El desembarco oficial de Uber en el Alto Valle obligó a iniciar un debate anhelado por la ciudadanía, pero que la política postergó: cómo habilitar y regular las plataformas de transporte de pasajeros. Neuquén ya dio el paso con su marco normativo, pero en Río Negro la resistencia, los intereses particulares y la falta de una definición marcan el ritmo.
¿Cómo avanzan los proyectos de regulación en los Concejos Deliberantes? ¿Está la provincia debatiéndose entre el progreso y el atraso?
Regina inicia el debate
El proyecto de regulación de plataformas digitales de transporte ingresó formalmente este martes al Concejo Deliberante de Regina. La iniciativa fue presentada por el concejal del PRO, Rodrigo Durán, y apunta a establecer un marco normativo similar al que rige hoy para los taxistas que operan en la ciudad.
Según su fundamentación, la norma busca “garantizar seguridad, transparencia y equidad tanto para los usuarios como para los conductores”, a través de reglas “claras” y en condiciones de “igualdad de requisitos y derechos”.
“Tenemos un bache legislativo, tanto acá como en muchas ciudades. Las plataformas ya están trabajando de manera ilegal en Regina: no pagan absolutamente nada y pasan por encima de nuestra autonomía. Según la Carta Orgánica, tenemos la atribución de controlar el transporte de personas. Por eso presentamos este proyecto”, explicó Durán en diálogo con Literal.
El esquema propuesto sigue los lineamientos de la ordenanza aprobada en junio en Neuquén capital. Por ejemplo, el artículo 3 crea un Registro Municipal de Plataformas de Transporte (RMPT), en el que deberán inscribirse todas las empresas o personas jurídicas que pretendan operar bajo esta modalidad.
Las compañías como Uber deberán presentar su estatuto o contrato social y CUIT, constituir domicilio legal en Regina, designar un representante legal, acreditar cumplimiento fiscal y tributario, y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra a usuarios y terceros.
En paralelo, los conductores deberán contar con licencia de conducir profesional vigente, certificado de antecedentes penales, libre deuda de infracciones municipales y seguro automotor para transporte de pasajeros.
Los vehículos no podrán superar los siete años de antigüedad, deberán tener la revisión técnica vehicular al día, estar radicados en Río Negro, estar registrados a nombre del conductor o de un familiar directo, y exhibir la identificación digital provista por la plataforma.
Al igual que en otras ciudades del mundo, la normativa permitiría que titulares de licencias de taxis y remises ya habilitados puedan brindar servicio a través de estas aplicaciones.
La tasa Uber
El proyecto del PRO también incorpora un canon a las empresas por el uso de la infraestructura local, denominado Fondo Municipal de Movilidad, equivalente al 1% del valor de cada viaje. Lo recaudado se destinaría a financiar mejoras en el transporte público y la infraestructura vial de la ciudad.
A modo de comparación, en Buenos Aires ese canon es del 2% por viaje, mientras que en Neuquén capital la ordenanza estableció que la empresa deberá aportar alrededor de 15 millones de pesos anuales en concepto de licencia comercial para poder operar.
La posición de los taxistas
Los referentes locales de taxis manifestaron, al inicio de la sesión ordinaria de este martes, su rechazo al proyecto de regulación. Argumentaron que resulta inviable establecer un marco legal para estas plataformas.
“En ningún punto del país se pudo regular y controlar. El caso más cercano es Neuquén, donde no se logra reglamentar. Es imposible la reglamentación y, fundamentalmente, el control”, plantearon.
Desde el sector advirtieron, además, que la iniciativa es percibida como un intento de desplazar a los taxistas. Señalaron que, producto de la crisis económica, la actividad cayó un 50% en la ciudad y que el número de trabajadores se redujo de 150 a apenas 64.
“No es que nosotros nos quejamos, es que esto destruye un sector y no genera nada. Estamos administrando pobreza: hay pocos viajes porque la gente no puede pagar. Nunca va a ser una competencia legal, porque no lo van a poder controlar”, remarcaron.
Frente a esas críticas, el concejal Rodrigo Durán sostuvo que, más allá de la resistencia del sector, la comunidad reginense ve en Uber una alternativa de progreso. “Está claro que los taxistas se oponen, pero la población quiere contar con un servicio de transporte a través de estas plataformas”, afirmó.
En ese sentido, destacó que la discusión excede lo coyuntural: “Creo que es un debate que la política tiene que asumir. Es un debate de futuro, que no se limita al transporte, sino al modo en que las plataformas han irrumpido y avanzan por encima de las decisiones políticas, tanto en las ciudades como en las provincias”.
Allen próxima a cerrar su redacción final
También en Allen se debate la regulación de Uber. El proyecto se encuentra actualmente en tratamiento en comisiones y próximamente hará su debut en el recinto.
La semana pasada, los concejales y el área de Tránsito de la municipalidad presentaron el borrador final del proyecto a los choferes de taxis, y sobre esa iniciativa se discutieron posibles modificaciones, con el objetivo de definir una propuesta definitiva en el corto plazo. La normativa prevé un período de prueba de tres meses, que permitirá evaluar su implementación y realizar los ajustes necesarios.
En paralelo, los detractores de Uber hicieron circular por redes sociales un proyecto de prohibición de plataformas de transporte. La iniciativa propone impedir el funcionamiento de servicios de transporte no habilitados por el municipio, entre ellos Uber. Sin embargo, el texto no ingresó formalmente al Concejo Deliberante.
Desde el bloque de concejales de la UCR, alineados con el intendente Marcelo Román (LLA), expresaron su apoyo a la habilitación de las plataformas en el ejido de Allen. “Los taxistas expresaron su postura negativa, indeclinable a permitir Uber en la ciudad, por considerarlo ‘competencia desleal’ y porque aún no hay regulación. Ellos tributan y Uber no, y justamente eso buscamos regular. Es entendible desde el aspecto económico, ya que la actividad del taxi se ve afectada por la reducción de pasajes. Pero lo que no están viendo es que también mantienen altos costos en el servicio, y por eso la gente deja de usar taxis”, señalaron.
Roca: ¿acciona o no?
Mientras algunas ciudades avanzan en el debate legislativo, otras siguen sin mayores novedades, reflejando la disparidad de criterios dentro de la provincia.
En Roca, la filial local de La Libertad Avanza (LLA) presentó en dos oportunidades la propuesta de desregulación del transporte de pasajeros ante el Concejo Deliberante. Sin embargo, la iniciativa no prosperó en el oficialismo.
Pese a la intensificación de los controles municipales y el secuestro de varios vehículos que circulaban por la ciudad, la intendente María Emilia Soria parece haber flexibilizado su postura en los últimos días. “Bienvenidas las plataformas que quieran operar, pero deben adecuarse a lo que se les exige a los taxistas: licencia profesional, seguro vigente y habilitación municipal”, afirmó en una entrevista con FM Super.
Soria aseguró no estar “en contra de la innovación”, pero enfatizó la necesidad de que “no se vulneren derechos básicos”. A pesar de estas declaraciones, aún no hubo pasos concretos en materia legislativa.
Desde LLA rechazaron las afirmaciones de la jefa comunal y las calificaron de poco fundamentadas: “Los vecinos de General Roca queremos elegir un mejor servicio de transporte a menor precio. La seguridad no la garantiza un permiso municipal firmado por la intendente; solo se consigue con competencia, tecnología y control ciudadano. Las apps de transporte tienen todo lo necesario. Roca no necesita más prohibiciones, necesita libertad. Libertad para trabajar y moverse, sin ser rehenes del Estado municipal”, expresó el referente local Gonzalo Barbero.
Barbero añadió que, según su visión, el verdadero freno a Uber no es la seguridad, sino intereses vinculados al oficialismo local: “Lo que frena Uber en Roca no es la seguridad, son los curros del sorismo. No vamos a permitir que persigan a los que trabajan todos los días”.
El Cipolletti aceleran el proceso
Días atrás, un grupo de taxistas de Cipolletti protestó durante horas en el centro de la ciudad en contra del crecimiento de la apps de transporte. La situación motivó a una reunión con el intendente Rodrigo Buteler.
Desde el municipio confirmaron que hubo un compromiso en lo inmediato de una mayor rigurosidad en los controles a vehículos no habilitados, pero advirtieron que no refleja la postura oficial en torno a las aplicaciones. «Nosotros vamos camino a regular las aplicaciones. Es lo que vengo diciendo hace un tiempo y se los manifesté (a los taxistas). Vamos a presentar un proyecto de ordenanza para regular la actividad y que trabajen todos en igualdad de condiciones», dijo el jefe comunal a LM Cipolletti.
Buteler destacó que «ni este grupo de taxistas que se manifestó, ni otros sectores, se oponen a la llegada de las aplicaciones. Lo que nos piden es que haya regulación y todos cumplan con la misma normativa. Y en eso estamos trabajando».
El objetivo de la comuna es contar con una ordenanza que iguale a taxis y choferes de aplicaciones en el corto plazo. «Lo que resolvimos es acelerar ese proceso», concluyó.
Mientras la discusión sigue en los Concejos Deliberantes y los actores locales mantienen posturas encontradas, los vecinos de Río Negro observan con expectativa cómo se define el futuro del transporte en sus ciudades. La provincia enfrenta así un momento decisivo: avanzar hacia la modernización y la libertad de elección, o mantener un esquema tradicional que podría dejarla rezagada frente a otras regiones que ya adoptaron cambios similares. La decisión final marcará no solo el rumbo del sistema de transporte, sino también la capacidad de Río Negro para adaptarse a un mundo en transformación.
