El gobierno de Javier Milei oficializó esta semana los proyectos de ley elaborados por el Consejo de Mayo, el espacio interdisciplinario creado tras la firma del Pacto de Mayo y concebido como órgano asesor en políticas estructurales. Entre las iniciativas, organizadas en distintos ejes temáticos, apareció una con especial recelo para Río Negro: la exhortación a derogar las leyes de compre local o aquellas que establezcan requisitos de contratación de mano de obra provincial.
El planteo no pasa inadvertido para la administración de Alberto Weretilneck, ya que choca de frente con el discurso sostenido en los últimos años, centrado en el impulso a los proyectos energéticos y la generación de empleo para más rionegrinos. Incluso, el pedido de la gestión libertaria —que aún debe traducirse en un proyecto concreto— llega apenas cuatro meses después de la sanción unánime de la Ley 80/20, que fijó un piso del 80% de mano de obra local en los proyectos considerados estratégicos.
En esta nota de Literal analizamos lo que se conoce hasta ahora del planteo impulsado desde Nación y la respuesta desde Río Negro, en un momento clave de cambio en la matriz productiva de la provincia.
El anuncio
A diferencia del paquete de borradores vinculados a la reforma laboral y de las modificaciones a las leyes de Glaciares, de Bosques o al régimen de Zona Fría, la derogación de las leyes de compre y contrate provinciales aún no pasó de una propuesta preliminar. Fue, de hecho, el único ítem dentro del apartado “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país” que no incluyó un articulado concreto.
Los integrantes del Consejo de Mayo admitieron que todavía resta enviar el texto definitivo para precisar el alcance exacto de los cambios sugeridos. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio a entender durante la presentación del documento que no se tratará de una derogación automática, sino de una recomendación formal dirigida a las administraciones locales, dado que estas normas son facultad exclusiva de las provincias.
“Se va a proponer la eliminación de las leyes de compre provincial y de los topes de mano de obra local. Ante el boom de la minería, es imperioso que el mercado de factores funcione como un mercado único en todo el país, sin restricciones que terminan complicando la actividad”, sostuvo.
El análisis y la situación rionegrina
El informe del Consejo desarrolla un diagnóstico sobre la situación general de este tipo de legislaciones en el país, y allí Río Negro aparece mencionada de manera particular. Según los asesores, estas normas “encarecen los proyectos productivos y, en algunos casos, los vuelven directamente inviables”, motivo por el cual se transforman en un objetivo más del plan de desregulación.
Por un lado, el documento cuestiona las leyes de compre, que establecen preferencias para proveedores y productos locales en las contrataciones públicas. Aunque suelen presentarse como herramientas para “defender la producción local”, el Consejo sostiene que, en la práctica, “reducen la competencia, encarecen las compras públicas, distorsionan las decisiones de inversión y abren espacio a la discrecionalidad y al lobby”, con efectos que finalmente perjudican a los contribuyentes y frenan el desarrollo a largo plazo.
En Río Negro, el compre provincial rige desde hace décadas en el ámbito estatal a partir de la Ley 4.187, sancionada en 2007. Pero con la llegada de proyectos energéticos de gran escala, su alcance se extendió recientemente al sector privado. En agosto, la Legislatura aprobó un régimen de promoción y desarrollo de proveedores locales para la industria, destinado a fomentar la contratación de empresas rionegrinas en proyectos hidrocarburíferos, mineros, energéticos y en todas las iniciativas incluidas dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La fundamentación del Gobierno provincial destacó una serie de antecedentes que avalan este tipo de políticas. En primer lugar, aclaró que la Ley Bases no impide que las provincias regulen la contratación de proveedores locales. Además, recordó que la normativa hidrocarburífera de Río Negro obliga a las empresas a contratar, como mínimo, un 80% de trabajadores y proveedores radicados en la provincia. Desde 2014, los acuerdos de renegociación de concesiones y permisos de exploración incorporan la exigencia de que “todos los contratos incluyan, como mínimo, un 80% de mano de obra, proveedores y empresas de servicios locales”.
La Ley 80/20
En paralelo, las leyes que fijan porcentajes obligatorios de empleabilidad también fueron observadas por el Consejo de Mayo. “Aunque buscan garantizar que la inversión genere empleo local, en la práctica encarecen y rigidizan los proyectos, restringen la posibilidad de contratar perfiles especializados que no estén disponibles en la zona y, en contextos de baja oferta de trabajo calificado, pueden directamente impedir que iniciativas productivas viables lleguen a concretarse”, indicaron los integrantes del espacio.
Y añadieron: “Dada la escala de las actividades por emprenderse, no existe posibilidad alguna de que cada provincia pueda abastecer sus insumos con recursos propios ni cuenta, por sí sola, con la cantidad y diversidad de perfiles profesionales, técnicos y operativos necesarios para sostener iniciativas de alto impacto. Asimismo, estas restricciones reducen la posibilidad de atraer inversiones de mediana y gran escala, dado que obligan a las empresas a operar con mercados laborales artificialmente limitados y con estructuras de proveedores que no siempre poseen la escala, la experiencia o la certificación requeridas”.
Las críticas nacionales apuntaron expresamente a la Ley 80/20, sancionada también en agosto por la Legislatura rionegrina. La normativa —aprobada por unanimidad— otorga prioridad a la contratación de mano de obra local en obras y proyectos productivos considerados de interés público. Exige que al menos el 80% del personal tenga domicilio real y legal en la provincia y establece, además, un piso del 20% para la incorporación de mujeres y personas de género diverso.
La postura oficial y opositora
Consultadas por Literal, fuentes del gobierno de Río Negro optaron por el silencio y evitaron pronunciarse públicamente sobre la iniciativa nacional, a la espera de conocer la letra definitiva del proyecto de ley.
Desde la oposición local, en cambio, surgieron posturas diversas respecto a la pertinencia y el futuro de las leyes de compre y contrate provincial.
El diputado Sergio Capozzi (Provincias Unidas) expresó a este medio su rechazo frontal a este tipo de normativas, a las que calificó como “demagógicas”, marcando un contraste nítido con la posición de Provincia. “Estoy en desacuerdo con la Ley 80/20. De hecho, construimos un oleoducto, pero tuvimos que recurrir a empleados turcos por su especialización”, señaló en referencia a la contratación de trabajadores para el proyecto Vaca Muerta Sur.
El dirigente barilochense sostuvo además que la norma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y aunque reconoció que estas medidas pueden resultar funcionales en términos discursivos para los gobiernos provinciales, consideró que reflejan “falta de originalidad” para enfrentar contextos de escasez de recursos. “Hay que capacitar a los rionegrinos”, remarcó, sugiriendo que el eje debería estar puesto en fortalecer la especialización del mercado laboral.
Por su parte, el legislador Juan Martín (PRO), quien acompañó con su voto la reciente normativa, se mostró más moderado y planteó la posibilidad de un punto intermedio. “Creemos que hay que modernizar las leyes laborales e impositivas, pero esto no puede significar un retroceso para las provincias que ya tienen herramientas para captar inversiones. Hay que ver cómo se compensa con la ley nacional, para que lo que se gana por un lado no se pierda por el otro”, explicó. Consultado sobre si debería flexibilizarse el piso del 80%, respondió: “quizás”.
En el extremo opuesto se ubicó Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), quien defendió la legislación aunque advirtió sobre su escasa aplicación real. “Yo voy a defender siempre el trabajo y la industria rionegrina. Por eso es muy importante la Ley de Compre Rionegrino y la Ley 80/20. Pero lo dije en la comisión y lo sostuve en el recinto: en Río Negro nunca se cumplió”, cuestionó.
Además recordó que al votar en contra de la adhesión al RIGI planteó que, si se aprobaba, “después íbamos a quedar atados de pies y manos para poder poner cláusulas como el compre y la mano de obra rionegrina”.
El dirigente peronista también denunció que la Provincia, pese a reiterados pedidos de informes, aún no ha informado cuántos trabajadores rionegrinos participaron del oleoducto Vaca Muerta Sur, ni cuántas empresas contratistas y subcontratistas eran locales o foráneas. “De nada sirve tener megaemprendimientos si nuestra gente queda afuera del trabajo y nuestros empresarios no pueden ser parte”, concluyó.
