El gobierno de Río Negro realizó este martes una reunión de trabajo para avanzar en el proceso de transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial. Durante el encuentro se definió la elaboración de un convenio marco que será elevado posteriormente a la Dirección Nacional de Vialidad (DVN) para su evaluación y eventual aprobación.
Conformación de una mesa técnica
La mesa de trabajo, realizada en Viedma, estuvo encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün. Allí se delinearon los aspectos legales, técnicos y financieros de la propuesta que la administración rionegrina presentará al Gobierno Nacional para asumir el manejo de las rutas 22 y 151.
Si bien la iniciativa contempla el traspaso de esos corredores viales, no se brindaron detalles sobre las condiciones específicas que planteará Río Negro para concretar el proceso. No obstante, el comunicado oficial señaló que la propuesta apunta a establecer esquemas de gestión claros y previsibles que permitan garantizar el mantenimiento y la mejora de las arterias.
En ese contexto, Grün explicó que el trabajo realizado permitió avanzar en una propuesta común. “Se van a definir los pasos para avanzar en la transferencia de las rutas nacionales a la provincia. Hubo definiciones del gobernador y ahora se avanzará en un convenio tipo que, obviamente, deberá ser aprobado por Nación”, indicó.
El funcionario agregó que Río Negro buscará fijar las condiciones bajo las cuales asumiría la mejora de los corredores viales.
Río Negro y las gestiones por las rutas
Aunque el gobierno de Río Negro mantiene conversaciones con Nación desde hace varios meses, el proceso de transferencia de las rutas nacionales todavía no muestra avances concretos. A comienzos de junio, Weretilneck y Echarren se reunieron en Buenos Aires con el administrador general de la Vialidad, Marcelo Campoy, para insistir en la necesidad de acceder a información técnica considerada clave para evaluar el estado de los corredores.
Entre los pedidos realizados por la Provincia figura la documentación vinculada a las obras inconclusas en el tramo de la Ruta 22 comprendido entre Cervantes y Cipolletti, además de datos actualizados sobre el tránsito vehicular.
“Necesitamos información sobre las obras pendientes y sobre el flujo de circulación, que hoy no tenemos. Son datos fundamentales para analizar cualquier esquema futuro de financiamiento o gestión de las rutas”, explicó diás atrás el ministro de Obras y Servicios Públicos a Literal.
Otro de los temas abordados fue la situación de los contratos de obra que permanecen abiertos. Según el ministro, la falta de definiciones por parte de Vialidad Nacional representa un obstáculo para avanzar en cualquier acuerdo de transferencia. “Necesitábamos saber qué resolución habían tomado respecto de esos contratos. Si el traspaso se firma y esos convenios siguen sin definirse, tampoco podríamos avanzar con las obras”, señaló. De acuerdo con el funcionario, las autoridades nacionales se comprometieron a buscar una solución en el corto plazo.
Una aparente poca voluntad
Más allá de esas gestiones, en la Provincia persiste la preocupación por la falta de avances en los proyectos ejecutivos para los sectores más deteriorados de la red vial. Uno de los casos señalados es el tramo de la Ruta 22 entre Cipolletti y Roca, donde las obras de ampliación quedaron inconclusas y el objetivo sigue siendo concretar una vía con dos carriles por sentido de circulación.
Sin embargo, Echarren advirtió que la capacidad operativa de Vialidad Nacional se vio afectada por la reducción de personal impulsada por el Gobierno nacional, lo que dificulta la elaboración de los estudios técnicos necesarios. “En principio les habíamos pedido que nos ayudaran a desarrollar el proyecto técnico. Después nosotros podíamos articular con los municipios y la comunidad para construir una propuesta consensuada. Pero vemos que todavía no hay demasiadas definiciones”, sostuvo.
El ministro también reconoció que Río Negro carece de la estructura técnica necesaria para desarrollar de manera autónoma un proyecto integral de esa magnitud. Según explicó, una planificación de esas características requeriría la contratación de consultoras especializadas. En ese contexto, dentro del Gobierno provincial comienza a ganar terreno la idea de evaluar alternativas propias si las definiciones nacionales continúan demorándose.
“En algún momento vamos a tener que tomar decisiones y buscar otro camino para resolver esta situación. Se necesitan recursos para reparar las rutas y también para desarrollar un proyecto ejecutivo que contemple el crecimiento y la dinámica que tiene hoy el Alto Valle”, concluyó.
