La disolución de organismos relacionados al transporte, impulsada por el gobierno de Javier Milei, dio paso a una inédita reestructuración de la administración pública nacional. En Río Negro, ese proceso comenzó a tomar forma. Sin embargo, y para tranquilidad de los 150 empleados del Distrito 20 de la ahora extinta Vialidad Nacional, las funciones y tareas continuarán desarrollándose con normalidad. ¿Cómo avanzará esta transición y qué lugar tiene el amparo presentado días atrás por la administración rionegrina?
La nueva organización de la extinta Vialidad Nacional
El decreto 461/2025, publicado esta semana en el Boletín Oficial, determinó la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
En reemplazo de la ANSV, se creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este nuevo organismo tendrá a su cargo la fiscalización integral de las concesiones del transporte terrestre urbano, suburbano y ferroviario en todo el país. En tanto, las competencias en materia de vialidad fueron transferidas al Ministerio de Economía.
El proceso legal de reorganización de las dependencias estatales comenzó esta semana. No obstante, los procesos demandarán tiempo, por lo que el organigrama final se conocerá con el correr de las semanas.
Las obras siguen en marcha
”Las funciones, los cargos y las tareas que desempeña el organismo continúan vigentes hasta que se defina el nuevo organigrama”, afirmó Enzo Fullone, quien mantiene su cargo como jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, en diálogo con Literal.
Según explicó, los cambios no serán drásticos para el distrito que dirige desde 2023. En ese sentido, destacó que ya venían trabajando en una reestructuración interna, enfocada en la optimización del personal y la eficiencia operativa.
“Cuando comenzó esta gestión, había 165 agentes y hoy son 150. Es algo histórico que un nuevo gobierno no haya incrementado la masa salarial. Actualmente, Río Negro, por cantidad de kilómetros atendidos, es uno de los distritos más eficientes”, aseguró.
A continuación, puso el foco en la situación a nivel nacional: “El mayor problema lo tiene Buenos Aires”, advirtió. Según Fullone, los impactos más profundos de la reestructuración se darán en la administración central, donde confluyen las principales áreas técnicas y jerárquicas del organismo.
Fullone fue también el encargado de dialogar con el personal de Vialidad en la provincia para transmitir tranquilidad ante el proceso de reestructuración. Además, garantizó la continuidad del operativo nieve en la región cordillerana y confirmó que se mantendrán las obras y tareas programadas, entre ellas la finalización de la rotonda de Choele Choel y los trabajos de conservación sobre las Rutas 22 y 151.
En ese sentido, anticipó que en septiembre comenzará un nuevo operativo de bacheo con asfalto en caliente, enfocado en mejorar las condiciones de circulación en distintos tramos deteriorados del Alto Valle.
Quién será el encargado de la privatización de las rutas en Río Negro
Con las nuevas disposiciones, las funciones viales serán dividas en dos grandes ámbitos temáticos, ambos dependientes de la Secretaría de Transporte de la Nación. Por un lado, el personal más administrativo se encargará de la licitación y planeamiento de obras, mientras que el otro saldo restante estará abocado a mantenimiento y fiscalización.
«Lo que se busca es tener distintas autonomías entre el hace el pliego de obras y la licitación, del área que supervisa y certifica la obra. Hasta ahora Vialidad se encargaba de toda la cadena. Con esto habrá más transparencia y mayor agilidad«, explicó.
Por otro lado, la flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte será la encargada de definir —en un futuro— la concesión de las rutas nacionales que atraviesan Río Negro. Según pudo confirmar este medio a través de fuentes oficiales, el esquema de privatización prevé un traspaso escalonado de traspaso a operadores privados, que financiarían obras de mejora mediante el cobro de peajes. En una primera etapa se priorizarían corredores estratégicos como la Ruta 22, la 151 y el futuro camino por la barda norte. En fases posteriores, también se incluirían obras sobre la Ruta 23 y tareas de mantenimiento en las Rutas 251 y 3.
La inversión total estimada para este paquete de obras oscilaría entre los 350 y los 400 millones de dólares, que ingresarían a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto se encuentra hoy bajo análisis técnico y jurídico, aunque todavía no hay fecha definida para su licitación. El avance definitivo de este plan privatizador está atado a la finalización de los múltiples contratos de obra vigentes, los cuales podrían concluir para finales de 2025.
El amparo del gobierno de Río Negro y su continuidad
El Gobierno de Río Negro oficializó el viernes pasado una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para exigir al Gobierno nacional la urgente reparación integral de la Ruta Nacional 151, en el tramo de 150 kilómetros que une Cipolletti con el límite con La Pampa. La presentación busca que Vialidad Nacional retome de forma inmediata las tareas de mantenimiento, repavimentación y señalización, frente al grave deterioro que presenta ese corredor vial.
Llamativamente, la medida judicial excluyó a la Ruta 22, otro de los trazados estratégicos que en reiteradas ocasiones fue objeto de reclamos por parte de la Provincia y de los municipios del Alto Valle. Desde el Ejecutivo rionegrino explicaron a este medio que la situación de la 22 es “mucho más compleja” que la de la 151, dado que aún permanecen activos diversos contratos de obra. Por ese motivo, se optó por avanzar con acciones legales diferenciadas.
En ese contexto, las autoridades provinciales señalaron que el próximo paso dependerá de la respuesta que adopte el Gobierno nacional ante el amparo ya presentado.
Por su parte, Fullone cuestionó la presentación judicial y aseguró que la medida carece de sustento, dado que –según afirmó– ya se vienen realizando tareas de mantenimiento y conservación en el tramo cuestionado. “La judicialización no modificó en nada el plan que ya teníamos previsto. Este anuncio de la Provincia fue netamente político”, expresó el funcionario.
