El 2025 dejó en Río Negro un saldo marcado por incendios forestales, convenios trascendentales, resultados electorales poco alentadores para el oficialismo y un quiebre político entre la conducción del Gobierno y la Presidencia de la Legislatura que aún no encuentra resolución. A un mes de que concluya el año calendario, en Literal nos proponemos evaluar las promesas formuladas por el Ejecutivo al inicio del período legislativo —cuando la administración provincial define su horizonte de expectativas para el ejercicio en curso— y repasamos cuáles se cumplieron, cuáles avanzaron parcialmente y cuáles quedaron sin resolución.
Cumplido:
Los incendios y la respuesta a la emergencia
El discurso del gobernador Alberto Weretilneck en la apertura del 54° período legislativo fue notablemente más extenso que el del año anterior. De los poco más de 45 minutos que empleó en 2024, pasó a casi tres horas de exposición para detallar el estado de la provincia y fijar la agenda de gestión.
Una parte sustancial de ese mensaje —aproximadamente un tercio— estuvo dedicada al incendio forestal que arrasó viviendas y cientos de hectáreas de bosque en la Comarca Andina, uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente de Río Negro. La intervención del mandatario se centró en transmitir acompañamiento a las comunidades afectadas y destacar las gestiones desplegadas durante la emergencia.
No fue casual que sus principales anuncios giraran en torno a la reconstrucción de las zonas alcanzadas por el fuego. Weretilneck garantizó la reparación de la red eléctrica en Mallín Ahogado, una obra valuada en unos siete mil millones de pesos, que ya se encontraba restituida en su totalidad hacia finales de marzo. También prometió la reconstrucción del centro de salud, cuyo contrato terminó firmándose apenas diez días antes de las elecciones del 26 de octubre.
La nueva obra se levantará en el mismo predio donde estaba el edificio original, destruido por los incendios de principios de año. Tendrá 379 metros cuadrados y contará con consultorios clínico, odontológico y ginecológico; sala de espera, enfermería, SUM, áreas de apoyo y espacios semicubiertos para el ingreso principal y de ambulancias.
“Si algo debe ser el padre nuestro en nuestra provincia es que el Estado no deja a ningún rionegrino atrás. Esta no es una provincia que deja a su gente en la calle”, afirmó el gobernador ante la Legislatura. En esa línea, anunció el depósito de $30 millones para quienes perdieron la totalidad de su vivienda y una ayuda de $15 millones destinada a las familias que sufrieron daños parciales.
Además, la Provincia informó que accedió a un préstamo de cinco millones de dólares para fortalecer el SPLIF. El financiamiento, gestionado a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), se terminó por efectivizar recién esta semana a través del Decreto 839/2025 del presidente Javier Milei. El dinero permitirá renovar equipamiento, incorporar vehículos especiales, sumar tecnología de pronóstico en tiempo real y ampliar la capacitación de brigadistas.
El foco en Energía
Otro tramo central del discurso estuvo dedicado a los proyectos energéticos que comenzaron a desplegarse en la provincia. En ese contexto, el gobernador hizo una pausa para referirse a las especulaciones que por entonces circulaban sobre el cobro de regalías por el desembarco del oleoducto Vaca Muerta Sur.
“Algunos medios dicen que a este gobernador se le ocurrió antojadizamente cobrar regalías de un día para otro. Pero quiero aclarar que la provincia puso como condición, desde el momento mismo en que se modificó la ley de exportación desde el golfo, una serie de requisitos impositivos. No somos improvisados. No cambiamos las reglas de juego. Estos proyectos significan sueños, utopías, transformaciones. Y les decimos a las empresas: no jueguen con los sueños de los rionegrinos”.
La letra chica del convenio se conoció semanas más tarde, cuando la Legislatura dio su aprobación —por amplia mayoría— a mediados de mayo. El acuerdo no se acercó al 1% que algunos sectores esperaban, pero garantizó un bono por única vez de 60 millones de dólares: un 5% destinado a obras en Sierra Grande y el resto distribuido de manera discrecional por el Gobierno provincial, pese a algunos pedidos para coparticipar esos fondos.
Según detallaron las autoridades, Río Negro recibirá alrededor de mil millones de dólares a lo largo de los próximos 13 años, en concepto de distintos cánones y tasas vinculadas al megaproyecto energético.
La Ley 80/20
Otro anuncio relevante del 1° de marzo fue el anticipo de la llamada Ley 80/20, una norma que finalmente sería aprobada en agosto por la Legislatura y que obliga al sector privado a garantizar una alta proporción de mano de obra local en el desarrollo de obras e infraestructura vinculadas a proyectos declarados de interés provincial.
“No vamos a permitir que nadie venga a trabajar a la provincia si antes todos los trabajadores rionegrinos no tuvieron la posibilidad de acceder a esos puestos. Vamos a ser inflexibles: primero, y hasta que no se agoten las vacantes para los rionegrinos, no va a trabajar nadie que no sea rionegrino. Lo mismo para las empresas. Puede ser que haya cosas que no podamos hacer, pero estoy seguro de que hay cientos de empresas que sí pueden llevarlas adelante”, había anticipado Weretilneck en su discurso.
Avance parcial:
La deuda, una problemática en ascenso
En aquel marzo, Weretilneck también destacaba la reducción de la deuda en dólares, tras el pago de un nuevo vencimiento del bono del Plan Castello, un hecho que volvería a repetirse en septiembre (junto con otros vencimientos de títulos). “Con el pago de la cuota del Plan Castello, la provincia habrá reducido un 33% su deuda en dólares”, celebraba entonces el mandatario.
Sin embargo, aunque efectivamente bajó el stock de deuda nominada en moneda extranjera, la deuda pública total de Río Negro no siguió la misma tendencia. Por el contrario, aumentó: pasó de 327 mil millones de pesos en febrero a 405 mil millones en octubre, según datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda.
Gran parte de ese incremento se explica por la toma de créditos con el Banco Patagonia. En los registros figuran dos compromisos principales: uno por 50 mil millones de pesos y otro por 6.450 millones.
A ello se sumó el reciente debate por las autorizaciones de Letras y sobregiros, un mecanismo que estuvo rodeado de controversia en la Legislatura. Si bien la normativa rionegrina no considera estas herramientas como deuda pública siempre que se cancelen dentro del mismo ejercicio en que se emiten, varios sectores de la oposición cuestionaron el manejo financiero del Ejecutivo. Tanto bloques del peronismo como referentes del PRO y de los libertarios votaron en contra, marcando su rechazo al modo en que el oficialismo administra las cuentas provinciales.
En Salud
El mandatario aseguró que se llevaría este 2025 un trabajo conjunto con los gremios para actualizar los convenios colectivos del sector sanitario. “Vamos a trabajar con los gremios en el ámbito de los convenios colectivos de salud, no para perjudicar a nadie, sino para que la legislación laboral refleje las inquietudes y demandas de los trabajadores”, afirmó.
En efecto, la Legislatura aprobó una reforma que modificó las leyes L Nº 1904, L Nº 3487 y L Nº 3550, y que flexibilizó el régimen de contratación de médicos en el sector público provincial. Desde ahora se podrá incorporar a profesionales de otras provincias y se exceptuará de incompatibilidades laborales a quienes posean otro empleo público.
También hubo convocatoria a la Mesa de Salud. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron: tras el último encuentro en julio, las reuniones se discontinuaron. Desde Asspur señalaron a este medio que, desde entonces, presentaron más de seis pedidos de audiencia al mandatario, que aún no tuvieron respuesta.
Donde sí hubo avances fue en la implementación de la historia clínica electrónica, junto con la receta digital, una ley a la que Río Negro terminó por adherir este año. Además, se fortaleció el recupero de deudas de las obras sociales con el sistema público. Hace unos días, la Provincia anunció que obtuvo un fallo judicial que le permitirá acceder a más de $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta adeuda a Salud.
En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones en concepto de morosidad con el sistema de salud estatal.
Pendientes:
«No hay municipios sin provincia, ni provincia sin municipios»
Dos debates que el Gobierno había anticipado para el corto plazo finalmente nunca se concretaron: la actualización de los índices de coparticipación provincial y la redistribución de las regalías petroleras.
”Muchos de las señoras y los señores intendentes plantean la aplicación del nuevo censo. Si una ley de coparticipación dice que los índices deben surgir, en parte, de la cantidad de habitantes, nosotros, en aras de un Estado previsible, de la seguridad jurídica y del aspecto institucional, tenemos que aplicar los nuevos índices”, afirmó el gobernador, en un pasaje de su discurso que generó satisfacción entre varios de los jefes comunales presentes aquel 1ero de marzo.
El reclamo por actualizar la distribución de impuestos no es nuevo, pero cobró fuerza durante el último año y medio, en un contexto de caída de recursos nacionales. Los municipios —muchos de los cuales crecieron aceleradamente en las últimas tres décadas— advierten que no reciben fondos acordes a las necesidades reales de sus poblaciones.
Frente a ese escenario, Weretilneck anunció que se actualizarían los coeficientes en función del Censo 2022, cuyos datos definitivos se difundieron el año pasado. Incluso instruyó a los ministerios de Hacienda y Gobierno para que la aplicación de los nuevos montos comenzara con las transferencias de abril.
Sin embargo, la modificación nunca se concretó y, según confirmó el Gobierno a este medio en julio, la Provincia continuaba liquidando los recursos con los índices vigentes basados en el Censo 1991, cuando la población total de Río Negro era de 506.772 habitantes.
La modificación del mapa de hidrocarburos
La discusión por las regalías petroleras también asomaba como un debate de alto voltaje político. Esperada por algunos intendentes y resistida por otros, prometía generar tensiones. Una de las oposiciones más firmes surgió desde Catriel: la intendenta peronista Daniela Salzotto había manifestado un rechazo tajante a una eventual modificación del esquema, ante el riesgo de un impacto directo en las finanzas del municipio, histórico productor hidrocarburífero de la provincia.
Weretilneck argumentaba que la matriz productiva había cambiado y que algunas localidades ya no producían como antes, mientras surgían otras que comenzaban a ganar peso. El debate estaba previsto para abril, pero nunca se abrió y terminó diluyéndose con el correr de los meses.
El plan de obras: en marcha
En materia de obra pública, no hubo demasiados flancos de crítica. La Provincia avanzó con el Plan 2023-2027, que incluía para este año la repavimentación de las Rutas 6 y 8. También se logró confirmar el crédito externo de 140 millones de dólares con la CAF, que permitirá financiar una serie de proyectos —varios de ellos próximos a licitarse— como el Plan Director de Agua de Roca, la mejora del acceso al aeropuerto de Viedma y de Bariloche, y distintas obras de ordenamiento vial, conectividad, ampliación de capacidad y seguridad en la calle Juan Perón, en Cipolletti.
Durante el acto inaugural de sesiones ordinarias, Weretilneck había anunciado la compra del equipamiento para el nuevo hospital de Bariloche, una obra que ya se encontraba en un 98% de avance en ese momento. Finalmente, hacia finales de octubre, las instalaciones comenzaron a habilitarse.
