La Legislatura de Río Negro constituyó este martes la Comisión de Sala Acusadora, el organismo encargado de analizar los pedidos de juicio político hacia funcionarios de la Administración Pública. Se trata de un paso importante tras la presentación de la madre de Gabriel Mandagaray, el oficial de la Policía fallecido durante una capacitación del COER, quien acusa a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por “mal desempeño” y “abuso de autoridad” en el tratamiento de la causa penal.
Los integrantes de Sala Acusadora
La convocatoria a la reunión de comisión fue realizada ayer por el presidente de la Legislatura, Pedro Pessatti, quien había dado curso administrativo al proceso apenas ingresó, tal como lo establecen la Constitución provincial y el reglamento interno del Parlamento.
Durante el encuentro de esta mañana se resolvió que la presidencia del organismo quedará a cargo del legislador cipoleño Lucas Pica (JSRN). La comisión se completa con Silvia Morales (JSRN) como vicepresidenta y Ariel Bernatene (UCR) como secretario. También la integran Facundo López (JSRN) y Gabriela Picotti (PRO).
Un paso clave
Pica explicó que, una vez ingresada la denuncia, el primer paso previsto es citar de manera fehaciente al denunciante, quien dispone de un plazo formal para ratificar los hechos expuestos. Esa confirmación, subrayó, será determinante para que el cuerpo pueda avanzar con la investigación de los magistrados.
“Si el denunciante no ratifica la denuncia, no tiene objeto seguir adelante, porque no tendríamos un expediente para tratar. En cambio, si hay ratificación, comenzaremos a trabajar inmediatamente”, señaló.
En caso de que la madre de Mandagaray ratifique la acusación, la comisión solicitará los expedientes y la documentación que sustenten los hechos, y contará con un plazo de 40 días para emitir dictamen. Pica destacó, además, que el cuerpo posee amplias facultades de investigación, lo que incluye requerir informes, tomar testimoniales y realizar declaraciones cuando lo considere necesario.
El legislador anticipó que este jueves comenzarán las gestiones para citar formalmente a la denunciante con el fin de que reafirme su incriminación. Para ello se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley de Juicio Político: telegrama o carta documento remitida por la Secretaría Parlamentaria. La mujer tendrá cinco días hábiles para responder.
“Nos parece importante que estos temas se trabajen de cara a la sociedad. Cualquier legislador o interesado podrá asistir a las reuniones, aunque las decisiones serán tomadas únicamente por quienes integran la comisión”, afirmó.
La denuncia al STJ
Literal pudo saber de fuentes oficiales que el escrito recibido en la Legislatura por parte de la denunciante no precisa los nombres de los denunciados. No obstante, funcionarios consultados indicaron que Cecilia Criado, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian son los acusados. Se trata de los jueces que firmaron el fallo más reciente en el marco de esa causa.
También trascendió que el documento está redactado directamente por la madre, sin intervención de abogados patrocinantes.
En su presentación, Elsa Adriana Fabi sostuvo que los magistrados incurrieron en “mal desempeño” y “abuso de autoridad” en el tratamiento de la causa penal vinculada a la muerte de su hijo. Recordó que la investigación y el juicio oral culminaron en condenas durante 2023, confirmadas en revisión, pero señaló que “a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario”, denunciando que el máximo tribunal provincial anuló resoluciones previas y devolvió reiteradamente el expediente. Según afirmó, esas decisiones “han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad”.
Fabi indicó que las pruebas aportadas durante el proceso acreditaron una “muerte en custodia” y remarcó que su hijo asistió a la capacitación por orden institucional y no de manera voluntaria. Sostuvo además que la familia “se siente provocada e insultada” y que, a su criterio, los jueces cuestionados “no están a la altura de las circunstancias”.
Solicitó que se garantice “la transparencia y el cumplimiento de la ley” y que, eventualmente, se adopten las medidas disciplinarias previstas por la normativa vigente.
Más de cuatro años sin justicia
Gabriel Mandagaray murió el 15 de abril 2021, durante un ejercicio de ingreso al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, en la zona de playa Bahía Creek.
Basada en la autopsia, su deceso se produjo tras permanecer bajo el agua, pero también se detectaron hemorragias en la cabeza compatibles con un fuerte golpe durante el entrenamiento.
La investigación reveló que Mandagaray participaba de un curso de ingreso en el COER, de la fuerza provincial, bajo la supervisión de un grupo de instructores que organizaban pruebas de aptitud física y práctica de rescate acuático. Testigos del curso declararon que Mandagaray había expresado no saber nadar, pero igualmente lo sometieron a un ejercicio en el mar supervisado por los instructores.
Durante el proceso judicial, un jurado popular consideró que la muerte del oficial fue producto de negligencia y abuso de autoridad por parte de sus supervisores. En julio de 2023 condenaron a cuatro miembros de la Policía de Río Negro —el coordinador del curso, dos instructores y un tercero— por los delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad. Las penas oscilaron entre 4 años y 3 meses y 4 años y 10 meses de prisión, con inhabilitación para ejercer funciones policiales.
Sin embargo, el expediente atravesó desde entonces diferentes instancias de revisión, siendo el fallo de octubre pasado la tercera vez que el STJ lo devuelve al Tribunal de Impugnación. Ese episodio generó la reacción de la madre del joven, que finalmente denunció a los integrantes del máximo tribunal provincial.
