El empleo estatal en Río Negro creció un 132% en los últimos 26 años. Pasó de una planta de 26.554 agentes a comienzos de los 2000 a 61.673 cargos proyectados para 2026 (sin considerar los puestos retenidos). El dato surge del análisis de los presupuestos provinciales que realizó Literal con el objetivo de contrastar uno de los ejes discursivos más reiterados —y controvertidos— de los gobiernos rionegrinos de las últimas décadas: la promesa de eficiencia, racionalización del gasto y achicamiento del Estado.
Con esta evolución como telón de fondo, en esta nota nos enfocaremos en las estadísticas del empleo público y en la brecha entre los discursos de los distintos gobernadores y la realidad de su gestión.
El cambio de signo político
Pasaron 14 años desde que Carlos Soria —quien gobernó Río Negro apenas 21 días— asumió el poder. El cierre de casi tres décadas de administraciones radicales había dejado como saldo una estructura estatal sobredimensionada, con un crecimiento significativo del sector público. El exintendente de Roca, referente del peronismo provincial, tenía ese diagnóstico claro incluso antes de llegar a Casa de Gobierno.
De hecho, el tema ocupó un lugar central en su discurso de asunción. Allí, Soria prometió reducir en un 30% la planta política y apuntó sin matices contra la figura del “ñoqui”, a la que definió como una forma de “empleo fácil”, orientada —según sus propias palabras— a la incorporación de punteros políticos dentro del Estado.
Los números oficiales respaldaban aquel planteo. Tan solo la administración central y los organismos descentralizados pasaron de poco más de 24.600 agentes a comienzos del milenio, durante la gobernación de Pablo Verani, a 42.500 agentes a finales de 2011.
Ese crecimiento, registrado a lo largo de los últimos 12 años del radicalismo, representó una suba del 72,76% en la planta del Poder Ejecutivo. Se trata de una expansión considerable, que no volvió a encontrar parangón en administraciones posteriores, pese a que la cantidad de agentes continuó creciendo de manera sostenida.
La era de Juntos Somos Río Negro
Soria tuvo poco tiempo para avanzar en su promesa de achicar el Estado, pero fue su sucesor, Alberto Weretilneck, quien retomó parcialmente esa impronta discursiva durante su primer mandato. En la apertura de sesiones de 2014, el gobernador anunció una reducción del 50% de la planta política y una baja del 15% en los haberes de esos cargos.
“Estas medidas tienen como finalidad iniciar un proceso de reducción del gasto y de ordenamiento de las cuentas públicas provinciales, a partir de las dificultades con las que cerramos el año y de las previsiones necesarias para que el presupuesto pueda cumplirse como los rionegrinos lo necesitan y lo merecen”, sostenía Weretilneck aquel 1ero de marzo en la Legislatura. Esa línea, con matices, volvería a aparecer en etapas posteriores.
Sin embargo, en lo que respecta al personal no jerárquico Juntos Somos Río Negro no ejecutó las mismas directrices. De hecho, desde el Gobierno reconocen, al día de hoy, que ”nunca hemos echado un personal que no sea de manera justificada”.
Los datos son fáciles de corroborar en el balance de los primeros años del partido provincial en el poder, que arrojó un crecimiento sostenido, aunque con algunos frenos hacia el final de la década. Weretilneck recibió una administración pública (todos los poderes del Estado) con cerca de 48 mil agentes y la llevó a unos 63.200 en 2018. No obstante, el Presupuesto de 2019 marcó una baja relevante en el último año de su segundo mandato, cuando el número total de agentes descendió a 58.633.
Dos visiones diferentes
El discurso de achicamiento tampoco formó parte de la agenda de Arabela Carreras. Durante su gobernación se registraron, de hecho, los picos más altos de contratación estatal.
En 2022, el Estado rionegrino alcanzó la cifra récord de 68.865 agentes entre planta permanente, cargos superiores y personal temporario. De ese total, unas 62 mil personas se desempeñaban exclusivamente en el Poder Ejecutivo y en los organismos descentralizados.
Fueron los años donde los pases a planta reinaron y se repetían las fotografías de Carreras con la conducción de ATE. Este acercamiento fue duramente cuestionado por Weretilneck desde su banca en el Senado, donde impulsó —desde lo discursivo— una rediscusión del vínculo entre el Estado y sus trabajadores, bajo el precepto de ”eficiencia”.
“La gran mayoría tiene estabilidad, pero también está claro que el Estado y los contribuyentes no pueden pagar más empleados. El gasto salarial representa el 66% del presupuesto, mientras que solo el 24% de los ingresos son propios de la Provincia. La ecuación es peligrosa: un gasto casi inviable y baja autonomía. Por eso hay que optimizar el gasto. El salario es un punto central, especialmente en ausentismo, licencias y guardias. Todo debe ser revisado. No hay control y la eficiencia del personal no está en la agenda”, advertía por aquel entonces.
El retorno de Weretilneck
Ya durante su tercer mandato, en Ejecutivo provincial viró la discusión hacia una revisión del ausentismo y una eficientización del trabajo estatal. En términos numéricos, se pasó de contar con unos 66.300 agentes en 2023 a un piso cercano a los 61.400 en 2025.
Pero, pese a esos esfuerzos de la primera etapa de gestión, las proyecciones indican una leve suba del 6,84% de la planta estatal hacia 2026, si se consideran también los cargos retenidos. Al observar los datos del Ejecutivo, la “ley de leyes” del próximo ejercicio prevé una base de 54.990 agentes en la administración central y los organismos descentralizados, unos 400 más que lo proyectado inicialmente para 2025.
Sin embargo, la comparación entre los presupuestos 2025 y 2026 muestra que la mayor variación se produce en los cargos superiores, en línea con la revisión del equipo de trabajo que el Gobierno anticipa para encarar la etapa final de su gestión. Desde el oficialismo explicaron que, para este cálculo, se incorporaron los comisionados de fomento y los consejeros escolares, mientras que los integrantes del Ejecutivo se mantuvieron sin alteraciones. En concreto, los puestos jerárquicos pasarán de 471 a 652.
También se registra una suba en el personal de planta permanente de los organismos descentralizados, que en el último año pasó de 29.858 a 31.303 agentes.
El impacto en las erogaciones
Al analizar la incidencia de la masa salarial dentro del gasto público, también se evidencian cambios significativos a lo largo del tiempo. En 2003, por ejemplo, los sueldos de la administración pública representaban casi el 40% del total de los gastos provinciales. Sobre un presupuesto de $974.803.124, la partida destinada a personal ascendía a $388.201.836.
Hacia el final de la etapa de gobiernos radicales y el inicio de la gestión de Alberto Weretilneck, ese peso aumentó en 10 puntos. En 2012, con un presupuesto cercano a los $8.000 millones, se habían asignado alrededor de $4.000 millones al pago de salarios, lo que elevó la masa salarial al 50% de las erogaciones totales.
Durante la gestión de Arabela Carreras, y pese al incremento en la cantidad de agentes estatales, la participación de la masa salarial se mantuvo en niveles similares, aunque con una leve tendencia al alza. En los dos últimos años de su gestión, la injerencia de los sueldos en las erogaciones se ubicó en torno al 52%.
Las proyecciones para el año entrante profundizan esa tendencia. Para el ejercicio 2026 se estima una masa salarial de $1,79 billones, lo que representa aproximadamente el 54,15% de un presupuesto total de $3,31 billones.
La variable demográfica
El crecimiento de la planta estatal en Río Negro podría explicarse, en parte, por el incremento de la demanda poblacional, que exige garantizar la provisión de servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Así lo explicitó el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en el recinto: “Nosotros el ajuste nunca lo hemos hecho con los empleados públicos. Si me reclaman más escuelas o más hospitales, obviamente va a haber más personal”, señaló.
Sin embargo, el incremento del 132% de la planta estatal en 26 años resulta significativamente superior al crecimiento de la población rionegrina en el mismo período. Según datos oficiales del Indec, el Censo 2001 registró 552.822 habitantes, mientras que el Censo 2022 contabilizó 750.768 personas en la provincia.
De este modo, el crecimiento poblacional durante el primer cuarto del siglo fue de casi el 36%, muy por debajo de la expansión del empleo público.
El caso del Legislativo
En la Legislatura, la evolución del personal muestra una dinámica relativamente estable durante la última década, aunque los registros históricos evidencian un crecimiento marcado si se observa el largo plazo. Para dimensionarlo, a comienzos de los 2000 la planta total rondaba las 264 personas, mientras que en la actualidad el número asciende a unas 1.081.
El incremento fue sostenido hasta el final del gobierno de Miguel Saiz, cuando se registró un pico de 959 agentes en 2011. En sintonía con el discurso de Carlos Soria, la dotación cayó de manera abrupta en 2012, hasta alcanzar un piso de 688 personas. En los hechos, fueron los contratos temporarios del Poder Legislativo los que registraron la mayor caída durante ese año.
“Los contratados que son necesarios, cumplen una función y trabajan, se van a mantener. Los que son ñoquis y vagos se van. Son muchísimos más de lo que la gente imagina. El empleado público, después de cuatro o cinco años, no es radical ni peronista ni comunista ni liberal”, señalaba por entonces el gobernador Soria.
Sin embargo, el plantel volvió a crecer durante las administraciones de Juntos Somos Río Negro. La cantidad de contratos temporarios pasó de alrededor de 200 a unos 550, una cifra que se mantiene relativamente estable desde hace una década. Las principales fluctuaciones se observan, en cambio, en el número de agentes de planta permanente y en los cargos superiores, que varían de un año a otro según el presupuesto y la estructura política de cada período.
