El Poder Judicial de Río Negro pidió 270.900 millones de pesos para funcionar sin sobresaltos en el 2026.
El proyecto de presupuesto fue elevado durante las últimas horas al Ejecutivo y al Legislativo provincial, que ahora deberán analizar los números para definir cuántos recursos se asignan finalmente.
El aumento del presupuesto con respecto a 2025 es del 28% y se destacó que las partidas fueron diseñadas “en continuidad con los criterios de austeridad que sostiene el Poder Judicial”. Por eso se resaltó que “los montos proyectados se encuentran por debajo de la inflación interanual”, que al mes de septiembre de 2025 registraba el 31,8%.
Cuatro programas centrales
La proyección para 2026 se estructura en cuatro programas: Jurisdiccional, Ministerios Públicos, Consejo de la Magistratura y Organismos Auxiliares.
La Acordada señala que se hicieron las previsiones necesarias para cubrir todas las vacantes de cargos de magistrados, funcionarios judiciales y de ley, tanto por renuncias o ascensos como por los nuevos organismos creados por ley.
En materia de infraestructura tecnológica, se menciona “una sostenida inversión” que incluye 1.500 millones de pesos destinados específicamente a procesos de digitalización. Se remarca la consolidación y transformación de los procesos judiciales y administrativos mediante la integración de herramientas de Inteligencia Artificial y la recolección sistemática de datos estadísticos. Para ello se consideró “el incremento de la demanda, la obsolescencia del equipamiento y el crecimiento edilicio previsto para 2026”.
También se proyecta el fortalecimiento de los sistemas Puma y Janus, así como la digitalización integral de los Archivos Judiciales.
Las obras en el Poder Judicial
Otro rubro considerado central es la inversión prevista en obras públicas. Entre las más relevantes se contempla la continuidad de la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti y del Complejo Judicial de El Bolsón. También se prevé la construcción del Complejo Judicial de San Antonio Oeste, en función del crecimiento proyectado para la zona este de la provincia.
Asimismo, se proyecta la refacción del inmueble del Consejo de la Magistratura, la readecuación del edificio ubicado entre las calles España y Urquiza de Cipolletti —ya licitada— y diversas intervenciones en los Juzgados de Paz de Ingeniero Huergo, Sierra Colorada, Valcheta, General Conesa y Dina Huapi.
En Bariloche se ejecutarán obras de refacción y adecuación, junto con el desarrollo del proyecto de la primera etapa del futuro complejo judicial de la ciudad. En Viedma se prevé la puesta en valor de diferentes dependencias del edificio central, incluido su auditorio. También se realizará la refacción y modernización de la morgue judicial y de la CIMARC en Roca, el mantenimiento y repintado exterior de la Ciudad Judicial de Villa Regina, la instalación de sistemas de generación fotovoltaica en Juzgados de Paz y la incorporación de un sistema de monitoreo remoto de shelters.
El presupuesto incluye además soluciones edilicias para la sede judicial de Allen, la refacción del Juzgado de Paz de Pilcaniyeu, la construcción del Depósito General en Viedma, la instalación de sobretechos en el Complejo Judicial de Ingeniero Jacobacci y el inicio del nuevo Complejo Judicial de Choele Choel. Asimismo, se contemplan obras menores destinadas al mantenimiento y conservación de edificios propios en toda la provincia.
Los fondos para cada programa
La suma total proyectada asciende a 270.900.815.000 pesos, correspondientes a gastos de personal, funcionamiento y recursos propios. La Acordada consigna que el Programa Jurisdiccional alcanza 121.718.483.000 pesos; el Ministerio Público, 90.698.201.000 pesos; el Consejo de la Magistratura, 884.092.000 pesos; y los Organismos Auxiliares, 57.600.039.000 pesos.
El documento incorpora además partidas para la Oficina de Derechos Humanos y Género, destinadas a ampliar los mecanismos de acceso a justicia para las personas en situación de vulnerabilidad y a garantizar la transversalidad de los derechos humanos en el servicio judicial.
Finalmente, se incluyen fondos para la Escuela de Capacitación Judicial y su Plan de Formación Integral 2026, orientado al desarrollo profesional y a la actualización permanente de magistrados, funcionarios y empleados.
