El conflicto por las casas del plan de House Vial, reactivado esta semana por los cruces entre el IPPV y vecinos de Roca, abre puertas para una mirada más allá de la coyuntura.
Una política habitacional sin coherencia y la falta de rigurosidad en la administración de los recursos del Estado aparecen como problema de fondo en Río Negro. Desde ahí debe partirse para entender esta insólita disputa para definir si cada una de esas 87 viviendas deben pagarse 21 millones o 655.000 pesos.
Y poco bueno saldrá si esta discusión pública no se plantea con más sinceridad desde todas las partes involucradas.
La “voluntad de pago”
Las 76 familias (87% del barrio) que presentaron una nota rechazando la “super-oferta” del IPPV -que bajó el precio de las casas de 55 a 31 millones y luego hizo otra quita, dejándolas en 21 millones- afirman públicamente que tienen “voluntad de pago”.
Sin embargo, esa postura y la aclaración de que nunca hablaron de cifras concretas, no es suficiente para ocultar que están avanzando para aprovechar sin atenuantes los puntos débiles del Gobierno provincial.
¿Qué otra cosa es, si no, exigir el mismo trato que sus vecinos de las 73 Viviendas, que habitan unidades de iguales características y que gozan de un acuerdo que les permitió pagar sus casas en cuotas fijas de 1.821,33 pesos mensuales?
No hay sentido común en ese camino. Una cuota por una vivienda social no puede costar lo mismo que una tableta de chocolates o menos que dos litros de nafta.
Legitimidad y legalidad
Ahora bien, la falta de legitimidad no significa ausencia de legalidad para ese reclamo. Y las familias que debatieron acaloradamente esta semana con el titular del IPPV, Mariano Lavín, bien lo saben.
El funcionario dijo públicamente que si acepta 655.000 pesos por cada vivienda del plan de House Vial tiene que “ir preso”, por el incumplimiento al deber que tiene de proteger al Estado.
Lógica reacción, pero de corto alcance, porque desde las 87 Viviendas ya lo “corren”, pidiéndole que explique por qué un gobierno del mismo signo político que el actual -con el mismo gobernador- accedió en 2014, cuando el país ya navegaba las aguas agitadas de la inflación, a que las 73 Viviendas vecinas se cancelaran en 360 cuotas fijas sin interés.
¿Cuánto valen las casas de House Vial?
La liviandad con la que se movieron las cifras alrededor del plan de viviendas también es asombrosa.
¿Cómo se hizo para valuarlas en 55 millones primero, pasar luego a 31 millones y finalmente disponer de una quita de 10 millones, para convertir todo en una “súper-oferta” de 21 millones, imposible de rechazar?
Aparece ahí la Resolución 804/25 del IPPV, firmada el 18 de junio pasado, es decir la semana previa a la reunión con los vecinos.
Ese texto contiene cuadros que detallan que los 55 millones representan el valor actual, si quisiera construirse hoy una casa de esas características. En tanto, los 31 millones corresponden al valor real, con la depreciación por el paso del tiempo y porque las casas se ocuparon sin estar terminadas y los vecinos tuvieron que invertir dinero para acondicionarlas.
Una mirada benévola, por cierto, porque eso ocurrió a partir de una usurpación, aunque también debe recordarse que todos los protagonistas de ese episodio del 2012 fueron sobreseídos por la Justicia.
¿Y el salto de 31 a 21 millones?
Esa es la parte más controvertida de la resolución del IPPV, porque se alude a un informe del subsecretario de Programación y Ejecución de Obras del organismo, “que ha tenido especialmente en cuenta la imposibilidad de este este Instituto pudiera responder a las reparaciones correspondientes y que generan una depreciación en el valor de la vivienda de hasta un 30% de acuerdo al criterio sostenido por la intervención”.
El documento oficial no aclara cuáles fueron esas “reparaciones” que no se pudieron hacer y no despeja tampoco otra pregunta central: ¿las 87 casas necesitaban arreglos por un equivalente al 30% del valor de la unidad?
Antes que una conclusión técnica, lo expresado parece un argumento formal puesto a disposición de una decisión política, para bajar el precio y ponerle un punto final a la historia.
Ocurre que estamos hablando de 870 millones de pesos borrados de un plumazo de esa eventual expectativa de ingresos por parte del Estado. Un volumen de recursos que seguramente merecía algo más que un párrafo como explicación.
El IPPV, House Vial la espada y la pared
La encerrona para el IPPV es evidente. De un lado le muestran la foto de Weretilneck aceptando en 2014 que un barrio se pague a 1.800 pesos mensuales, sumando un antecedente a la larga lista de planes con cuotas irrisorias, que impiden un recupero real para financiar la construcción de más viviendas.
Del otro lado, la decisión de resignar livianamente 870 millones por esa rebaja repentina deja al organismo en jaque ante los contribuyentes del Estado, que no reciben el mismo trato amable cuando se facturan sus impuestos.
Por eso, nada indica que el conflicto de House Vial esté cerca del epílogo. Por el contrario, la sensación es que aquella trama que empezó con promesas, estafas, denuncias y usurpaciones seguirá su camino errante, porque la falla de origen -la falta de una política habitacional seria y sólida- es insalvable.
