El gobierno municipal de Roca esquivó bastante el debate público sobre Uber. Que era un tema del Concejo Deliberante, que eran pocos autos como para darle entidad al tema, etcétera, etcétera. Las excusas se fueron reescribiendo hasta que no hubo más opción y el Poder Ejecutivo tuvo que decir algo.
“Dicho servicio no cuenta con habilitación municipal. Utilizar un servicio de este tipo implica un riesgo para los usuarios ya que al no estar habilitado, el vehículo no realiza los controles de seguridad reglamentarios”, fue lo primero que se le ocurrió a las autoridades de la segunda ciudad más poblada de Río Negro.
Esas palabras, puestas en un comunicado oficial este lunes, no parecen ser ninguna revelación. Difícilmente quienes ofrecen y quienes utilizan esos autos para transportarse no sepan que se están moviendo dentro de un escenario irregular.
El punto central es que no les importa. O mejor dicho, esa distancia con la letra de las ordenanzas no es una prioridad para ellos. Que sea más barato y más ágil es lo principal para que ese juego de oferta y demanda funcione.
Y no es algo que sucede en Roca y todavía debe estudiarse para evaluar el impacto. Ocurre desde hace mucho tiempo a nivel mundial y en decenas de ciudades de la Argentina, entre ellas Neuquén, donde también hubo una fuerte resistencia inicial. Entonces, ¿por qué acá debería intentarse un exitoso remo estatal contra la corriente?
Uber y la doble vara municipal
Pero no sólo existe una evidencia cercana sobre la imposibilidad de frenar los cambios impulsados por la tecnología para el sistema de transporte. También hay que tomar en cuenta desde qué lugar y con qué fuerza puede plantarse un municipio como el de Roca para oponerse a esta nueva forma de ofrecer y contratar viajes.
Esta corriente política y familiar que gobierna la ciudad desde el 2003 es la misma que pocos años atrás abrió de par en par las puertas a las ferias de frutas y verduras, instaladas no sólo en espacios públicos sino también en predios cedidos por el Estado.
Un grupo de comerciantes (pequeño por cierto, seguramente por el temor que significa protestar contra un gobierno popular), con sus verdulerías en locales alquilados y sobre los cuales pesaban todas las cargas impositivas nacionales, provinciales y municipales, advirtió en esos años que ese escenario era lisa y llanamente una competencia desleal con aval del Estado.
No fueron escuchados. Por el contrario, las autoridades locales participaron en más de un acto, aplaudiendo las bondades de la economía popular, del asociativismo y de la soberanía alimentaria.
¿Con qué autoridad se presenta ahora ese mismo municipio, a decirles a los dueños de vehículos que pretenden sumarse al sistema Uber que con ellos “no se garantiza la calidad del servicio ni las condiciones adecuadas para el traslado de personas”.
¿No es posible abrir el diálogo?
La primera reacción pública del gobierno roquense no muestra más que una postura de ocasión, a la luz de una realidad que se les vino encima y a la que nadie supo anticiparse.
Al fin y al cabo, Uber y las otras empresas que desarrollaron plataformas digitales para traslados no forman parte de un mundo oscuro y misterioso.
Sus referentes en Argentina están a la vista y seguramente son de fácil acceso para una autoridad municipal dispuesta a encontrar un punto intermedio entre los derechos de los actuales taxistas, los que quieren trabajar en el rubro y los usuarios. Ni más, ni menos que lo hecho ya por otros intendentes y funcionarios del país, que abrieron el diálogo y se permitieron evaluar el funcionamiento del sistema en sus ciudades.
Mantenerse en esa posición rígida, de supuesto guardián de la ley, no hará del municipio otra cosa que un testigo del crecimiento del mercado informal del transporte, corriendo siempre desde atrás a la realidad.
