarco, quien en declaraciones a FM de la Costa denunció un intento de “privatización” del Ipross y planteó la necesidad de rediscutir distintos aspectos del funcionamiento de la obra social, pero no su liberalización.
“Lo que hay que corregir es cómo financiamos, cómo redistribuimos, cuáles son las prestaciones, cuántas vocalías gremiales corresponden en la obra social y rediscutir que hay un gran porcentaje de los salarios en negro y que no impactan directamente en Ipross”, señaló.
Calarco también interpretó que la decisión del Gobierno tiene un trasfondo electoralista y apuntó a la posibilidad de que busque “captar por derecha a alguna parte del electorado que ya le soltó la mano”.
A su entender, la reforma podría terminar “vaciando” de recursos al Ipross y profundizando una segmentación en el acceso a la salud. Según explicó, quienes tengan mayor poder adquisitivo podrían migrar hacia el sistema privado, mientras que la mayoría de los trabajadores estatales quedaría dentro de una obra social con menos recursos.
Un Estado como garante
Por su parte, Unter hizo énfasis en el discurso del Gobierno provincial y sostuvo que la denominada libertad de elección “oculta una larga lista de acciones perjudiciales para la clase trabajadora”.
“Con un Instituto prácticamente fundido, con salarios que no llegan a cubrir las necesidades mínimas de un hogar y con el desgaste de nuestra salud producto de la ausencia de políticas públicas que permitan el acceso a la salud preventiva, resulta evidente que los empleados públicos de Río Negro no somos los mejores candidatos para que una prepaga nos admita como sus clientes”, afirmaron desde el gremio docente en un comunicado.
La conducción de Unter también cuestionó el presunto trasfondo electoral de la iniciativa y la calificó como una “venta de humo”. En ese sentido, reclamó que el Gobierno avance en una alternativa que mantenga al Estado como garante del sistema.
“En lugar de vender espejitos de colores, el Gobernador debe poner al Ipross en manos de los trabajadores, con un Estado como garante de los recursos económicos que permitan financiar, agilizar y optimizar las prestaciones y coberturas”, insistieron.
El sindicato docente también reclamó una mayor participación y representación de los trabajadores en la conducción de la obra social. “Reivindicamos la organización y la unidad entre los sindicatos para recuperar una participación activa y efectiva en el consejo y en la administración. La salud no puede quedar en manos de decisiones tomadas a espaldas de quienes aportamos y sostenemos la obra social”, concluyeron.
Este medio consultó también a ATE y Asspur, aunque hasta el momento no recibió una respuesta sobre su postura frente a la medida.
