La denuncia penal de la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) contra la exgobernadora Arabela Carreras fue totalmente desestimada, luego de que la fiscalía considerara que no existió abuso de poder en el accionar de la exmandataria en relación con el contrato suscrito con la consultora israelí Mekorot. Pero, ¿qué información se conoce sobre el acuerdo con la empresa extranjera que motivó la presentación judicial?
Controversia y denuncia penal
El controvertido convenio entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Agencia Nacional de Agua de Israel (Mekorot) se firmó en febrero de 2023, tras una misión técnica encabezada por Carreras en ese país. El objetivo era elaborar un plan maestro para el sector hídrico de Río Negro, a partir del estudio de los cursos de agua provinciales.
El contrato tenía una vigencia inicial de 18 meses, que vencieron en octubre pasado. Sin embargo, las partes acordaron una prórroga de seis meses, la cual debería haber concluido a fines de abril —según la respuesta a un pedido de informes—.
Desde un principio, la contratación de Mekorot generó malestar en la oposición, especialmente en sectores del peronismo, que denunciaron la posible entrega de datos estratégicos a un Estado extranjero. También criticaron que el contrato no fue ratificado por la Legislatura y que su contenido no se había publicado, lo que consideraron un ocultamiento de información.
La situación derivó en varios pedidos de informes y volvió a cobrar relevancia en marzo, cuando las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito (Vamos con Todos) denunciaron penalmente a Arabela Carreras por haber autorizado el convenio.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal desestimó la semana pasada la acusación contra la exgobernadora. El fiscal jefe de la Primera Circunscripción, Juan Pedro Peral, ratificó lo expresado previamente por el fiscal Guillermo Ortiz —quien ya se había expedido en abril— al considerar que no se configuró el delito de abuso de autoridad, como sostenían las denunciantes.
En cuanto a la naturaleza del contrato con Mekorot, Peralta destacó que no reunía las condiciones para requerir tratamiento legislativo ni sometimiento a consulta pública. Afirmó que el acuerdo no constituye un convenio bilateral, sino una «consultoría técnica» firmada entre la empresa israelí y el apoderado del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y no directamente con el Estado de Río Negro.
Respecto a la presunta limitación en el acceso a la información, señalada por Odarda y Spósito, Peralta sostuvo que no existió restricción alguna ni «desposesión de conocimientos estratégicos en beneficio de la empresa Mekorot». En ese sentido, indicó que las legisladoras pudieron acceder al contrato mediante pedidos de informes, y que además se les proporcionaron informes preliminares de la consultoría elaborados por el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Carretas defendió el convenio con Israel
En diálogo con Literal, la propia Arabela Carreras defendió el acuerdo y explicó que su objetivo principal era mejorar el monitoreo de los recursos hídricos, especialmente en las zonas más áridas del territorio rionegrino. Negó cualquier intento de ocultamiento y señaló que hubo cobertura periodística que respaldó todo el proceso.
“Formaba parte de una estrategia nacional para el manejo tecnológico y eficiente de las aguas servidas, así como del monitoreo en regiones con escasez hídrica, como la Región Sur. En un contexto de cambio climático, donde nuestras fuentes de agua están cada vez más comprometidas, creíamos que mejorar la tecnología, el monitoreo y la distribución del agua iba a ser favorable tanto para la producción como para el consumo humano”, concluyó.
Según lo anunciado por la Provincia tras la firma del acuerdo en febrero de 2023, Mekorot se comprometió a ejecutar:
- Un análisis de la situación actual del sector del agua.
- Proyecciones de la demanda del sector en la provincia y de la oferta de recursos hídricos, considerando en ambos casos la influencia del cambio climático.
- Una evaluación y propuesta para la creación de una autoridad reguladora de los servicios de agua potable y saneamiento.
- Un estudio sobre la necesidad de desalinizar agua para el abastecimiento de la Región Sur y de poblaciones de la Zona Atlántica, así como una evaluación de las alternativas técnicas existentes.
- La planificación, optimización y acompañamiento a nivel provincial del reúso de efluentes generados en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales.
- Una evaluación integral para la modernización del canal Pomona – San Antonio Oeste.
- El cálculo del valor económico del agua.
Qué se sabe del acuerdo con Mekorot
Este medio consultó al Departamento Provincial de Aguas (DPA) sobre la vigencia del contrato con Mekorot, que, según la respuesta a un requerimiento de información previo, debería haber concluido con la finalización del relevamiento a fines de abril.
Desde el organismo informaron que el plan de trabajo con la consultora israelí se dividió en siete etapas. Hasta la fecha, se completaron las dos primeras, cuyos informes ya fueron entregados y aprobados por el DPA.
En particular, los documentos se centraron en:
- El análisis de la situación actual de los recursos hídricos.
- Las proyecciones de la oferta y la demanda de dichos recursos, contemplando el impacto del cambio climático.
El análisis de la situación actual de los recursos hídricos.
«Ahora se trabaja en las etapas tres a siete, de manera simultánea. La finalización está prevista para fines de junio, con la aprobación de totalidad de los informes», concluyeron.
