El gobierno de Río Negro declaró esta semana la emergencia hídrica en siete departamentos de la provincia, en un contexto marcado por la persistente baja de los caudales. La medida habilita al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a implementar acciones excepcionales para mitigar los efectos de la escasez, centradas principalmente en el monitoreo y control de acuíferos, así como en la preparación logística ante posibles escenarios extremos.
El trasfondo del anuncio
Para conocer el estado de situación y las líneas de trabajo en curso, Literal dialogó con Fernando Bodoira, director de Evaluación de los Recursos Hídricos del DPA, quien explicó que la decisión se apoya en un seguimiento técnico sostenido en el tiempo.
“La declaración que realiza el gobernador se hizo en base a un trabajo de análisis que veníamos realizando de forma permanente en el territorio. En función de eso planteamos la necesidad de evaluar la emergencia”, señaló el funcionario.
Según detalló Bodoira, todo 2025 fue clasificado como un año hidrológicamente seco a extraseco, con impactos particularmente severos en la zona cordillerana. En ese sector, los niveles de los lagos que alimentan los principales ríos y acuíferos no lograron recuperarse durante el invierno, período en el que se concentran la mayor parte de las precipitaciones.
La magnitud del déficit quedó en evidencia durante el verano: en enero se registraron mínimos de caudal propios de marzo, mes en el que habitualmente se alcanzan los valores más bajos del año, antes del inicio de la temporada de lluvias. “Con los datos que teníamos empezamos a advertir una señal de alerta: algunos cursos superficiales menores presentaban en enero valores equivalentes a los de marzo. Eso indica que el estiaje se estaba adelantando”, explicó Bodoira.
Y seguidamente agregó: “Antes de llegar a una situación límite, decidimos alertar y declarar la emergencia, para que la población esté en conocimiento y podamos empezar a trabajar de manera preventiva”.
Un fenómeno conocido
El ingeniero del DPA recordó que este proceso de bajantes pronunciadas no es nuevo y se viene manifestando, con distintas intensidades, desde 2010, con uno de sus puntos más críticos en 2021. No obstante, también hubo años de recomposición parcial, como ocurrió en 2023, cuando las crecidas de los ríos Neuquén y Colorado permitieron mejorar el nivel de los embalses.
El estado excepcional, establecido por decreto, tendrá una vigencia inicial de 180 días y alcanza a los departamentos Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta. Su continuidad estará estrechamente ligada a la evolución climática durante el inicio del otoño, cuando comienza el período húmedo en la región.
“En nuestra zona, la mayoría de los ríos nacen en la precordillera y la cordillera, donde el período húmedo comienza en otoño. Ojalá que esta emergencia dure lo menos posible y que las lluvias lleguen antes”, expresó Bodoira.
Más allá de la evolución inmediata, el personal técnico del DPA trabaja de manera coordinada con otros organismos —entre ellos la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC)— en el análisis de distintos escenarios, con el objetivo de definir las mejores decisiones de gestión tanto ante una eventual mejora como frente a una profundización del cuadro de escasez hídrica.
El plan de acción
Una resolución firmada por el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Gastón Renda, definió una serie de medidas extraordinarias orientadas a la gestión, regulación, control y protección del recurso hídrico, en el marco de la emergencia declarada. Entre las principales acciones previstas, el organismo podrá:
- Reordenar, restringir o suspender, de manera total o parcial y con carácter temporal, los usos de agua considerados no prioritarios.
- Establecer turnos de riego, reducciones de dotaciones, esquemas de distribución controlada y otras medidas operativas destinadas a optimizar el uso del recurso.
- Autorizar captaciones transitorias, relocalizar tomas de agua y habilitar soluciones alternativas de abastecimiento, cuando las condiciones técnicas lo justifiquen.
- Dictar disposiciones técnicas, operativas y administrativas de carácter excepcional, en función de la evolución del escenario hídrico.
- Intensificar las tareas de monitoreo, medición, inspección y fiscalización del uso del agua en todo el territorio alcanzado por la emergencia.
La resolución también pone especial énfasis en la promoción de acciones de concientización y comunicación pública, orientadas al uso responsable y eficiente del agua, como eje central de la estrategia durante el período de emergencia.
En ese sentido, el director de Evaluación de los Recursos Hídricos explicó que el objetivo principal es reducir al mínimo posible el impacto en la vida cotidiana de la población. “La idea es hacer todo lo posible para que el vecino lo note lo menos posible. Es probable que ya se perciba la bajante y que existan algunos inconvenientes, pero tratamos de mitigarlos”, señaló.
Como parte de esas acciones, el DPA avanza en un trabajo articulado con Aguas Rionegrinas (ARSA), comisiones de fomento, el Ente de la Línea Sur y delegaciones regionales, para reforzar la capacidad de reserva en localidades que no cuentan con tanques domiciliarios. Además, continúan las tareas de perforación y captación de agua en los sectores más alejados de las fuentes de agua.
El panorama para los valles
Actualmente, la declaración de emergencia hídrica provincial alcanza a siete departamentos. No obstante, las autoridades aclararon que el abastecimiento en los valles irrigados se encuentra garantizado, en particular el agua destinada al riego productivo.
Desde el DPA remarcaron, sin embargo, la necesidad de sostener el compromiso social con el cuidado y el uso racional del recurso, aun en aquellas zonas donde la situación hídrica no presenta, por ahora, restricciones operativas. Según indicaron, esta práctica debería mantenerse más allá de contextos críticos como el que se registra actualmente.
“El uso racional del agua debería ser una conducta permanente, estemos o no en emergencia. Es una responsabilidad como ciudadanos cuidar el recurso y no derrocharlo. El acceso al agua es un derecho, pero también conlleva la obligación de hacer un uso racional. Tenemos que ser solidarios”, concluyó el ingeniero Bodoira.
Las críticas de la oposición
En paralelo con el anuncio del Gobierno, referentes del peronismo salieron a cuestionar el alcance efectivo de la emergencia hídrica y advirtieron sobre una supuesta falta de planificación estructural en la gestión del recurso.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), quien reclamó que la medida sea acompañada por decisiones concretas y una planificación integral. “La emergencia es necesaria, pero no alcanza solo con anunciarla: hace falta planificación, control y decisiones responsables”, sostuvo.
En ese marco, pidió que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) también intervenga y dicte una resolución que limite el uso del agua para la generación hidroeléctrica, incluso en contextos de alta demanda energética. “No se puede usar más agua de la necesaria mientras nuestros productores y comunidades la están pasando mal. Si no hay agua para el pueblo y la producción, no puede haber prioridad para el negocio energético”, advirtió.
Delgado Sempé recordó además que en 2024 presentó un proyecto de ley para la creación de una comisión de investigación y análisis de factibilidad de acueductos para riego y consumo humano, denominado Plan Maestro de Riego de Río Negro. Según lamentó, la iniciativa —orientada a planificar un sistema integral de obras de captación y distribución de agua— no tuvo avances en el ámbito legislativo.
Las críticas también llegaron desde la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien cuestionó de manera directa al gobernador Alberto Weretilneck por la política hídrica provincial. “No se puede declarar la emergencia hídrica y al mismo tiempo entregar el agua a la minería y a intereses extranjeros”, sentenció.
Odarda fue tajante al señalar que la provincia atraviesa desde hace al menos 15 años una “emergencia hídrica estructural” y cuestionó que, aun en un contexto crítico, se hayan otorgado concesiones con impacto negativo sobre las fuentes de agua. “No se puede tolerar más el doble discurso: se declara la emergencia mientras se habilitan negocios que consumen y privatizan el agua”, afirmó.
En ese sentido, apuntó contra la habilitación del proyecto minero Calcatreu y el anuncio de más de 50 emprendimientos de extracción de oro, plata y uranio en los mismos departamentos donde el propio Gobierno reconoció la crisis hídrica. Según advirtió, el agua utilizada por la minería “sale directamente de las comunidades rurales y de los pequeños crianceros”.
