A casi catorce años de la sanción de la Ley Orgánica de Educación Nº 4.819, uno de los instrumentos previstos para evaluar el sistema educativo no se encuentra operativo. Se trata del Observatorio Permanente de la Igualdad y Calidad Educativa (OPICE), encargado de realizar diagnósticos sobre el estado de la enseñanza.
En ese contexto, una legisladora de la Coalición Cívica ARI impulsa ahora una reforma sobre su funcionamiento. En concreto, se solicita la aplicación de un esquema de evaluación cada tres años, capaz de dar tiempo para mejorar la calidad y confiabilidad de los resultados.
Falta de implementación
El proyecto ingresó esta semana a la Legislatura y es autoría de Daniela Agostino, presidenta de la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social.
La propuesta apunta a modificar el artículo 218 de la Ley Orgánica de Educación, que regula el funcionamiento del OPICE. Actualmente, ese apartado establece que el organismo debe elaborar evaluaciones diagnósticas anuales y recomendaciones orientadas a mejorar de manera permanente los niveles de igualdad y calidad del sistema educativo provincial.
Sin embargo, en la práctica esas funciones no se llevan adelante. El exministro de Educación, Marcelo Mango, señaló a este medio que el organismo llegó a constituirse formalmente en 2013, aunque tras su salida las funciones se fueron diluyendo.
De hecho, en 2018 el propio Mango, como legislador, presentó un proyecto para que el OPICE fuera puesto nuevamente en marcha. Más recientemente, en junio de 2024, la propia Legislatura aprobó un proyecto de comunicación impulsado por Agostino, en el que se solicitaba al Ministerio de Educación que avanzara con los pasos necesarios para la puesta en marcha del observatorio.
En los fundamentos de la nueva iniciativa, la legisladora advierte que, desde 2014, las políticas educativas del Gobierno rionegrino “no han mostrado coherencia” con lo establecido en el articulado, que prevé la creación de ámbitos representativos y democráticos —con participación del Estado y organizaciones especializadas— para evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos del sistema.
Para Agostino, el análisis del contexto escolar debe ser conjunto y participativo, y constituirse en una herramienta capaz de “reconocer logros y dificultades para mejorar y consolidar una educación de calidad para todos”.
Qué propone el proyecto
La propuesta de la parlamentaria se centra en una modificación de los plazos para la elaboración de informes de este organismo de supervisión. Actualmente, la ley establece que las evaluaciones deben hacerse de forma anual. Con la modificación se empieza a pensar más en el mediano plazo y establecer un periodo de tres años para la confección de los análisis.
Para Agostino, el plazo anual «resulta inviable debido a que los tiempos reales de los procesos educativos no son de cambio inmediato, requieren trayectorias sostenidas en el tiempo«. De esta manera, la autora considera que evaluar el sistema cada año arrojaría una fotografía parcial de la realidad.
«Una medición anual estaría sesgada por variables externas como contexto económico, conflictos etc. Podría generar resultados rápidos, priorizando indicadores superficiales obteniendo justamente lo contrario al enfoque integral que promueve la ley», señala.
En contrapartida, la legisladora expone que el tiempo trianual permite un análisis más integral, capaz de «observar procesos evolutivos pudiendo distinguir fluctuaciones coyunturales de cambios estructurales«.
Por último, Agostino expone su postura hacia el rol que debería cumplir el OPICE cuando se ponga en marcha. «Este observatorio debe funcionar como auditor que garantice los datos reales sobre deserción, repitencia y calidad de los aprendizajes reales. Y así estaremos en condiciones de sostener que igualdad educativa real, se consigue con calidad».
Sin reforma a la vista
En ese contexto, los cuestionamientos por la falta de organismos de control y evaluación de la calidad escolar resultan llamativos, sobre todo si se tiene en cuenta que hace apenas dos años el propio gobernador Alberto Weretilneck planteaba la necesidad de discutir una nueva ley de educación.
En agosto de 2024, el mandatario anunció que se preparaba ese debate, con el objetivo de actualizar el sistema a los nuevos tiempos. El foco, según planteó entonces, estaría puesto en el impacto del desarrollo tecnológico y en la formación vinculada a los grandes proyectos energéticos de la provincia.
“A quién se le ocurre seguir enseñando hoy con pizarrón y tiza, cuando todos los jóvenes se vinculan a través de la tecnología”, sostuvo Weretilneck en aquel momento.
En sus intervenciones, el mandatario planteaba la necesidad de discutir —e incluso plebiscitar— el modelo educativo, no solo en el presente sino con una proyección a cinco y diez años. En esa línea, tanto él como la exsenadora Mónica Silva coincidían en que, antes de cualquier reforma, era clave que los institutos de formación docente y las escuelas técnicas revisaran sus planes de estudio para adecuarlos a las nuevas demandas productivas, en sectores como el gas, el petróleo y el desarrollo marítimo de la costa rionegrina.
Sin embargo, nunca se presentó un texto base ni se fijaron plazos concretos para avanzar con la iniciativa, algo que más tarde reconocieron desde la propia cartera educativa. En ese momento, la Provincia se limitó a realizar convocatorias virtuales abiertas a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general para relevar opiniones.
A más de un año y medio de aquellos anuncios, el proyecto de nueva ley nunca ingresó a la Legislatura.
Desde Unter señalaron a este medio que tampoco registran avances significativos en esa dirección. No obstante, advierten que la posibilidad de una reforma del sistema educativo sigue latente y podría convertirse en una de las próximas metas de la gestión provincial.
La conducción gremial anterior ya había expresado reparos frente a esa propuesta, al advertir que eventuales cambios en el sistema podrían encubrir un intento de “ajuste”.
