La Legislatura aprobó por mayoría el convenio de traspaso de las rutas 22 y 151, declaró la emergencia vial y habilitó al gobierno de Río Negro a tomar un financiamiento de 60 millones de dólares con Fonplata para afrontar el mantenimiento de esos corredores.
La iniciativa reunió 38 votos a favor en la votación en general y solo tres en contra, correspondientes a legisladores del bloque PJ-Nuevo Encuentro.
El voto en contra de un bloque
Desde el peronismo cuestionaron el argumento de que el abandono de las rutas nacionales fue una constante de todas las administraciones. El legislador Leandro García, uno de los tres que votaron en contra, repasó los niveles de inversión en infraestructura vial de los últimos gobiernos y marcó diferencias entre las distintas gestiones.
En ese recorrido, destacó tanto los mandatos kirchneristas como la presidencia de Mauricio Macri. En contraste, apuntó contra la actual administración de Javier Milei y cuestionó lo que definió como una inversión nula en materia vial.
García fundamentó su voto negativo al considerar que hacerse cargo de estos corredores sin contar con los recursos necesarios constituye «una estafa». «Se nota que los legisladores que acompañan esto lo asumen con resignación. Quienes votamos en contra podríamos pedir, con la misma sensibilidad y lógica de humanidad, que la Provincia se haga cargo de los jubilados. No vale esa lógica moralizante, no vamos a acompañar este desastre porque nos corran por ahí», aseguró.
El acompañamiento de Vamos con Todos
Por su parte, Vamos con Todos acompañó el proyecto y puso el foco en la «responsabilidad política» de su espacio. «Esas rutas pasan por nuestras ciudades y es un pedido de los intendentes, porque creemos que, ante esta ausencia, la Provincia de alguna manera tiene que hacerse cargo», sostuvo Ayelén Spósito.
La legisladora sanantoniense, sin embargo, solicitó votar en particular el artículo 5, al que su bloque no respaldó. En ese sentido, planteó que cualquier eventual prórroga de la emergencia debería volver a pasar por la Legislatura, para analizar «si se hicieron las cosas como se tenían que hacer».
El pedido de LLA
A su turno, la legisladora Martina Lacour (La Libertad Avanza) expresó que hubiera preferido que la Ruta 151 fuera incluida en un esquema de concesión vinculado a la actividad de Vaca Muerta.
«Esta ruta no es cualquiera, es una vía estratégica para la actividad hidrocarburífera. Me hubiese parecido más justo que el costo de arreglarla no lo tuviésemos que afrontar todos los contribuyentes, sino quienes explotan esta región. No me parece lógico», sostuvo.
En esa línea, Lacour consideró que el dinero necesario para poner en condiciones la Ruta 151 habría representado menos del 1% de un año de producción de Vaca Muerta. «Y ni siquiera estoy contando el gas», remató.
Primero Río Negro busca ir a la Justicia
Por su parte, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) insistió en el reclamo para que la Provincia perciba los fondos del impuesto a los combustibles. En ese sentido, cuestionó el cambio de destino que, según planteó, tuvieron esos recursos durante la actual gestión nacional.
«De enero a mayo, de ese fondo solo se hizo una transferencia del 18,5%. No porque no hubiera obras para financiar, sino porque el Gobierno nacional tenía otro destino. Acá hay un delito de desvío de fondos. Creo importante que evaluemos esta posibilidad de recuperar lo que a Río Negro le corresponde», sostuvo.
Al respecto, detalló que solicitó incorporar un inciso a la ley para dejar expresamente establecido que la Provincia no renuncia a esos recursos y reclamar su transferencia mensual.
En caso de no obtener una respuesta favorable, Mansilla adelantó que llevará el reclamo ante la Justicia nacional. El objetivo, explicó, será aliviar la situación financiera del Estado rionegrino.
Las críticas del radicalismo a los libertarios
A su turno, Lorena Matzen (UCR) afirmó que la Provincia no tenía mayores alternativas que recurrir a un crédito para financiar las obras, ante la falta de respuestas de Nación. «Hay un Gobierno nacional al que le importa un bledo lo que estamos reclamando», cuestionó.
Asimismo, apuntó contra los dirigentes rionegrinos de La Libertad Avanza. En particular, cuestionó al senador Enzo Fullone, quien estuvo a cargo del Distrito 20 de Vialidad Nacional.
«Me da enojo escuchar a algunos con su hipocresía. Son rápidos y ágiles para firmar fichas de afiliación de La Libertad Avanza, pero no le dicen nada a Fullone, a Tortoriello, que ni un reclamo han hecho. Es fácil cuestionar que el Gobierno provincial se endeude», agregó.
La preocupación por un ”pago triple”
Por su parte, José Luis Berros (Vamos con Todos) manifestó su preocupación por los términos de la negociación que llevó adelante la administración rionegrino y advirtió sobre la posibilidad de que los contribuyentes terminen «pagando hasta tres veces estas rutas».
«Entiendo que la Provincia hizo los esfuerzos, pero creo que podría haber hecho un poco más, para que al menos se cobren las multas», sostuvo.
El legislador también refutó las versiones que responsabilizan al amparo presentado por el municipio de Roca por la paralización de las obras de ampliación de la Ruta 22.
El stock de deuda en dólares
En tanto, Juan Martín puso el foco en el impacto que tendrá el crédito de Fonplata en las finanzas provinciales. Según advirtió, este nuevo financiamiento, sumado a otros endeudamientos contraídos recientemente por Río Negro, elevará el stock comprometido a unos 340 millones de dólares.
«Para el año próximo, el 74% de la deuda estará en dólares y la Provincia pasará a tener una fuerte dependencia del tipo de cambio y del riesgo país. Tratándose de un año electoral, hay que agregar el riesgo ‘kuka’. No es una cuestión menor, porque la estabilidad financiera de la Provincia tiene que seguir siendo atractiva para el mundo», concluyó.
La discusión en el recinto dejó en claro que el principal contrapunto no estuvo en la decisión de asumir el mantenimiento de las rutas —algo que hasta el peronismo avaló—, sino en el costo que deberá afrontar la Provincia y en cómo se financiará la recuperación de corredores que durante años estuvieron bajo jurisdicción nacional.
