La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el convenio entre la Provincia y Oldelval por el proyecto del oleoducto Duplicar Norte. El debate en el recinto volvió a incluir, por parte de dirigentes de la oposición, cuestionamientos sobre los mecanismos de control de los fondos y sobre la capacidad de negociación del Gobierno en proyectos considerados estratégicos.
El detalle de los tramos a intervenir
En el inicio del tratamiento, el oficialismo ponderó el impacto del acuerdo, a partir del cual unos $7.000 millones (U$S 4,6 millones) correspondientes al aporte de desarrollo territorial serán destinados al mantenimiento de las rutas 22 y 151.
En ese sentido, la miembro informante del proyecto, Lorena Yensen (JSRN), detalló cada una de las intervenciones previstas y los montos asignados para cada tramo.
Se trabajará, en primer lugar, sobre el tramo de la Ruta 22 en la zona del puente de Río Colorado, con una extensión aproximada de 108 kilómetros y un presupuesto de $1.600 millones. Las tareas incluirán fresado, colocación de carpeta asfáltica, bacheo, reparación de banquinas y terraplenes, además de trabajos de señalización y cartelería.
También se prevé mejorar la traza entre la rotonda de Choele Choel y Chichinales. Se trata de unos 114 kilómetros, para los que se presupuestaron $3.360 millones.
Otro de los sectores incluidos es el tramo comprendido entre la rotonda de la Ruta 22 y avenida Roca, en Roca, hasta la zona del puente 83, en Cipolletti. Son aproximadamente 50 kilómetros, con una inversión prevista de $2.391 millones.
Por último, la intervención sobre la Ruta 151 abarcará desde Catriel, a la altura del yacimiento Medanito, hasta el límite con La Pampa. El tramo alcanza unos 41 kilómetros y cuenta con un presupuesto de $3.106 millones.
En total, la Provincia estima atender unos 313 kilómetros de rutas nacionales, con un presupuesto total de $10.718 millones. De ese monto, $7.000 millones serán financiados con los fondos aportados por Oldelval, mientras que la diferencia será absorbida por el Tesoro Provincial.
“No es una responsabilidad de la provincia, pero asumimos el compromiso”, sostuvo Yensen durante el debate.
A su turno, Carlos Valeri (JSRN) planteó los plazos estimados para el inicio de los procesos administrativos. Según explicó, los fondos comenzarán a recibirse a partir del 3 de noviembre y, desde entonces, se espera avanzar con las intervenciones, que deberían estar finalizadas en un plazo estimado de 60 días.
Advertencia por «falta de transparencia»
El bloque Cambia Río Negro se mostró particularmente crítico con el acuerdo, aunque manifestó su acompañamiento a las mejoras sobre los corredores viales.
Patricia McKidd, presidenta del bloque aún no reconocido, sostuvo que el acuerdo es posible a partir del RIGI, una herramienta que su espacio defendió, aunque marcó distancia con los acuerdos cerrados por la Provincia. “Defender el RIGI no es avalar cualquier mecanismo provincial”, afirmó.
Desde el tortorielismo cuestionaron lo que consideraron una falta de transparencia o discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. En particular, señalaron dudas sobre las referencias a “ampliaciones de obra” y plantearon reparos respecto del tratamiento contable de la tasa de fiscalización y control ambiental.
“La tasa no ingresa a la cuenta del Tesoro, tampoco es transferida a la Secretaría de Energía y Ambiente, sino que va a EDHIPSA. Esto genera una triangulación que debe ser transparentada y explicitada. La constitución de esta cuenta paralela hace que estos fondos no puedan ser controlados por el Tribunal de Cuentas y la Legislatura”, cuestionó McKidd.
El rechazo del peronismo
Por su parte, Leandro García, de PJ-Nuevo Encuentro, manifestó su rechazo a la iniciativa oficialista y explicó los motivos por los que no acompañó la ratificación del convenio. A su entender, el acuerdo delega una cantidad significativa de facultades y competencias, en detrimento de la capacidad regulatoria del Estado.
“Otra vez vuelve a aparecer la teoría del derrame. Es una discusión conceptual, pero crecimiento no es desarrollo y que lleguen las inversiones no se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida. Para eso tiene que intervenir el Estado. Ahí está la discusión central que tenemos que darnos entre todos”, argumentó.
García también cuestionó el monto negociado en el acuerdo y lo contrastó con los niveles de facturación que tendrá la empresa. “Con medio día de facturación se paga la tasa anual ambiental; con nueve días se pagan los US$4,6 millones del aporte único. Es una economía de enclave lo que nos están proponiendo. Tenemos que salir de la resignación”, sostuvo.
La iniciativa recibió críticas del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), quien también reparó en los montos acordados con Oldelval: “Cada vez negocian peor. Cada vez es menos plata por estos proyectos”, mencionó.
El ronquense anticipó que no acompañaría la iniciativa porque, a su entender, implica destinar recursos al mantenimiento de las rutas mientras el hospital de Roca permanece en “condiciones paupérrimas”. “No veo la necesidad. La primera obligación de la provincia es salud, educación y seguridad, y luego hacerse cargo de las rutas”, sostuvo.
En ese sentido, vinculó su postura con los anuncios realizados por el oficialismo sobre la construcción de un nuevo centro médico para la ciudad, que por el momento no se concretaron. “Mientras no me digan la fecha del hospital, no voy a aprobar más un acuerdo de un oleoducto”, afirmó.
Diferencias internas
El legislador José Luis Berros, en cambio, se despegó de la postura adoptada por el resto de sus pares peronistas y decidió votar a favor del convenio, aunque marcó diferencias con la negociación realizada por el Gobierno. “Se podría haber efectuado de otra manera, pero entendemos que es importante que logremos gestionar recursos para algo tan fundamental para quienes somos del Alto Valle. Por eso acompañamos la cesión de las rutas al Estado provincial”, sostuvo.
Berros reconoció que los fondos previstos no serán suficientes para resolver el deterioro de los corredores viales de la región, aunque los consideró un punto de partida. “Por lo menos es un paso”, planteó. En ese sentido, vinculó su respaldo con la demanda de las comunidades del Alto Valle por mejoras en las rutas, un reclamo que, según precisó, muchas veces termina trasladándose a los municipios.
Puntos de mejora
A su turno, el legislador Javier Acevedo (CC-ARI) respaldó la propuesta del Ejecutivo, aunque reparó algunos aspectos que, a su entender, deberían mejorarse en la documentación incorporada al expediente.
“Vamos a exigir cuestiones importantes: la trazabilidad de los fondos por tramo, cómo se contratan las obras, cómo se va a coordinar con Vialidad Nacional para que no se superpongan los trabajos. Creemos que le falta una documentación más completa; que se incorporen al expediente los anexos técnicos, la memoria descriptiva y el estado de adhesión al RIGI”, señaló.
El rol del sector privado
En tanto, el bloque del PRO defendió el contexto de inversiones que atraviesa la región. El legislador Juan Martin (PRO) destacó las condiciones económicas actuales que, a su parecer, favorecen la llegada de capital privado, y las vinculó con políticas iniciadas durante la presidencia de Mauricio Macri y continuadas durante la gestión de Javier Milei.
“Para nosotros es destacable, no que el Estado haga una inversión, sino que el Estado genere las condiciones para que otros inviertan”, afirmó, en contraposición con una concepción de “Estado presente”.
Para el legislador roquense, el monto destinado a las rutas puede resultar insuficiente frente a las necesidades acumuladas y al costo de la obra pública, pero también debe analizarse a la luz de las consecuencias que atribuyó a años de falta de inversión vial. “Han muerto más de 200 personas, entonces pareciera que la política reacciona tarde y nada parece suficiente para reparar tanto atraso y dolor”, sostuvo.
Martin también respondió a los cuestionamientos sobre las condiciones de la negociación entre la Provincia y Oldelval y marcó una diferencia de enfoque: “Nosotros preferimos pensar cuánto pierde Río Negro si no genera las condiciones para las inversiones. Cada barrera que ponemos tiene un costo que finalmente pagan los rionegrinos”, afirmó.
En la votación, el convenio reunió finalmente 37 votos positivos. Más allá de las diferencias sobre el alcance de la negociación, el destino y control de los recursos y el rol del Estado frente a las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, las distintas bancadas coincidieron en la urgente necesidad de mejorar el estado de las rutas 22 y 151.
