La causa penal por presunto peculado contra el intendente de Allen, Marcelo Román, salió de la reserva parcial. La investigación comenzó el mes pasado, a partir de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas, y derivó en una explosiva contienda política que puso en jaque al primer jefe comunal libertario de Río Negro. Literal accedió a información relevante de un proceso que aún tiene un elemento clave perdido: el teléfono celular que la intendencia habría cedido al empresario mediático Sebastián Ocampo.
Cómo inició la causa
El caso tomó estado público a mediados de julio cuando agentes de la Brigada de Investigaciones de la Policía realizaron allanamientos simultáneos en distintas propiedades de Ocampo, propietario de Radio Terapia, un medio de comunicación que —según se presume— habría servido como plataforma electoral y de respaldo político a la gestión del actual mandatario.
El operativo se llevó a cabo con estricto hermetismo por parte de las autoridades. “La investigación se encuentra en una etapa inicial y, para garantizar el éxito de las medidas, no se brindarán mayores precisiones”, señalaron entonces desde la Fiscalía a este medio.
La denuncia que derivó en los procedimientos y en el posterior requisado de dependencias municipales ingresó antes de la feria judicial. El Tribunal de Cuentas acusó a Román del delito de peculado, y a Ocampo de usurpación de autoridad y participación en peculado.
Las acusaciones
Según la presentación del órgano de contralor, el intendente habría entregado a Ocampo —quien no posee funciones oficiales y se desempeñaría como asesor externo— un teléfono celular abonado con recursos de la administración local, lo que implicaría una malversación de fondos. El uso de este dispositivo se habría extendido desde abril de 2023 hasta la actualidad. Además, se indica que el empresario mediático ejercía tareas en el Ejecutivo sin contar con un nombramiento formal dentro del organigrama municipal.
La denuncia penal se sustenta en declaraciones de la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morell, quien renunció en abril en medio de un fuerte enfrentamiento con la gestión municipal. En ese momento, mantuvo reuniones con integrantes del Tribunal y con concejales de la oposición.
“Fue entonces cuando escuchamos por primera vez el nombre de Ocampo en boca de alguien del Ejecutivo. Ahí nos enteramos de que tenían hasta fotos de nuestras casas”, relató la concejal Marta Crespo (JSRN) a este medio, semanas antes de que estallara el escándalo.
La posición de Román
La fiscal María Celeste Bennati solicitó a la jueza de la causa la reserva parcial del legajo mientras se realizaban entrevistas a funcionarios y trabajadores de la comuna. El secreto del expediente se extendió por diez días, plazo que venció ayer.
Literal dialogó con el abogado Matías Rubio, quien, junto a su par Fernando Ramoa, asumió la defensa técnica del intendente. El letrado señaló que recién ayer pudieron acceder particularmente a las declaraciones efectuadas por la exfuncionaria Morell y el exjefe de Gabinete, Benjamín Marín, quien renunció días atrás.
Rubio remarcó la “entera disposición” de Román para el esclarecimiento de la causa y aseguró que su defendido niega los hechos denunciados. El jefe comunal explicó que mantiene con Ocampo una relación de “confianza” y que este oficiaba como asesor externo ad honorem, sin percibir remuneración. También rechazó cualquier vínculo formal con la municipalidad, asegurando que Ocampo no tomaba decisiones en nombre del Ejecutivo.
Según el abogado, el vínculo entre Román y Ocampo comenzó por “su llegada a la comunidad y el conocimiento profundo de la realidad de Allen”.
Falta de registro
De acuerdo con la defensa de Román, el intendente solicitó el inicio de una investigación interna para determinar de dónde salió, cuál fue el recorrido durante estos años del celular en controversia y qué ocurrió finalmente con el dispositivo, que sería de la marca Samsung Galaxy. Paradójicamente, el celular sigue sin aparecer, ya que no fue hallado durante los allanamientos.
“Existió la compra de un teléfono que no fue por los medios que se tendrían que haber utilizado”, comentó el defensor.
La compra de un bien o servicio debe partir de un pedido de abastecimiento, que luego es analizado y, de ser aprobado, el área de Cuentas municipal autoriza la compra. Una vez cumplidos esos pasos, se libera el pago y se concreta la adquisición, que debe asignarse a un área y a un funcionario determinado. Al recibirlo, el beneficiario debe firmar un comodato.
De acuerdo con la investigación interna, ese proceso no se realizó, o al menos no figura en los registros del municipio. Funcionarios admitieron que, en ocasiones, por razones de urgencia, primero se efectúa la compra y después se completan los trámites administrativos.
La municipalidad de Allen tiene antecedentes en este sentido. A principios de este año, por ejemplo, se denunció que Román había dejado acéfalo el municipio durante sus vacaciones, ya que no había nombrado a un reemplazo interino. El caso salió a la luz tras una visita del Tribunal de Cuentas, que no encontró el hecho documentado en el libro de actas. Finalmente, el oficialismo difundió la resolución durante una sesión del Concejo Deliberante y reconoció un retraso derivado del receso estival y de un “error humano”.
La línea de investigación: dónde está el teléfono
“Tampoco hay una asignación específica de ese teléfono. Hay algunos registros internos donde aparece un número que sería el que utilizaba el aparato y que figura como asignado a la Jefatura de Gabinete, pero sin mayores datos. Para nosotros es importante determinar quién tenía a cargo la gestión de los teléfonos, quién los compraba y cómo se perfeccionaba ese contrato. Es clave establecer las funciones y obligaciones de quien debió haber controlado la compra”, precisó el letrado.
En paralelo, se conoció que el teléfono en cuestión aún no pudo ser recuperado. Según trascendió, las autoridades judiciales solicitaron el dispositivo a las personas que testigos señalaron como sus tenedores, pero estas aseguraron no contar con él. Ahora resta un procedimiento más complejo de rastreo, que deberá ser requerido a las empresas prestadoras del servicio de telefonía.
