Las elecciones del Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) quedaron bajo la lupa judicial tras la presentación de una denuncia penal por presunto fraude electoral. La acción lleva la firma de representantes de los gremios y de los espacios opositores que participaron de la histórica contienda.
La conformación final del órgano de cogobierno fue oficializada el viernes y está previsto que sus integrantes se reúnan el próximo lunes 30 para elegir al próximo rector.
Qué dice la denuncia
La presentación, radicada ante la Justicia Federal, fue suscripta por las secretarias generales de los gremios Adiupa y Sitraiupa, Rocío Encina y Marina Cepeda, junto a apoderados y fiscales generales de las listas opositoras La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10 —Celeste y Blanca—.
La denuncia apunta contra el rector normalizador Gerardo Blanes; el presidente de la Junta Electoral, Ricardo Casanova; y los integrantes del órgano, Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. Se los acusa por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del Código Penal), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249), falsedad ideológica (artículo 293) y delitos contra el derecho de sufragio (Ley 19.945).
Según el escrito, al que accedió Literal, se identifican tres maniobras que habrían derivado en irregularidades en el proceso electoral. En primer lugar, se responsabiliza a Blanes y a Casanova por haberse presentado como candidatos en concursos docentes con reglamentos y jurados que ellos mismos definieron —con el agravante de que el jurado de Casanova incluía a una persona con la que mantiene una relación de pareja—. “Actuaron como juez y parte”, sostiene la denuncia.
En segundo término, los denunciantes señalaron la incorporación irregular al padrón electoral de docentes y alumnos de la Escuela de Arte Popular, una propuesta de extensión universitaria. En concreto, se menciona la inclusión de 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas y unos 1.400 estudiantes.
De acuerdo al texto, esta situación se advirtió con tiempo, pero la Junta Electoral avanzó de todos modos con el acto eleccionario.
Por último, se cuestiona la imposibilidad de garantizar una fiscalización adecuada ante la gran cantidad de mesas habilitadas en estos comicios históricos. En ese contexto, los gremios y listas opositoras denunciaron la existencia de urnas “sin firmar y sin fajado”.
Qué solicitan
La presentación también advierte sobre un presunto intento de encubrimiento a partir de un “cierre institucional”, impulsado mediante el dictado de receso administrativo durante miércoles, jueves y viernes. Según los denunciantes, el objetivo del rectorado fue “impedir el acceso a las actas y desarticular la protesta pacífica”.
Asimismo, se denuncia una obstaculización por parte de la Junta Electoral, que habría rechazado las impugnaciones al escrutinio. “Ninguna de ellas fue analizada por la Junta Electoral, sino que se limitaron a obedecer la normativa establecida por el normalizador Gerardo Blanes”, afirma la denuncia.
Finalmente, los firmantes solicitaron a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y de la documentación, para evitar su eventual alteración antes de la sesión del Consejo Superior prevista para el 30 de marzo, en la que se definirá al nuevo rector y a las autoridades de la universidad.
El resultado del escrutinio
La semana posterior a los comicios estuvo atravesada por permanencias de estudiantes y agrupaciones, movilizaciones y momentos de fuerte tensión entre las autoridades del IUPA y sectores de la comunidad universitaria.
De hecho, se registraron duros cruces durante el acto de escrutinio definitivo, cuyo resultado se conoció sobre el cierre de la jornada del viernes.
Según informó la institución, el proceso se centró en la información provista por la Secretaría de Sistemas, la cual se cotejó con telegramas, actas originales y certificados de escrutinio disponibles. Asimismo, se dio tratamiento a los votos impugnados, resolviéndose distintos casos en los claustros de Graduados y Música.
En una primera etapa se realizó el escrutinio de la sede central, con la documentación respaldatoria a disposición para su verificación. Luego, el recuento se extendió a las dependencias de distintas localidades de la provincia.
El resultado final arrojó que la lista oficialista La Unión obtuvo 8 de los 16 consejeros que integrarán el Consejo Superior. El sector que respalda a Gerardo Blanes consiguió representación en los departamentos de Arte Dramático, Artes Visuales, Artes del Movimiento, Formación General y Música, además de las dos bancas del claustro estudiantil y la correspondiente al personal no docente.
Por su parte, la oposición completará el resto del órgano de cogobierno, con la lista 10 —Celeste y Blanca— como la fuerza con mayor representación dentro de ese espacio.
Un proyecto de continuidad
Con estos números, el oficialismo queda en condiciones de impulsar a Gerardo Blanes para continuar al frente de la universidad, esta vez como el primer rector electo en la historia del IUPA.
Consultado sobre la posibilidad de que su nombre sea considerado para esta nueva etapa, Blanes sostuvo a este medio que la decisión corresponderá a los consejeros de La Unión, pero no negó su interés personal por seguir al frente de la universidad.
“Serán los consejeros quienes seleccionen quién coordinará esta etapa. Sería un halago poder ser parte de esta etapa democrática por el momento histórico, pero en nuestro espacio no pensamos en términos personales. Si fuera otra persona de la misma agrupación también estaría bien. Hemos trabajado durante décadas para que el IUPA pase a ser universidad, tenga planes nacionales y llegue a este momento en el que la comunidad pueda expresarse democráticamente”, aseveró.
