Con el aval de la Legislatura al convenio para el traspaso de las rutas nacionales y al crédito de 60 millones de dólares de Fonplata, Río Negro avanzó en la gestión del financiamiento internacional con el que busca recuperar la red vial. Este lunes, una misión técnica del organismo llegó a la provincia y comenzó, junto con equipos provinciales, un relevamiento de las rutas 22 y 151 para determinar su estado y las intervenciones necesarias.
Recorrida en marcha
La comitiva técnica que recorre la región se encuentra integrada por integrantes de Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución de Financiamiento Externo (Upcefe) y especialistas de Fonplata.
En conjunto, recorren distintos tramos del Alto Valle y Valle Medio para evaluar el estado de las calzadas y su nivel de deterioro, información que permitirá definir las intervenciones necesarias en cada sector. Esta primera etapa incluye trabajos de campo, elaboración de informes técnicos y reuniones de evaluación entre los organismos involucrados.


El objetivo es identificar los puntos que requieren atención prioritaria y definir cómo serán las obras necesarias para mejorar progresivamente las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, tanto para los usuarios particulares como para el transporte de cargas, la actividad turística y los sectores productivos e hidrocarburíferos.
De acuerdo a lo informado por la Provincia, el miércoles tendrá lugar la reunión central de trabajo de la comisión, en la que se analizarán los datos recolectados anteriormente por Vialidad Rionegrina y se definirán aspectos técnicos de la operación de préstamo.
La mejor alternativa, según Weretilneck
El financiamiento de Flonplata fue, precisamente, uno de los puntos más discutidos durante el tratamiento legislativo del jueves. Varios bloques opositores cuestionaron que el convenio de traspaso se haya aprobado sin un acuerdo sobre la transferencia de la recaudación del impuesto a los combustibles, cuyos fondos continuarán siendo percibidos por la Nación y destinados a otros fines.
Frente a esas críticas, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo ante Literal que el crédito de 60 millones de dólares constituye la alternativa disponible para afrontar en el corto plazo las obras que requiere la red vial. Según explicó, los recursos propios de la provincia no permitirían ejecutar con la celeridad necesaria las intervenciones previstas.
“Los ingresos que tiene la provincia hoy no pueden hacer frente a una inversión de estas características. Por lo tanto, sería imposible hacer el nivel de obra y lo rápido que hay que hacer las obras”, señaló. En ese sentido, diferenció las inversiones que pueden sostenerse a través de los presupuestos anuales de las tareas de recuperación de las rutas, que demandan una ejecución más inmediata.

Weretilneck también planteó que, una vez completada la recuperación de los corredores, podría avanzarse hacia un esquema de concesión público-privada con peaje, cuyos ingresos contribuyan al financiamiento del mantenimiento y de nuevas obras. “No hay por qué todos los rionegrinos pagar por rutas que no usan”, sostuvo, aunque aclaró que esa alternativa quedaría para una etapa posterior, cuando el sistema vial se encuentre recuperado.
El gobernador también marcó una diferencia con el esquema aplicado en Neuquén, donde se alcanzaron acuerdos con empresas vinculadas a Vaca Muerta para destinar parte de las regalías al sostenimiento de los corredores viales. En Río Negro, señaló, los ingresos provenientes de las regalías hidrocarburíferas son sensiblemente menores.
La negativa de un bloque peronista
El único bloque que votó en contra de la ley de convenio fue el PJ-Nuevo Encuentro. Su rechazo estuvo centrado en que la provincia asuma la responsabilidad sobre las rutas sin contar, según su planteo, con los recursos necesarios para garantizar su mantenimiento. Desde ese espacio calificaron la decisión como “una estafa”.
Weretilneck respondió que el oficialismo sostiene una posición diferente y defendió el traspaso de los corredores como una forma de asumir la responsabilidad sobre su operación y mantenimiento. En ese sentido, volvió a cuestionar el papel que tuvieron los distintos gobiernos nacionales en el sostenimiento de la red vial de la provincia y consideró que el acuerdo representa la alternativa más viable dentro de las posibilidades actuales de Río Negro.

