¿Río Negro pasará a cobrar regalías específicas por el uso del agua? La provincia comenzó a plantear un cambio de paradigma del que depende, en gran medida, la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones. No se trata de mercantilizar un bien, que es un derecho básico, sino de asumir que la gestión, protección y distribución tienen costos que hoy se encuentran fuertemente sustentados por el Estado y, en muchos casos, invisibilizados.
El debate sobre el cobro de una regalía fue incorporado al Plan Maestro Hídrico presentado la semana pasada por la consultora israelí Mekorot. La propuesta, aún incipiente y en proceso de evaluación interna, busca introducir un criterio poco explorado en la política hídrica local: reconocer el valor económico del agua como herramienta para promover un uso más racional y sostenible.
En esta nota de Literal te explicamos en qué consiste este eje de trabajo y cuáles son los principios sobre los que se sustenta.
El objetivo
“No va a ser fácil, pero es necesario”, reconoció el ingeniero del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Bodoira, al referirse a la posibilidad de avanzar en el cobro por el agua. El principal desafío, especialmente vinculado al uso industrial del recurso, es generar una mayor responsabilización sobre su cuidado, con el objetivo de garantizar niveles adecuados de suministro a futuro. Hoy el cambio climático y el aumento sostenido de las temperaturas ya proyectan complicaciones para varias provincias en las próximas décadas.
“Es necesario que cada uno asuma su responsabilidad. El acceso al agua es un derecho, pero también existe la obligación y el deber de no derrocharla y de hacer un uso racional. Si hoy no cobramos el agua y no somos más eficientes, a la larga vamos a tener problemas”, advirtió.
El análisis de la situación actual
Pero, ¿no se paga ya por el agua en Río Negro? La respuesta es sí y no. En la actualidad, los usuarios rionegrinos pagan mensualmente el servicio de Aguas Rionegrinas (ARSA), cuya cobrabilidad ronda el 70%. Sin embargo, es clave hacer una distinción: lo que se abona es un canon por la prestación del servicio, es decir, por el proceso de captación, potabilización y distribución del agua.
Algo similar ocurre con la producción en los valles irrigados, donde el canon de riego que pagan los productores a los consorcios cubre los costos de mantenimiento de los canales —aunque allí también se abre otro debate sobre su efectivo cumplimiento—.
“En la factura lo que se paga es cuánto le cuesta a ARSA potabilizar el agua y llevarla hasta el domicilio. Se cobra el servicio de tomar agua cruda, tratarla para que sea potable y distribuirla. Lo mismo sucede en los sistemas de riego del Alto Valle, que son sistemas públicos y donde el canon está destinado al mantenimiento que requiere el productor”, explicó Bodoira.
El horizonte hacia la autofinanciación
En la provincia —y esto fue señalado de manera particular por Mekorot— no se cobra una regalía específica por el uso del agua a la gran mayoría de la población, a diferencia de lo que ocurre en Israel, un país con severas restricciones hídricas donde este esquema ya está plenamente implementado. Según el estudio, la regalía prevista en el Código Provincial de Aguas solo se aplica al uso productivo agrícola en sistemas privados, aunque una parte significativa de esos usuarios ni siquiera está registrada.
Donde sí existe un alto nivel de cobrabilidad es en el sector hidrocarburífero, que concentra cerca del 90% de los ingresos por regalías que percibe el DPA.
“En Israel el sistema de agua es público, pero se autofinancia. Todos los usuarios —tanto industriales como residenciales— pagan por el agua, y con esos recursos el Estado, a través de Mekorot, mantiene la infraestructura y planifica a futuro. Ese sería el escenario ideal. Hacia ahí creo que tenemos que ir”, señaló el ingeniero.
Bodoira llevó tranquilidad al aclarar que este enfoque no implica necesariamente disparadas inmediatas en las facturas domiciliarias. La evaluación provincial, todavía en curso, apunta inicialmente a garantizar el cobro de la regalía sobre el agua destinada al uso industrial. “En actividades donde el agua es un insumo de muy bajo impacto dentro de los costos o de la ganancia, ese aporte podría permitir equilibrar la balanza y destinar esos fondos, por ejemplo, a mejorar el abastecimiento o a realizar estudios en zonas donde hoy no hay disponibilidad”, ejemplificó.
El informe de Mekorot sostiene que la Provincia debe “armonizar el costo del agua con el objetivo de permitir operar, mantener y ampliar los usos del recurso en todas sus formas”. Actualmente, gran parte del financiamiento del DPA proviene del Tesoro provincial —estimados en unos $1.000 millones para 2025—, por lo que el objetivo es que el organismo pueda proyectar sus gastos e inversiones en función de ingresos propios.
Para tomar dimensión: hoy, el uso poblacional está eximido de cualquier pago de regalías, al igual que el uso productivo agrícola en sistemas públicos, que solo abona un canon con baja cobrabilidad.
Declaraciones y principios
La idea de considerar al agua como un bien económico no es nueva. Sus bases se encuentran en la Declaración de Dublín de 1992, documento que integra la base conceptual de la Política Hídrica Nacional y que establece, en su Principio N° 4, que el agua posee un valor económico en todos sus usos y, por lo tanto, debe ser reconocida como tal.
Este postulado reconoce, al mismo tiempo, el derecho esencial de toda persona a acceder a agua potable y saneamiento a un precio asequible. Sin embargo, la Declaración advierte que “la ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente”. En ese sentido, sostiene que la gestión del agua en su condición de bien económico constituye una herramienta clave para lograr un aprovechamiento eficiente y equitativo, y para favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos.
El panorama en Argentina y Río Negro
El principio del valor económico del agua también está presente en los Principios Rectores de Política Hídrica (2023) aprobados por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Allí se señala que, al tratarse de un recurso escaso, una vez garantizada su función social y ambiental, el agua adquiere valor en términos económicos, lo que introduce criterios de racionalidad y eficiencia en su distribución.
El documento establece además que las estructuras tarifarias asociadas al uso del agua deben incentivar su utilización racional y penalizar las ineficiencias. Por todo uso del recurso corresponde abonar un cargo destinado a cubrir los gastos generales de la administración hídrica en el cumplimiento de sus funciones. De manera adicional, y según el tipo de uso, pueden aplicarse cargos específicos para cubrir los costos operativos vinculados a la gestión del recurso. En aquellos usos con probada rentabilidad, se prevé además el pago de un cargo por el derecho al uso diferenciado de un bien público.
Respecto a la legislación provincial, el Código de Aguas de Río Negro contempla este principio. En su artículo 43, establece que los titulares de derechos privativos o especiales sobre aguas públicas están obligados a abonar una regalía con independencia del uso efectivo que realicen del recurso.
