Aunque el proyecto para compensar a 14 municipios rionegrinos por el desfasaje de la coparticipación reunió 35 votos a favor en la Legislatura, el esquema propuesto por la Provincia también generó reparos entre distintos bloques. En ese escenario, la oposición planteó la necesidad de mantener abierto el debate para avanzar en una reforma de la ley de coparticipación, con el fin de saldar definitivamente el asunto.
La negativa libertaria
Los bloques no reconocidos de La Libertad Avanza y Cambia Río Negro fueron los únicos que votaron en contra de la iniciativa.
En su intervención, Marcela González Abdala (LLA) cuestionó las contradicciones del gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN), que pese a no haber logrado el consenso necesario para avanzar con una actualización de la norma, aplicó el mismo criterio técnico para definir estas compensaciones.
«El gobernador no logró reunir el consenso necesario para reformular la ley de coparticipación municipal y, ante la imposibilidad política, el Ejecutivo optó por un atajo: aplicar el mismo criterio que había sido cuestionado en todo el proceso, pero de manera selectiva para aquellos municipios que este criterio supuestamente beneficia. Se utiliza la misma base técnica, conflictiva, pero se la instrumenta a la carta», expresó.
Para sostener su argumentación, la legisladora tomó como ejemplo la diferencia en los montos que recibirá su ciudad, Bariloche. Señaló que, si bien se trata del municipio más poblado de la provincia, percibirá menos recursos que Cipolletti.
«Bariloche es el municipio con mayor incidencia relativa de la provincia, 25,64% de la recaudación y 18,36% de la población, ambos superiores a los de Cipolletti. Esa conclusión numérica lleva a que Bariloche tiene un mayor peso, pero recibe una compensación un 39% menor en términos absolutos y menos de la mitad en términos relativos a los de Cipolletti. Esto me permite decir, con fundamento técnico, que el propio gobierno no aplicó su criterio de forma proporcional«, explicó.
Para Abdala, la ciudad turística más relevante de la provincia y motor económico de la región Andina no recibe, ni en fondos ni en obras, un retribución por los beneficios que genera. También cuestionó la posibilidad de discutir los convenios, que fueron firmados ad referendum, por lo que el Legislativo no puede modificar «ni un punto ni una coma».
«Se construye un sistema paralelo a la ley de coparticipación, sin ley que lo enmarque con criterios generales y objetivos. Porque nada garantiza que el próximo municipio que negocie con el Ejecutivo tenga un tratamiento proporcional. Estamos legislando a pedido«, afirmó.
Un esquema que «describe» a JSRN
En tanto, Santiago Ibarrolaza, de Cambia Río Negro, también fundamentó su rechazo y consideró que esta modalidad de reparto de fondos «describe al gobierno».
«Este convenio genera inestabilidad política, financiera e incertidumbre. Lo que hay que hacer es trabajar por sancionar una nueva ley de coparticipación«, agregó.
En ese sentido, reparó en que la propia administración provincial no pudo cumplir con la promesa formulada durante la apertura de sesiones ordinarias de 2025, cuando había planteado la necesidad de modificar los actuales índices de reparto.
Apoyo, pero con reparos
Los bloques del PRO, PJ-Nuevo Encuentro, Vamos con Todos y Primero Río Negro acompañaron mayoritariamente el proyecto del Ejecutivo, aunque también establecieron importantes llamados de atención sobre el mecanismo propuesto y la forma en que se llevó adelante la discusión con los gobiernos locales.
«Se decidió traerlo al recinto, pero si creen que es legítimo que demos este debate, sería importante que se tome el tiempo que se necesita y no un rato antes de ingresar a las comisiones. Son esos proyectos que entran por la ventana«, cuestionó Juan Murillo (PRO).
El bloque que conduce Juan Martin también consideró que debería haberse destinado más tiempo al debate y que era necesario contar con el aval de los municipios que no recibirán fondos en concepto de compensación.
Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) insistió, por su parte, en la necesidad de continuar la revisión de los índices de coparticipación vigentes. «Se han esbozado ideas para dar un debate más profundo. Sobre todo considerando que se viene hablando del cambio de la matriz productiva, que va a cambiar la matriz tributaria», planteó ante la transformación económica que atraviesa la provincia.
En tanto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) advirtió que una nueva ley también debería contemplar la discusión sobre los ejidos colindantes. «Para tener una buena ley de coparticipación tenemos que discutir los límites de los municipios», sostuvo.
Censo rionegrino
Entre los aliados, Javier Acevedo (CC-ARI) manifestó su acompañamiento a la compensación, aunque solicitó precisiones sobre la aplicación de los cálculos utilizados para determinar el reparto. «Se compensó seis veces más a Cipolletti que a Roca«, advirtió, al señalar que ambas ciudades tienen valores de población prácticamente similares.
En ese sentido, propuso realizar un censo rionegrino como paso previo para retomar la discusión sobre la reforma de la ley de coparticipación, a partir de los cuestionamientos que generó el Censo Nacional 2022 y que dificultaron alcanzar un consenso para modificar el esquema de distribución.
«Tenemos que saber con qué criterio se va a repartir cada peso», planteó.
