Tras el escándalo judicial por la denuncia de presunto peculado, el municipio de Allen se encuentra envuelto en una nueva polémica debido a su situación financiera acuciante. Esta semana, el intendente Marcelo Román intentó limar asperezas con el gobernador Alberto Weretilneck en miras de hacerse de algún tipo de acompañamiento provincial. Sin embargo, los resultados del encuentro no fueron favorables, y crecieron los rumores sobre una posible declaración de emergencia económica.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas difundió datos preocupantes sobre el estado de las cuentas municipales. En esta nota de Literal comparamos esos montos con el balance oficial y recordamos un antecedente histórico.
Qué se sabe de la declaración de emergencia en Allen
La sesión del Concejo Deliberante de este jueves estuvo marcada por la presencia de referentes gremiales. El sector que representan a los trabajadores estatales reclama desde hace semanas mejoras salariales y de las condiciones laborales, en medio de algunas denuncias por presunto maltrato al interior de algunas dependencias municipales.
Sin embargo, la presencia sindical en el recinto tuvo un objetivo específico: conocer cuál será la postura de los concejales ante un posible proyecto de emergencia económica.
Los trabajadores temen las posibles consecuencias de esta medida, que comenzó a tomar fuerza tras la visita de Román a Viedma. Una declaración de este tipo podría otorgarle facultades especiales al Ejecutivo para enfrentar la crisis, incluyendo, entre otras medidas, eventuales recortes de personal.
Los concejales, principalmente del arco opositor —ante el llamativo silencio de los tres ediles que responden al jefe comunal libertario—, optaron por la cautela y evitaron fijar postura. Argumentaron que al desconocer el contenido de la supuesta norma se encuentran imposibilitados de emitir una opinión anticipada.
Sin embargo, el cuerpo deliberativo sí aportó datos sobre las arcas municipales, a raíz de una contestación del Tribunal de Cuentas a un pedido de informes. «Esperamos que la información brindada sirva de apoyo para un planteo real de la situación en el cuerpo deliberativo y la posterior elaboración de medidas que lleven a la resolución de los conflictos presentes que entorpecen el funcionamiento de la vida institucional», señalaron desde el órgano de contralor en su contestación al Concejo.
El abultado costo de la Fiesta de la Pera, la pauta y las asesorías
El balance reveló que entre los ingresos totales de la municipalidad y los gastos de personal existe una diferencia cercana a los 18 millones de pesos, una cifra que, según remarcaron algunos ediles, imposibilita garantizar un funcionamiento eficiente del Estado. Y ni hablar de la ejecución de obras.
En concreto, los datos indican que los ingresos totales hasta junio ascendieron a $1.387.045.697,43. Se evidencia que $510 millones provinieron de la coparticipación provincial, otros $404.790 millones de la coparticipación nacional y $477.040.906,54 de recursos propios, como el cobro de tasas municipales.
En contrapartida, el 98,73 % de los recursos se destinaron al pago de sueldos. En junio, el gasto de personal fue de $1.369.423.513,14. Si se considera el medio aguinaldo, la situación se vuelve más preocupante: el total comprometido para los agentes llegó a $2.025.057.962.
De acuerdo con los datos del Tribunal de Cuentas, la planta municipal a junio estaba conformada por 209 empleados funcionarios y contratados, y 214 trabajadores en planta permanente.
En cuanto a la deuda con proveedores, la cifra asciende a $2.926.146.996,14, aunque se trata de valores aproximados debido a la existencia de descuentos.
Gastos exorbitantes
Lo que más generó resquemor entre los presentes fue el gasto municipal en publicidad: la pauta oficial alcanzó los $34.548.568,10. Un dato relevante si se considera el vínculo de la gestión de Román con un empresario de medios que también resultó investigado penalmente.
Por otro lado, el municipio también efectuó gastos en asesoría por un monto nada despreciable de $58.130.226.
Quizás lo más llamativo fueron los montos destinados a festejos locales y el desmesurado incremento de un año a otro. Por ejemplo, la Fiesta de la Pera demandó en 2024 un costo de $14.405.675; este año, ese monto trepó hasta los exorbitantes $576.113.095. Esta cifra representa un aumento del 3.899,21 %, muy por encima del acumulado del 122,54 % de inflación registrado entre enero de 2024 e igual mes de 2025.
En cuanto al festejo por el aniversario de la ciudad, realizado a fines de mayo, se destinaron $35.362.030 para el desfile protocolar y $251.261.879 para la fiesta musical.
«Se está hablando de emergencia económica y acá todavía no han llegado los balances para saber dónde estamos parados. A partir de este informe me quedé mudo, porque entre el ingreso y el egreso nos quedan apenas 18 millones, y esos deberían destinarse a obras e infraestructura. Como todos sabrán, para un municipio es ínfimo. La situación es demasiado grave. El presupuesto, a simple vista, muestra que solo queda un 30 % en ejecución… y nos restan seis meses todavía», señaló el concejal Guillermo Pennesi (JSRN) tras conocer los datos.
Los números oficiales
El balance municipal al 30 de junio, presentado por la Tesorería y visible desde la web municipal, muestra cifras diferentes a las publicadas por el Tribunal de Cuentas. Según el Ejecutivo, el período se inició con un saldo favorable de $1.251.596.499,12, a lo que se sumaron ingresos totales por $895.924.597,02, de los cuales la mayor parte provino de tributos locales, unos $771.669.897,60. No obstante, el informe no menciona ingresos provenientes de la coparticipación.
En cuanto a los egresos, los números del Ejecutivo se encuentran muy por debajo de los comunicados por el Tribunal. Según el balance, las erogaciones de ese mes totalizaron $320.636.253,92, de los cuales casi un 95 % se destinó a personal.
De acuerdo con este balance, el saldo final fue positivo, alcanzando $1.826.884.842,22, lo que refleja un supuesto incremento de aproximadamente $575 millones.
Allen y la emergencia: un antecedente directo
“No lo vamos a permitir”, advirtieron desde ATE ante la posibilidad de que se declare la emergencia económica. El personal municipal teme que esta medida derive en recortes o en el pago de salarios en cuotas. En ese sentido, recordaron situaciones vividas durante gestiones anteriores, en las que —aseguran— atravesaron momentos de extrema dificultad.
Además de la emergencia declarada por muchos municipios durante la pandemia de COVID-19, Allen cuenta con un antecedente directo ocurrido a comienzos de este milenio.
Entre inicios de 2003 y finales de 2004, durante la gestión de Carlos Sánchez, la comuna declaró el estado de emergencia económica, financiera y administrativa. La decisión generó en su momento fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El conflicto se profundizó cuando se supo que la medida había sido publicada en el Boletín Municipal a través de una resolución, pese al rechazo previo del Concejo Deliberante y a las denuncias que este organismo había presentado ante el Tribunal de Cuentas.
En aquella oportunidad, la ordenanza no contemplaba recortes salariales ni imponía límites directos al gasto o a la administración de las cuentas municipales. Su objetivo era encontrar mecanismos para resolver una abultada deuda judicial que arrastraba la comuna. De hecho, le brindaba a las autoridades herramientas para negociar con los acreedores.
La norma establecía adhesiones a varias leyes provinciales vigentes en aquel momento. En uno de sus puntos, disponía hacerlo “a los términos del decreto de la ley 9 de 2002”, que autorizaba la emisión de certificados de deuda pública denominados Bonos Garantizados de Deuda Pública (Bogar) para tramitar la deuda.
En ese contexto, el jefe comunal quedaba facultado para iniciar acciones judiciales o extrajudiciales, realizar quitas, firmar convenios de pago y llevar adelante todo tipo de negociaciones para encaminar el pago del pasivo municipal. La ordenanza también fijaba como meta mantener el equilibrio fiscal de la comuna.
