Un proyecto de ley presentado esta semana en la Legislatura de Río Negro volvió a poner en discusión el funcionamiento del Poder Judicial. La iniciativa propone eliminar las ferias judiciales de enero y julio, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de justicia durante todo el año y reducir las demoras en la tramitación de causas.
La fundamentación
La propuesta fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, integrante del monobloque Primero Río Negro. La abogada cipoleña también fue autora de la ley que derogó recientemente la tasa Sitrajur, que implicaba el cobro de un 2% al inicio de los procesos para financiar al gremio judicial.
En los fundamentos, Mansilla sostiene que la feria judicial “constituye una institución histórica que respondió, en su momento, a condiciones materiales, tecnológicas y organizativas hoy ampliamente superadas”. Bajo ese precepto, la legisladora plantea la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad a lo largo de todo el año, teniendo en cuenta que el Estado cuenta hoy con herramientas de gestión digital y sistemas de administración que permiten garantizar la prestación del servicio sin interrupciones prolongadas.
“Resulta esencial para asegurar el derecho constitucional de acceso a la justicia, evitando dilaciones indebidas que afectan tanto a ciudadanos como a empresas, trabajadores y al propio Estado. La paralización generalizada de plazos procesales durante varias semanas genera atrasos estructurales, acumulación de causas y una percepción social de ineficiencia que debilita la confianza pública en el sistema judicial”, sostuvo en el escrito.
Para Mansilla, la medida también permitiría corregir situaciones de privilegio, al considerar que gran parte del sector público y privado mantiene actividad durante todo el año.
Por último, el documento aclara que la eliminación de las ferias no afecta los derechos laborales del personal judicial. Por el contrario, y a modo de compensación, se propone un régimen de licencias ordinarias y especiales, organizado de manera escalonada y compatible con la continuidad del servicio de justicia.
Qué establece la ley actualmente
La iniciativa propone la modificación del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 5190. En su redacción actual, la norma provincial establece que el año judicial se inicia el 1ero de febrero de cada año y concluye el 31 de enero del año siguiente. Asimismo, prevé un receso anual dividido en dos períodos: uno de hasta treinta (30) días corridos, entre el 24 de diciembre y el 31 de enero, y un segundo receso de no más de doce (12) días, a mediados del año judicial.
Durante la feria no corren los plazos procesales, aunque los asuntos considerados urgentes son atendidos por los magistrados que designe el Superior Tribunal de Justicia (SJT). Entre esos casos se incluyen las medidas cautelares; las denuncias por la comisión de delitos de acción pública o dependientes de instancia privada; las quiebras y convocatorias de acreedores; los concursos civiles y las medidas derivadas de los mismos; las acciones y recursos de garantías individuales; y todos aquellos asuntos en los que la parte interesada justifique, de manera preliminar, la existencia de un riesgo cierto de pérdida de un derecho o de sufrir graves perjuicios si no se brinda una respuesta judicial oportuna.
En particular, se consideran urgentes las acciones de amparo, el cobro de remuneraciones por vía judicial, el cobro de créditos de carácter alimentario, las acciones derivadas del derecho de familia, las solicitudes y trámites que involucren a personas privadas de la libertad, así como los trámites vinculados a procesos electorales en curso.
En reemplazo del esquema vigente, Mansilla deja a disposición del STJ la conformación de un régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
El caso de San Luis
La referente de Primero Río Negro citó como antecedente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis, aprobada en noviembre pasado. Allí, la Legislatura puntana estableció un receso de dos semanas en enero y una semana a mitad del año judicial. Hasta entonces, el esquema contemplaba un mes completo de feria en enero y otros doce días corridos durante el invierno, como ocurre en jurisdicción rionegrina.
La nueva modalidad entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2026, otorgando un período de adecuación tanto al Poder Judicial como al ejercicio profesional de la abogacía.
