El debate por el estado de las rutas en Río Negro sumó esta semana un nuevo giro político: el destino de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), cuyo 26% de la recaudación debería destinarse al mantenimiento de la infraestructura vial. Mientras el gobernador Alberto Weretilneck respaldó un proyecto de ley que propone que las provincias administren una parte de esos recursos, su vice, Pedro Pesatti, y el legislador Juan Martin cruzaron declaraciones sobre el caudal de fondos efectivamente recibidos por Río Negro.
Piden gestionar los fondos para el mantenimiento de las rutas
Weretilneck participó este lunes de un encuentro con mandatarios provinciales en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires. Durante la reunión de trabajo se acordó impulsar un proyecto de ley para redefinir la distribución del ICL, con el objetivo de lograr una asignación “más equitativa de los recursos nacionales, en un contexto económico complejo”.
La iniciativa propone derogar el Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), creado por el Decreto 976/01, que actualmente se financia con el 26% de la recaudación del ICL, así como también eliminar otros fondos fiduciarios alimentados por el mismo tributo. En su lugar, las provincias buscan establecer un nuevo esquema de distribución: el 48% de lo recaudado quedaría bajo administración de Nación y el 52% sería transferido a las provincias, según el índice de coparticipación federal.
“Lo que estamos planteando es sentido común: que los recursos que se generan en todo el país se distribuyan con criterios más justos, para que cada provincia pueda responder a las necesidades de su gente. Es tiempo de avanzar hacia un federalismo real, con autonomía y responsabilidad”, expresó Weretilneck al finalizar el encuentro.
El motivo del proyecto
El Fondo de Infraestructura de Transporte es un punto de fricción habitual entre Nación y las provincias, en especial por la situación de las rutas nacionales. Según la normativa vigente, estos fondos deberían destinarse a obras de infraestructura vial y de transporte: rutas, autovías, accesos, caminos productivos y mejoras logísticas.
Sin embargo, las críticas se centran en la falta de transparencia y la discrecionalidad en la asignación de estos recursos. Actualmente, las provincias no reciben los fondos de forma automática ni de libre disponibilidad: deben presentar proyectos que luego deben ser aprobados por Nación. Esto ha generado reclamos de gobernadores que exigen mayor autonomía y participación en la gestión de los recursos que surgen de los impuestos cobrados en sus propios territorios.
¿Vuelven los fondos del impuesto a los combustibles?
El vicegobernador Pedro Pesatti, en línea con el mensaje del oficialismo provincial, salió el fin de semana a reclamar por el retorno de los impuestos pagados por los contribuyentes rionegrinos. Según manifestó, durante 2024 la provincia aportó cerca de $16.000 millones en concepto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
“Son recursos que salieron de acá, de Río Negro, se fueron a Buenos Aires y no volvieron. Tenían que volver en viviendas sociales, en mantenimiento de rutas. No vuelven. Eso no es federalismo, es cualquier otra cosa”, afirmó Pesatti con tono crítico.
«Sin ánimo de criticar»
En respuesta, el legislador Juan Martin (PRO) puso en duda los datos expuestos por el vicegobernador. A través de su cuenta en X, señaló que solo el 10,4% de lo recaudado por el ICL queda en manos del Tesoro Nacional, mientras que el resto se distribuye a las provincias de forma directa —mediante coparticipación o régimen vial— o de forma indirecta, a través de distintos fideicomisos.
Para sustentar su argumento, Martin citó datos del Análisis Fiscal 2024 de Río Negro, elaborado por el Ministerio de Hacienda provincial, donde se especifica que los ingresos por ICL ascendieron a $19.639 millones. En particular, para obras de infraestructura vial se registraron transferencias por $1.688 millones, lo que representa un incremento del 420,72% respecto a 2023, cuando se habían percibido $324 millones.
“O sea, no es cierto que no vuelve nada: las partidas relacionadas al impuesto a los combustibles son de las que más se incrementaron entre 2023 y 2024, todas por encima del 400% interanual”, remarcó el legislador.
Además, Martin recordó que el propio presupuesto provincial estima para este año recursos vinculados al ICL destinados a organismos como el IPPV, Vialidad Rionegrina y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
“Lo que sí vale la pena es reflexionar sobre por qué Pedro Pesatti dice algo que no se corresponde con las cifras que publica su propio gobierno. ¿Está mal informado o es por otra cosa? Y esto no tiene ánimo de criticar a nadie, es la verdad de lo que está sucediendo”, concluyó.
Rutas: emergencia y más emergencia
En paralelo a la discusión por los fondos para el mantenimiento de rutas, el diputado nacional Martín Soria (UP) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial en Río Negro por un plazo de 36 meses. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de sus pares Pablo Todero (Neuquén) y Nancy Sand (Corrientes).
El texto propone que, durante el período de emergencia, el Distrito 20 de Vialidad Nacional lleve adelante una serie de acciones prioritarias: relevar el estado de las rutas nacionales, ejecutar un plan de mantenimiento y reparación que establezca prioridades, y avanzar en obras de ampliación, como la incorporación de terceros carriles en vías de tránsito medio y la mejora del estándar de seguridad en rutas de doble mano.
“La situación es crítica. No se trata de hechos aislados ni de una coyuntura puntual: estamos frente a un colapso progresivo del sistema vial, como resultado de una política deliberada de desinversión, abandono y ajuste estructural”, sostuvo Soria.
El exintendente de Roca —protagonista en su momento de la paralización de la obra de ampliación de la Ruta 22— aprovechó la presentación para cuestionar la decisión del Gobierno nacional de frenar la obra de la autovía.
“Esta emergencia vial no es ajena a lo que sucede a nivel nacional. Es el resultado de un ajuste fiscal brutal, que castiga a las provincias y desmantela capacidades del Estado”, finalizó el legislador rionegrino.
