Sobre el filo del plazo legal, el gobierno de Río Negro presentó este viernes el proyecto de Presupuesto 2026 que abarca a la Administración Central, los Poderes del Estado, los organismos descentralizados y las empresas públicas. El documento, que ahora queda en manos de la Legislatura para su debate, proyecta un ejercicio superavitario y prevé un gasto total que supera los $3,3 billones para el año próximo.
En esta nota repasamos los puntos centrales del proyecto y cómo se distribuye el financiamiento entre las principales áreas de gestión provincial.
El análisis del contexto
El Ejecutivo inició su mensaje con un análisis de las condiciones macroeconómicas internacionales y nacionales. Señaló que la economía mundial atraviesa una desaceleración sostenida, afectada por tensiones comerciales crecientes. En ese sentido, evaluó que los países requieren políticas internas capaces de enfrentar una “incertidumbre prolongada, el aumento del proteccionismo y los shocks de oferta de trabajo”.
Asimismo, en uno de los apartados incluyó una advertencia sobre la cuestión climática y su impacto en un país agrario como la Argentina. Sostuvo que el fenómeno de La Niña podría desarrollarse a comienzos del próximo año, generando serias complicaciones en la producción de materia prima tanto en la región como en el país y la provincia.
A pesar del contexto global, ponderó que la Argentina mantuvo una fuerte recuperación iniciada a fines de 2024. Sin desconocer las herramientas aplicadas por el Gobierno Nacional para contener la inflación, la Provincia advirtió que, aún así, la economía “muestra dificultades para prolongar la mejora”.
“La incertidumbre introducida por las elecciones y el agotamiento expansivo del crédito —factores que estimamos en parte superados tras el resultado electoral— originó resultados no homogéneos en la actividad económica, con mayor expansión en el agro, la energía y las finanzas, y menor dinamismo en todo lo vinculado al consumo masivo”, expresa el documento de la “ley de leyes”.
El panorama al interior de Río Negro
Tras esa evaluación, la administración rionegrina avanzó en una férrea defensa de su política financiera. Afirmó que el Gobierno “consolidó una estrategia centrada en el ordenamiento fiscal, la eficiencia en la gestión y la modernización del Estado”. Sostuvo que los resultados económicos forman parte de un plan integral que “permitió recuperar capacidad de planificación y abrir nuevas oportunidades de desarrollo”.
En primer lugar, destacó el pago de los vencimientos del bono del Plan Castello, que redujo en un 39,41% el stock de deuda en moneda extranjera. Asimismo, señaló que si bien la deuda pública aún ronda los $400.000 millones —a valores de octubre—, cambió el enfoque en el uso de estos instrumentos.
“Sobre esta base de orden y modernización, la Provincia fortaleció su capacidad de gestión del financiamiento internacional. Se concretaron acuerdos de crédito con organismos multilaterales —CAF y Fonplata— para financiar obras estratégicas de infraestructura y programas de emergencia climática, logrando que la deuda provincial pase de instrumentos de corto plazo destinados a gasto corriente a financiamiento de largo plazo asociado al desarrollo territorial”, afirmó.
Por otro lado, el Gobierno resaltó las acciones impulsadas durante el último año y medio, caracterizadas por el ajuste en el área de gastos de personal. Informó que se auditaron horas extras, guardias y servicios tercerizados en Salud y Educación; que se revisaron convenios de transporte escolar y de provisión de alimentos; y que el Sistema de Precios Testigos se consolidó como una herramienta estructural para transparentar y objetivar las contrataciones públicas.
Asimismo, destacó que la recaudación de impuestos provinciales mostró una mejora considerable en comparación con los recursos tributarios nacionales. La variación interanual alcanzó el 27,1%, frente al 15,5% registrado en los ingresos federales.
Llamativamente, la Provincia también dedicó un extenso apartado a detallar las acciones realizadas este año con el sector retirado de la Policía, especialmente en relación con el pago de la deuda por zona desfavorable.
Los números
El proyecto prevé ingresos y erogaciones por $3,315 billones. De ese monto global, $1,75 billones se destinarán a la Administración Central y los poderes del Estado, mientras que otros $1,56 billones irán a organismos descentralizados y entes de desarrollo.
Dentro de la estructura de poderes, el Judicial vuelve a ser el más robusto —detrás del Ejecutivo—: se llevará $225 mil millones. Bastante más atrás aparecen la Legislatura, con $42 mil millones, y el Tribunal de Cuentas, que funcionará con un presupuesto cercano a los $7 mil millones.
En materia de financiamiento, la hoja de ruta es clara: la mayor parte de los recursos —unos $2,3 billones— provendrá del Tesoro provincial. A eso se sumarán $839 mil millones de recursos propios, $26 mil millones mediante créditos internos y otros $114 mil millones en créditos externos.
La proyección oficial indica que el sector público provincial contará con ingresos totales por $2,924 billones y erogará $2,909 billones a lo largo del año, lo que implica aumentos del 38% en los recursos y del 37,6% en los gastos respecto de 2025.
En el detalle fino, la Provincia espera percibir más de $2,8 billones en ingresos corrientes, frente a gastos corrientes que superarán los $2,7 billones. Ese margen deja un ahorro de más de $170 mil millones. A su vez, los ingresos de capital rondarán los $209 mil millones y los gastos de capital, unos $194 mil millones.
El Gobierno destaca especialmente este último rubro. Sostiene que la inversión tendrá un salto significativo —del 55% respecto a este año— y que una porción importante de las obras se financiará con rentas generales. Según el texto, eso representa un crecimiento del 89% en relación con el presupuesto 2025, un dato que busca subrayar la prioridad puesta en infraestructura.
Finalmente, el proyecto cierra con dos señales de equilibrio fiscal: para 2026, la Provincia espera un resultado financiero superavitario de casi $15 mil millones y un resultado financiero primario que se elevaría a más de $69 mil millones.
La deuda
En materia de endeudamiento, el proyecto también fija los límites y herramientas con los que contará la Provincia durante 2026. Se autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir cheques de pago diferido por hasta $24 mil millones a lo largo del ejercicio fiscal, un mecanismo que funciona como herramienta de administración de corto plazo.
Además, la ley habilita la posibilidad de tomar nuevas operaciones de crédito —ya sea con el Gobierno Nacional, con organismos internacionales, con entidades financieras o mediante emisiones propias— por hasta $90 mil millones. Estos recursos, aclara el texto, podrán destinarse a cubrir desequilibrios financieros, desarrollar proyectos de infraestructura, impulsar iniciativas de desarrollo económico o adquirir bienes de uso.
A esto se le suma la autorización aprobada días atrás en los montos de sobregiros por hasta $140 mil millones y la emisión de Letras por hasta $120 mil millones. Si bien técnicamente estas herramientas no constituyen deuda pública, lo pueden llegar a ser si no son pagadas dentro del ejercicio.
Detalle de gasto por organismo en la Administración Central y Poderes del Estado:
- Poder Judicial: $225.036.430.000
- Poder Legislativo: $42.111.100.000
- Tribunal de Cuentas: $7.840.000.000
- Fiscalía de Investigaciones Administrativas: $2.660.000.000
- Defensor del Pueblo: $2.270.000.000
- Ministerio de Educación y Derechos Humanos: $862.700.000
- Ministerio de Salud: $1.200.000.000
- Secretaría General: $8.800.000.000
- Jefatura de Policía: $284.484.544.615
- Ministerio de Seguridad y Justicia: $49.484.481.082
- Ministerio de Obras y Servicios Públicos: $107.314.665.669
- Contaduría General de la Provincia: $4.220.000.000
- Fiscalía de Estado: $5.195.000.000
- Obligaciones a Cargo del Tesoro: $830.956.381.831
- Gestión Administrativa Centralizada: $100.000
- Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo: $27.358.036.841
- Ministerio de Hacienda: $16.394.332.100
- Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura: $81.894.010.000
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo: $29.351.826.260
- Secretaría de Energía y Ambiente: $21.033.018.000
- Ministerio de Modernización: $1.798.417.115
- Secretaría de Asuntos Estratégicos y Planificación: $5.622.990.200
Detalle del gasto por funciones principales:
Seguridad
La función Seguridad tendrá un presupuesto total de $325.383.269.376, lo que representa el 11,18% del gasto total previsto para la Administración Central. Este monto contempla las partidas de la Policía de Río Negro, el Ministerio de Seguridad y Justicia y los programas asociados.
Salud
La función Salud dispondrá de $390.216.073.849, consolidándose como uno de los rubros de mayor peso dentro del esquema presupuestario. Incluye el financiamiento del sistema público, hospitales, centros de atención y programas sanitarios.
Educación
La función Educación será la más significativa del presupuesto provincial. Recibirá un total de $987.551.766.593. Este monto no solo cubre las acciones propias del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, sino también las actividades educativas que se desarrollan en otras jurisdicciones, como la formación de las escuelas de Policía, el IPAP y otros programas transversales.
Detalle del gasto por empresa pública y su variación interanual:
- ARSA (Aguas Rionegrinas S.A.): $43.392.907.754 +1094%
- Tren Patagónico S.A.: $14.225.692.839 +37%
- Canal 10: $4.071.814.052 +30%
- Transcomahue: $2.445.653.150 +57%
- EMFORSA: $269.802.252 +10%
- HIPARSA: $126.476.193 +11%
- PROFARSE: $100.000.000 –52%
El texto señala que el aumento de los fondos a ARSA corresponde a un adicional por costos de supervisión, control y pre-inversión asociados al inicio de las obras con fondos de la CAF y que apunta al ”el mejoramiento y la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento”. A finales de este año y comienzos del siguiente están previstas las licitaciones de varios planes directores de agua, como el de Roca.
En tanto, aclara que Tren Patagónico prevé el pago de más de un millón de dólares por la compra de una locomotora, quedando un saldo de 500 mil dólares para el ejercicio 2027.
