La Legislatura de Río Negro volvió al recinto este jueves 30 para celebrar la primera sesión ordinaria del año tras la apertura formal del período. El temario está atravesado por iniciativas del Gobierno, en línea con la dinámica que viene teniendo la agenda parlamentaria, donde el acuerdo por el desarrollo de GNL y la reforma de la Ley de Farmacias se perfilan como los ejes centrales del debate.
A estos proyectos se suma un conjunto de iniciativas que ya cuentan con dictamen favorable en comisiones. A continuación, un repaso por los principales temas de la sesión.
Un nuevo acuerdo por el GNL
La convocatoria a la sesión de esta semana coincidió con la firma del convenio con las compañías energéticas, realizada en Buenos Aires a mediados de mes. El tratamiento legislativo aparece así como una continuidad de una dinámica que ya se vio con iniciativas vinculadas a VMOS y Argentina LNG, donde los proyectos ingresan al recinto poco después de cerrados los acuerdos y bajo un clima de discusión marcado por las condiciones de negociación.
Si bien el proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión, se prevé que los bloques de la oposición —en particular Vamos con Todos y Partido Justicialista–Nuevo Encuentro— vuelvan a plantear reparos. Un antecedente cercano fue la última sesión extraordinaria, en la que la iniciativa de GNL impulsada por YPF generó cuestionamientos en torno a los términos económicos acordados entre la Provincia y la empresa.
En cuanto al contenido, el convenio establece un aporte comunitario por única vez de 36 millones de dólares, destinado a áreas como seguridad, salud e infraestructura. A esto se suman 55 millones de dólares distribuidos a lo largo de 20 años en concepto de canon, regalías y tasas de fiscalización y control ambiental.
El esquema incorpora además un aporte anual contingente, atado al precio internacional del GNL, lo que abre la posibilidad de mayores ingresos para la Provincia según la evolución del mercado.
Desregulación de farmacias
Otro de los ejes de la sesión esta puesto en la reforma de la Ley de Farmacias, que ya cuenta con dictamen favorable por mayoría, aunque quedó abierta a eventuales cambios en dos aspectos centrales: la regulación de distancias entre establecimientos y la composición de las sociedades propietarias.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo como parte de un proceso de desregulación, propone actualizar un marco normativo vigente desde 2009. Según el Gobierno, el objetivo es adecuar la ley a los avances tecnológicos y a las nuevas demandas del sistema sanitario.
La propuesta generó cuestionamientos del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, cuyas autoridades participaron activamente en la comisión que lo trató. La principal preocupación está vinculada a una eventual flexibilización en las condiciones de instalación, lo que —advierten— podría afectar la calidad del servicio y la cobertura territorial. “La desregulación de ubicaciones desprotege a la población. Puede concentrar farmacias en centros urbanos, pero no garantiza presencia en barrios o localidades más alejadas”, señaló días atrás la presidenta de la entidad, Alejandra Fanloo.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reforma apunta a ampliar el acceso y corregir desequilibrios del esquema actual. El legislador Facundo López (JSRN) afirmó que la normativa vigente no logró una distribución equitativa. “En ciudades como Viedma, la mayoría de las farmacias sigue concentrada en zonas céntricas, a pesar de la regulación de distancias”, indicó.
Salud digital y ley laboral
Entre los proyectos del Ejecutivo también figura la Ley de Salud Digital, que ya obtuvo dictamen favorable. La propuesta busca organizar y regular de manera integral las prestaciones sanitarias a través de herramientas tecnológicas, con un enfoque en el uso seguro y eficiente de los sistemas digitales.
El objetivo es avanzar hacia un esquema centralizado que mejore el acceso a la información sanitaria y promueva una mayor participación de las personas en el cuidado de su salud.
En la misma sesión se tratará una reforma de la ley de control, conciliación y arbitraje laboral, orientada a modernizar los mecanismos de fiscalización de la Secretaría de Trabajo. Entre los cambios se incluyen la incorporación de herramientas digitales, la habilitación de autoinspecciones y la posibilidad de realizar controles sobre modalidades como el teletrabajo o el empleo en plataformas.
Según el Gobierno, la actualización de la Ley Nº 5255 busca adecuar las funciones del organismo a las transformaciones del mercado laboral, en un contexto marcado por el crecimiento del trabajo no registrado y las nuevas formas de empleo.
Nueva designación
Vale mencionar que al inicio de la sesión se dará tratamiento de la designación propuesta por el gobernador Alberto Weretilneck de Néstor Pérez como superintendente general del Departamento Provincial de Aguas (DPA), en reemplazo de Gastón Renda.
Según se informó, este cambio responde a una reorganización de la estructura estatal vinculada a la gestión del agua, al disponer la separación funcional entre el DPA y Generación y Riego SAU (GyRSAU). El primero tendrá como eje el diseño y la ejecución de la política hídrica provincial, mientras que GyRSAU —que será presidida por Renda— profundizará su perfil como empresa de servicios vinculada a riego, saneamiento y desarrollo productivo.
Otras propuestas en la agenda de la Legislatura
También se incorporará al temario un proyecto del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que propone la creación de un juzgado con competencia en materia de familia en San Antonio Oeste. La iniciativa plantea desdoblar las funciones del Juzgado N° 9 y reorganizar su estructura en unidades con jurisdicciones diferenciadas. En ese esquema, el juzgado actual pasaría a concentrarse exclusivamente en materias Civil, Comercial y de Minería, mientras que el nuevo organismo atendería los casos de familia. Entre los fundamentos se menciona la necesidad de mejorar el acceso a la justicia y dar respuesta a una demanda sostenida en la zona.
En la sesión se analizará, además, el proyecto de ley 1448/2025, presentado por los bloques Vamos con Todos y Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, que propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes de servicios públicos básicos como el gas natural, la energía eléctrica y el agua en todo el territorio provincial. Esta propuesta presentada en noviembre tiene como finalidad garantizar la continuidad de las prestaciones, evitando su interrupción por falta de pago en contextos de vulnerabilidad económica.
En tanto, se debatirá la propuesta de Martina Lacour (PRO), que busca declarar sitio histórico provincial al paraje Pilcaniyeu Viejo, así como monumentos históricos provinciales a edificios emblemáticos ubicados en el predio del Centro Educativo Rural del lugar.
Por último, un plenario de comisiones debatió esta semana el proyecto que regula el uso de armas no letales por parte de la Policía para la prevención de delitos. La propuesta de Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) establece un protocolo para la utilización de distintos dispositivos, entre ellos los de incapacitación neuromuscular —como las pistolas tipo Taser—, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado y otros elementos de disuasión.
El enfoque, según se detalla en el texto, es dotar a las fuerzas de herramientas intermedias que permitan intervenir con menor riesgo de producir lesiones graves o letales en el espacio público.
