El gobierno de Río Negro proyecta una temporada frutícola relativamente “normal”, aunque atravesada por mermas significativas en algunos cultivos clave. Según las estimaciones oficiales, la producción de peras podría registrar una caída de hasta el 15%, mientras que en manzanas el retroceso rondaría el 35%. A este escenario se suma el fuerte impacto sufrido por la cosecha de cerezas en 2025, particularmente afectada por factores climáticos y agronómicos.
El panorama en el arranque de la cosecha
En diálogo con Literal, el secretario de Fruticultura de la provincia, Facundo Fernández, detalló la situación del sector tras las inclemencias registradas en los últimos meses y la declaración de emergencia agropecuaria para los departamentos General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy, dispuesta mediante decreto por el gobernador Alberto Weretilneck.
“La fruta de carozo está con un volumen casi normal. En peras hay entre un 10 y un 15% menos de Williams, pero con buen calibre, a pesar del menor volumen. Ya comenzaron varios productores con la cosecha y el fuerte arranca el lunes próximo. Se está viendo mucha gente llegar a trabajar, por lo que esperamos una cosecha de peras normal”, explicó el funcionario sobre el principal producto de exportación del complejo frutícola rionegrino.
El panorama es más complejo en el caso de las manzanas. Fernández estimó una merma de entre el 35 y el 40%, con un impacto mayor en la variedad roja. “El 85% de la manzana roja que producimos se consume en el mercado interno, por lo que esa falta de fruta se va a notar hacia septiembre u octubre, cuando aumenta el consumo con la llegada del calor. Se va a notar”, advirtió.
Pese a la magnitud de las pérdidas, desde el Gobierno provincial destacan que el daño no haya sido mayor, considerando las dos heladas tardías que marcaron la primavera y los dos episodios de granizo focalizado que afectaron severamente sectores del Alto Valle oeste y Valle Medio. Los relevamientos realizados para la declaración de la emergencia estimaron que unas 2.500 hectáreas y 478 productores resultaron perjudicados, principalmente por el cono de granizo.
En el Valle Medio, el escenario fue especialmente adverso para la producción de cerezas, cuya cosecha finalizó unos 15 días antes de lo previsto. “Antes del granizo de diciembre ya teníamos una merma de entre el 35 y el 40%, vinculada a cuestiones agronómicas: una primavera fría y ventosa que afectó la polinización. Según los agrónomos, el trabajo de la abeja no fue óptimo”, explicó Fernández.
A ese contexto se sumó una helada a principios de septiembre, que pudo haber generado estrés en las plantas. Además, el funcionario recordó que el sector venía de dos cosechas récord. “En este tipo de frutales, cuando se registra un año de altísimo volumen, es habitual que al siguiente se produzca menos. Es un factor que también incide”, concluyó.
Los problemas estructurales
Sin considerar el caso particular de la cereza rionegrina, el buen tamaño de la fruta de pepita y carozo, junto con una favorable receptividad de los mercados internacionales, permite anticipar que la temporada frutícola seguirá un curso relativamente habitual. Aunque los resultados finales de la exportación recién se conocerán una vez superado el primer trimestre —y aun más adelante—, el sector continúa condicionado por la presión impositiva.
“El problema de la exportación no está en los volúmenes, sino en la carga impositiva y en un tipo de cambio anclado. Con esa combinación, por más que haya un mercado receptivo, la rentabilidad no va a ser buena”, explicó el secretario. En ese sentido, detalló que los costos asociados a impuestos, cargas sociales, combustibles y conservación terminan erosionando los márgenes del productor. “La energía frigorífica, por ejemplo, paga un 27% de IVA. Hay muchos factores indirectos que se llevan parte de lo que podría ser rentabilidad”, sostuvo.
A este escenario se suma la falta de actualización del tipo de cambio frente al aumento sostenido de los costos. “El dólar está estancado respecto de cómo crecen los costos. La fruticultura no está atravesando una situación de gran rentabilidad, aun siendo muy eficiente. Los mercados están normales, pero la actividad tiene cada vez menos margen”, afirmó.
El diálogo con Nación
Las conversaciones con el Gobierno nacional —responsable de la macroeconomía— se vienen desarrollando desde hace varios meses. No obstante, pese a que desde Nación reconocen el diagnóstico, hasta el momento no se han traducido en medidas concretas que alivien la situación del sector.
“Lo entienden, los números no dejan lugar a discusión. Pero los tiempos que necesitamos las economías regionales para que esto se reactive son mucho más rápidos que los que se está tomando el Gobierno nacional para actuar y resolverlo. Eso es lo que vemos hoy”, agregó Fernández.
En el último encuentro, uno de los ejes centrales fue la necesidad de garantizar acceso al financiamiento para ampliar la superficie cubierta con malla antigranizo, considerada la principal barrera frente a las inclemencias climáticas. Desde la Provincia plantearon que se trata de una herramienta que debe transformarse en una política de Estado nacional, ya que los costos por metro cuadrado igualan o incluso superan el valor de mercado de la tierra productiva.
“En el resto del mundo, producir dependiendo del clima pasó a ser un asunto de Estado. Nosotros necesitamos malla antigranizo con créditos a 10 años, al 3% en dólares. Eso es lo que puede asegurar que el productor la pueda pagar y que, aun con granizo, conserve su producción de calidad”, remarcó.
Además, el funcionario reiteró otros reclamos históricos del sector: la restitución de reembolsos por exportar a través de puertos patagónicos, incentivos específicos para las economías regionales, una reducción del IVA en la energía y líneas de crédito acordes a los tiempos de retorno de la actividad. “De la mano de cierta estabilidad macroeconómica y de la reducción de la inflación, esperamos volver a tener créditos para la producción que sean dignos del retorno que la fruticultura necesita. Para invertir en fruticultura se requieren, como mínimo, ocho años antes de empezar a pagar”, insistió.
Estos planteos, junto con la cuestión fiscal, volverán a ser expuestos en el próximo encuentro con funcionarios de la Secretaría de Agricultura de la Nación, previsto para el próximo martes 20, en el marco del Consejo Federal del Senasa.
