La Legislatura de Río Negro aprobó en segunda vuelta la derogación de la contribución obligatoria al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajur). De este modo, una vez que la norma sea promulgada y publicada en el Boletín Oficial, los procesos judiciales —tanto contenciosos como voluntarios— que se inicien en cada Circunscripción deberían reducir sus costos, a partir de la eliminación del cargo del 0,2% aplicado sobre los montos en litigio. El gremio denunció un intento de «desfinanciamiento» y ya anticipó que judicializará la medida.
Aprobación por mayoría
Tras obtener un primer aval en la sesión del 2 de octubre, la iniciativa quedó finalmente convertida en ley esta mañana con 48 votos afirmativos y 14 negativos. Entre los bloques que se opusieron se encuentran Vamos con Todos, PJ–Nuevo Encuentro, además de dos votos en contra de la CC-ARI y el rechazo de los legisladores alineados con el tortorielismo.

Alerta y judicialización
La propuesta generó resistencia desde el inicio entre los judiciales, quienes no solo protagonizaron momentos de tensión durante el tratamiento en comisiones, sino que esta semana declararon el estado de alerta. Consideraron que la derogación de este aporte “apunta directamente a debilitar la organización de los trabajadores y trabajadoras judiciales”.
En un extenso comunicado, el sindicato cuestionó al oficialismo por el avance de esta norma, pese a que la autora del proyecto es la legisladora Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro. “Desde que este intento tomó estado público, trabajamos para abrir canales de diálogo. Estamos convencidos de que la construcción del futuro de los rionegrinos exige encontrar puntos de encuentro, aun en las diferencias. Pero no hay diálogo donde no hay voluntad. Mientras Sitrajur expresó con claridad la necesidad de debatir, el oficialismo eligió el silencio. Un silencio que evidencia desinterés absoluto por construir una provincia mejor. Un silencio que confirma el rumbo de una gestión que, tras 14 años —y que llegará a 16 en 2027—, no ha logrado poner de pie a Río Negro”, expresaron.
El gremio calificó la norma como un “atropello institucional” y anticipó, incluso antes del debate en el recinto, que presentará una demanda judicial acompañada de una medida cautelar para frenar su aplicación. “La decisión política del oficialismo es un recorte que busca debilitar nuestra organización colectiva, pero además constituye un flagrante ataque contra el salario indirecto y los derechos conquistados por cada trabajador y trabajadora judicial. Frente a eso, como siempre, nos van a encontrar unidos, de pie y luchando”, afirmaron.
Un aporte vigente desde los 70′
La ley aprobada este jueves derogó el artículo 178 de la Ley K N.º 5190, que establecía una contribución obligatoria del 0,2% sobre el monto de todos los juicios contenciosos o voluntarios iniciados en cada Circunscripción Judicial de la provincia. Ese aporte era percibido por el Sitrajur y, según la normativa vigente, debía destinarse a su obra social y a los fines previstos en el estatuto de la entidad.
En los hechos, el cobro se aplicaba a cualquier proceso en el que se discutiera un monto económico: desde un accidente de tránsito hasta una división de bienes, una sucesión o un reclamo laboral. De acuerdo con el oficialismo, solo en 2024 se estima que generó una recaudación cercana a los 100 millones de pesos.
“Es una contribución injusta, no corresponde que alguien tenga que pagarle a un sindicato por iniciar un trámite judicial”, sostuvo Mansilla en diálogo con Mañana de Noticias.
La legisladora explicó, además, que este aporte fue creado en 1975, derogado en 1998 y nuevamente restablecido en 2009. “En su momento no hubo un argumento sólido para sostenerlo, más allá de decir que había que ayudar al gremio. Pero la realidad es que esa plata es de todos los rionegrinos. Es una carga, un impuesto y un privilegio para un sindicato”, agregó.
En los fundamentos, Mansilla planteó que no existe una contraprestación directa hacia la sociedad, ya que los recursos se destinan únicamente al sindicato y sus afiliados: “Como toda contribución, debería existir solo cuando hay un beneficio o servicio en retorno. ¿Qué beneficio le otorga Sitrajur a una madre que inicia un reclamo por alimentos o a un trabajador que cobra una indemnización laboral? No corresponde que el Estado imponga una obligación que solo favorece a una entidad gremial, cuando sus ingresos deberían provenir de los propios afiliados mediante negociaciones paritarias”.
Voces a favor y en contra
Durante el debate en el recinto, Juntos Somos Río Negro (JSRN) expresó un fuerte respaldo a la derogación del dos por mil. El legislador y abogado Lucas Pica refutó la argumentación de Sitrajur sobre la existencia de un supuesto “derecho adquirido”: “¿Podemos hablar de derechos adquiridos? De ninguna manera. ¿Cómo podemos hablar de un derecho adquirido cuando la obligación de pago recae sobre un vecino innominado, entre 750 mil rionegrinos, obligado a pagarle al Sitrajur para acceder a la justicia antes de iniciar un reclamo? No se puede, porque no hay una vinculación contractual, jurídica ni —a partir de ahora— institucional entre ese vecino, que nada tiene que ver con el sindicato, y el Sitrajur”.
Y ratificó: “Es el momento de finalizar con este financiamiento anómalo. Es el momento de decirles a los rionegrinos que ya no estarán obligados, al iniciar un reclamo patrimonial, a pagarle un porcentaje —el que fuere— a un sindicato que no tiene absolutamente nada que ver con ese proceso. Es el momento de poner fin a un privilegio”.
En contrapartida, el peronismo protagonizó un acalorado debate y defendió que la derogación constituye un “retroceso institucional”. “Es una regresión en materia de derechos laborales y sindicales conquistados por años de lucha. Río Negro se va a convertir en una provincia hostil hacia los trabajadores y trabajadoras judiciales. Lo que va a suceder hoy, si esta ley se aprueba en primera y en segunda vuelta, es un verdadero retroceso, un precedente de absoluta peligrosidad para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de toda la provincia”, sostuvo Magdalena Odarda (Vamos con Todos).
A continuación, el debate legislativo en primera vuelta:

